Miles de personas se manifestaron este sábado en las principales ciudades de Francia para protestar contra la nueva Ley de Seguridad Global que prepara el Gobierno.
Las movilizaciones se han registrados en París, Marsella, Lille, Rennes o Montpellier.
El viernes fue aprobado parcialmente el proyecto de ley, que en su Artículo 24 incluye sanciones por difundir imágenes de las fuerzas de seguridad.
La medida ha sido severamente criticada por asociaciones periodísticas y de la sociedad civil, a las que se han sumado los principales partidos y sindicatos de izquierda para secundar las manifestaciones (Partido Comunista de Francia, Frente Obrero, Nuevo Partido Anticapitalista). La semana próxima se votará la aprobación definitiva de la medida.
Durante las marchas se han mostrado pancartas con lemas como “Orwell tenía razón”, “Bajen las armas, nosotros bajaremos nuestros teléfonos”, “Una cámara jamás ha matado a nadie” o “Seguridad global, impunidad total”.
El ministro del Interior, Gerald Darmanin, y los sindicatos policiales han argumentado que la iniciativa busca “proteger a quienes protegen”, pero la contestación comenzó el pasado martes y desde entonces han sido detenidos varios periodistas.
En concreto, la norma prevé penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa por la publicación de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad con el fin de dañar el bienestar físico o mental de los agentes.
Igualmente polémico es el artículo que autoriza a las fuerzas de seguridad a llevar su arma reglamentaria incluso cuando no estén de servicio si se encuentran en un edificio público, un cambio que responde a atentados como el de la sala de conciertos Bataclan de noviembre de 2015, en el que murieron 90 personas, incluidos tres policías que no pudieron intervenir.
El primer ministro Jean Castex dijo que esto “eliminaría cualquier ambigüedad sobre la intención de garantizar el respeto de las libertades públicas y al mismo tiempo proteger mejor a policías y gendarmes, que garantizan la protección de la población”.
Los medios franceses también están preocupados por posibles abusos de derechos a través del uso de drones para ver manifestaciones y programas de reconocimiento facial vinculados a cámaras de vigilancia.
En un editorial, Le Monde, mientras tanto, dijo que el proyecto de ley corre el riesgo de “envenenar aún más” la relación entre los ciudadanos y la policía. L’Humanité dijo que fue un “asesinato autoritario y por la libertad”.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha realizado una intervención extraordinaria para criticar los “innumerables problemas” del proyecto de ley y ha pedido a los políticos franceses que no lo apoyen.
