El caso del general Salvador Cienfuegos aprehendido en Los Ángeles, California, por delitos relacionados con el narcotráfico, no ha sido el único en el que las agencias de Estados Unidos evitan compartir información con México.
Desde hace ocho años, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) investiga si en la liberación de Rafael Caro Quintero hubo corrupción, siguiendo la pista a los tres magistrados que en el 2013 decidieron abrir las rejas a uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, a amigos y familiares del capo, así como empresarios vinculados al expresidente Peña Nieto.
El narcotraficante sinaloense recobró su libertad luego de 28 años, gracias a un amparo concedido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco firmado por la magistrada Rosalía Moreno, Lucio Lira Martínez y José Félix Dávalos, quienes consideraron que Caro Quintero debió ser juzgado en el fuero local por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena y no en el federal, como sucedió.
Esta acción prendió alarmas en la DEA, donde abrieron una investigación sobre el amparo otorgado al “capo de capos” para lo que solicitaron el apoyo de otras agencias.
Una de las vertientes fue indagar las transacciones bancarias de 49 personas entre las que estaban familiares, posibles prestanombres y abogados que han trabajado en algún momento para Caro Quintero. En este grupo también incluyeron a los tres magistrados mexicanos.
En el reporte de actividades sospechosas (SAR´s por sus siglas en inglés) número 31000037133314, la Financial Crimes Enforcement (FINcen) –una oficina del Departamento del Tesoro dedicada a rastrear crímenes financieros– afirmó: “es muy probable que haya habido corrupción”.
Esta advertencia surgió luego de cotejar los nombres de 49 personas señaladas por la DEA con transacciones reportadas por el Deutsche Bank Trust Company Americas.
En ese mismo documento precisaron que 19 personas de las 49 investigadas, entre las que estaba Rosalía Moreno la magistrada autora del proyecto de amparo en favor de Caro Quintero, tuvieron movimientos bancarios de dudosos orígenes y destinos por montos que fueron desde cantidades menores de 20 dólares, hasta 39 millones 961,546 dólares, entre el 1 de enero del 2010 y el 17 de octubre del 2013; es decir, dos meses después de que Caro Quintero abandonara la cárcel.
En el documento, se revela que las transacciones pasaron por 24 cuentas abiertas en 15 países. México fue donde se efectuaron la mayor parte de ellas: 113 en el grupo financiero Monex y una en Banorte.
El documento del SARs citado en este reporte, fue compartido por BuzzFeed como parte de un proyecto periodístico coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
La salida del ‘capo de capos’
La madrugada del 8 de agosto del año 2013, Caro Quintero salió caminando y libre de cargos del Penal Estatal de Jalisco, luego de 28 años de estar encarcelado. Lo esperaba una solitaria camioneta negra. A sus espaldas dejó la prisión donde controlaba todo: visitas, venta de droga y alcohol, cuotas para vigilancia, renta de celdas y la distribución de cigarros, según relatan dos fuentes consultadas.
Caro Quintero llegó a ese penal preventivo el 1 de junio del 2010 gracias a un amparo conseguido por sus abogados, tras permanecer 25 años en cárceles de máxima seguridad; primero en el Altiplano (antes Almoloya) y después en La Palma, purgando penas por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Un día antes de su salida –el 7 de agosto del 2013– el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco amparó al capo sinaloense. La magistrada Rosalía Moreno redactó el proyecto en el cual consideraba que, a Caro Quintero, debieron juzgarlo en el fuero local por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena y no en el federal como realmente sucedió. Este análisis fue apoyado por sus colegas Lucio Lira Martínez y José Félix Dávalos.
El asesinato de ‘Kiki’ Cámarena, como era conocido el agente estadounidense, era la única acusación pendiente contra el capo, pues ya había cumplido las sentencias por delitos contra la salud.
En las oficinas del gobierno de Jalisco sabían que Caro Quintero cruzaría la puerta principal del penal. “Al parecer existía una resolución de un tribunal federal y como es un poder distinto al Ejecutivo, pues solamente estar atentos”, declaró a medios locales el entonces gobernador priista, Aristóteles Sandoval.
Cuando salió de prisión, a Caro Quintero no le esperaban escoltas. Nada impidió que el narcotraficante que entre 1970 y 1984 operó sin ser detenido, ni siquiera llamado a cuentas por algún ministerio público, recobrara su libertad. El fundador del Cártel de Guadalajara junto con sus amigos y, sobre todo socios: Ernesto Fonseca Carrillo, ‘Don Neto’ –tío de Amado Carrillo Fuentes– y Miguel Ángel Félix Gallardo crearon una organización capaz sembrar 100 hectáreas con mariguana en el rancho “El Búfalo” donde trabajaron alrededor de 5,000 personas.
“Las autoridades del reclusorio revisaron sin haber encontrado una solicitud de extradición contra Rafael Caro Quintero”, dijo Marisela Gómez en rueda de prensa. Estados Unidos no solicitó a México que el capo fuera trasladado a su territorio. De hecho, los abogados defensores tramitaron un amparo buscador –como se llama en la jerga judicial– para valorar si alguna corte o agencia estadounidense reclamaba a su cliente, pero no había nada, según consta en el expediente de amparo 180/2011, al cual se tuvo acceso.
“La Fiscalía de Reinserción Social se comunicó a la delegación de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Central a efecto de que se informara si existía alguna orden de aprehensión. Las respuestas, en ambas instancias fue en el sentido de que no había causa pendiente”, afirmó Marisela Gómez, quien el día de la liberación pasó la mayor parte del tiempo en la oficina del entonces secretario de gobierno jalisciense, Arturo Zamora.
De acuerdo con dos fuentes consultadas, las autoridades locales temían alguna venganza contra Caro Quintero. El fundador del cartel de Guadalajara, quien envió cientos de toneladas de mariguana a Estados Unidos sobornando a militares, policías municipales, estatales y federales, de acuerdo con testimonios de extrabajadores, incluidos en el amparo referido
Los capos del Cártel de Guadalajara se pusieron en riesgo a sí mismos el 8 de febrero de 1985, cuando asesinaron Enrique Camarena, el agente de la DEA con base en México y a Alfredo Zavala, un piloto de la desaparecida Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, quien informaba de los plantíos de mariguana descubiertos en sus vuelos de trabajo.
Camarena y Salazar fueron asesinados aquel día en la casa marcada con el número 881 de la calle Lope de Vega, fraccionamiento Jardines del Bosque. Caro Quintero y Ernesto Fonseca querían vengarse porque ellos informaron a Estados Unidos sobre la existencia del rancho en Chihuahua llamado “El Búfalo” donde llegaron a producir entre cuatro y cinco toneladas diarias de mariguana, de acuerdo con los testimonios de otros integrantes de esa organizaciónplasmados en el amparo citado.
La casa de la magistrada
La magistrada Rosalía Moreno Ruiz y su esposo Alfredo Rivas Tamayo, ambos mencionados en el SARs con actividades bancarias sospechosas, compraron una propiedad de 636.86 metros cuadrados, ubicada en la carretera a Nogales 32 en el Fraccionamiento Rancho Contento, en Zapopan.
La adquisición se concretó el 6 de febrero de 2015, según consta en expedientes del Registro Público de la Propiedad (RPP).
Constructora y Promotora Marba SA de CV representada por su apoderado general Jorge Antonio Barragán Lara vendió la propiedad a la magistrada en 4 millones 50 mil pesos. El pago se hizo con dos cheques del banco HSBC México.
El primero de ellos fue expedido el 19 de diciembre del 2014 por 50,000 pesos y el segundo (número 9284863) por 4 millones de pesos entregado el 5 de febrero del 2015. Un año y medio atrás el fundador del Cártel de Guadalajara quedó en libertad.
Según el Manual que Regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 el sueldo de un magistrado de circuito es de 150 mil pesos mensuales.
Es decir, que Rosalía Moreno no debió gastar un peso durante dos años y medio de su sueldo para pagar en una sola exhibición las propiedades.
La oficina de prensa del Consejo de la Judicatura Federal informó que la magistrada nunca fue objeto de alguna sanción por posibles anomalías en sus propiedades. Por separado, en respuesta a una solicitud de acceso a la información, el mismo CJF rechazó que los magistrados que liberaron a Caro Quintero hayan sido investigados a lo largo de su carrera.
Las actividades financieras de los bancos y cuentas que investigó la Financial Crimes Enforcement también pasaron en alguna de sus etapas –ya sea como origen, intermediarios o destino– por 24 empresas y 11 personas.
Las autoridades estadounidenses han seguido adelante en sus indagatorias. El 12 de abril del 2018, la DEA, el FBI y el Departamento de Estado anunciaron una recompensa de 20 millones de dólares a quien diera información sobre Caro Quintero, una de las recompensas más altas en los últimos tiempos, de acuerdo con periodistas estadounidenses.
De acuerdo con la sentencia, era legal que Caro Quintero sí fuera juzgado en el fuero federal, toda vez que Enrique Camarena, estaba acreditado como un agente de la DEA a cargo de una misión diplomática en el consulado de Guadalajara.
Caro Quintero se ha convertido en uno de los 10 personajes más buscados por la DEA porque hasta el 2017 seguía enviado drogas hacia Estados Unidos, así que en caso de ser detenido sería juzgado por una corte en Nueva York.Se trata de la misma ciudad en la que están bajo juicio el exjefe policiaco Genaro García Luna y, recientemente el ex jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos.
En México, la entonces PGR –ahora Fiscalía General de la República– solicitó ante la Suprema Corte de Justicia una revisión del amparo que liberó a Caro Quintero. Los ministros de la Primera Sala consideraron que los magistrados encargados del caso no debieron conceder el amparo.
Fuente: Expansión Política
