En “Una novela criminal” (que es un trabajo de no ficción de Jorge Volpi sobre el caso Florence Cassez) hay un momento en el que Agustín Acosta, abogado de la joven francesa va a consultar a Claudio Grossman, destacado académico para preguntarle su opinión sobre qué será mejor: apostar porque el caso de Florence, sentenciada por secuestro, se dirima en la última instancia mexicana, la Suprema Corte de Justicia de México o bien apostar por llevarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Está en la página 365. Grossman le pregunta a Acosta:
“-¿Por qué la Suprema Corte admitió el recurso?
“-Porque don Juan Silva Meza, su presidente es una persona íntegra.
“-No me haga a mi explicarle cómo funciona la justicia mexicana”, lo contradice Grossman. “Lo admitió porque tiene una agenda política… de modo que, si tienen abierto el camino de la justicia mexicana, síganlo. Será más efectivo que la Comisión”.
Recordé ese diálogo revelador a raíz de toda la discusión posterior que se ha dado por el fallo, la semana pasada, de esta pregunta rarísima y confusa que la Suprema Corte le arregló al presidente, modificando su proyecto original que estaba teledirigido a expresidentes de la República.
Es una pregunta que no le gustó nada a los juristas y constitucionalistas, a una enorme parte del llamado “círculo rojo” que criticaron la decisión de la Corte que en los hechos quedó mal con todos: con el presidente, con quienes querían ver los nombres de los expresidentes ahí y también con quienes querían que no hubiera consulta y punto.
No sé que piense usted, lo cierto es que también hay que tomar en cuenta la circunstancia en que todo esto se dio. Cualquier decisión humana, y los y las ministras lo son, no dejan de serlo por usar toga.
Creo que prevaleció, en gran parte, el miedo.
No es solo por el presidente (que cada día me recuerda más a la temible Reina de Corazones de “Alicia en el país de las maravillas”, aquella que cualquiera que osaba contradecirla aunque su pedido fuera el más extravagante, como pintar rosas blancas con pintura roja, lo mandaba a que le cortaran la cabeza).
Me parece creer que Zaldívar leyó el momento y sopesó. Decir “no” equivalía a enfrentarse con el presidente pero no sólo con él, sino por la mucha gente que –en un ánimo de buscar alguien que pague todo lo que vivimos- quiere que se juzgue a un pez gordo y si es expresidente, mejor. Dos millones de personas finalmente firmaron por hacer una consulta popular para juzgarlos a ellos, los malos del cuento de la 4T. La polarización que vivimos no es menor en ambos lados (y peor con personas como Francisco Martín Moreno que llama a quemar vivos a los morenistas en el Zócalo, algo que me parece inaudito y condenable).
Lo escribió el mismo en sus Líneas Generales de Trabajo 2019.2022: “El principal desafío del próximo Presidente de la SCJN y del CJF será el de llevar a cabo la defensa de la independencia judicial sin entrar en una confrontación entre poderes o un choque de trenes”.
Ahora, tampoco dudo que podría haber habido presiones adicionales (tampoco me constan ni sé de una en este caso, como sí en otros de sexenios, también documentados por ejemplo en el libro de Volpi, por cierto) pero bastaba escuchar la mañanera, que más que un evento comunicativo es un ejercicio de poder en vivo.
Saber que, además, está en el Senado una iniciativa para reformar el Poder Judicial. Una iniciativa hecha por el propio Poder Judicial pero que podría modificarse en el Legislativo que tiene mayoría de Morena. Y el empeño que en este cambio institucional ha puesto la presidencia de Zaldívar.
Otro factor a tomar en cuenta: el “efecto Eduardo Medina Mora”, un ministro que renunció por “causas de fuerza mayor” que no hemos sabido a la fecha. En lo personal jamás estuve de acuerdo que fuera ministro y lo escribí en su tiempo, pero el precedente de que se fuera como se fue es grave.
Arturo Zaldívar aún conserva una buena relación con el presidente… pero también sabe que debe cuidarla porque todo podría cambiar de un momento a otro. Lo hemos visto. Él tomo la decisión de tragar este sapo y seguir. Ya sabremos en unos años si fue la mejor decisión.
López Obrador es, en algunos sentidos, con todo su grandísimo poder , un presidente contra las cuerdas de la realidad.
El 2019 y ya no digamos el 2020 no era como lo esperaba él (¡ni nadie! sobre todo este horrible 2020). Ha enfrentado una multitud de contratiempos que no tenía previstos para su sexenio laaaaargamente pensado durante tres campañas electorales.
Sólo piense en la pandemia y la forma en que ya nos afecta y nos seguirá afectando, entre otros factores. Y por lo que hemos visto cuando algo le sale mal no acepta errores, no cambia de rumbo y, al menos hasta ahora, siempre busca a alguien del a quien culpar de lo que pasa…
Quedó una pregunta que, como bien escribió Claudia Ramos, ningún editor hubiera dejado pasar. Si uno la lee con detenimiento, es hasta aspiracional cuasi irrealizable –y ya nos dijeron que no es vinculante porque la justicia no se consulta.
No se sienta mal si tiene que leerla varias veces. La primera reacción de casi todos es: “¿Me la puede repetir, por favor?”. La pregunta es ésta:
“¿Estás de acuerdo o no, en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Recuerdo un tuit genial de María Amparo Casar. Si nos explican las decisiones políticas de TODOS los servidores públicos en TODOS los años pasados (incluyendo 2019) para garantizar la justicia y derechos de TODAS posibles víctimas es una fregonería.
¡WOW! La pregunta es si queremos el “proceso de esclarecimiento de las decisiones tomadas” ¿TODAS? “en los años pasados” ¿TODOS? “por los actores políticos” ¿TODOS? “encaminado a garantizar la justicia y los derechos” ¿TODOS? “de las posibles víctimas” ¿TODAS? ¡Ya la hicimos!
— Ma. Amparo Casar (@amparocasar) October 2, 2020
Sí valdría, entonces, los 8 mil millones de pesos que costará.
Pero, ya en serio, ¿Cómo se va a operar en realidad el sí a algo tan abierto? ¿Cuáles serán las “acciones pertinentes”? Quién sabe. Serán las que el presidente quiera, seguramente. ¿Podrán grupos de víctimas –que en nuestro país son grupos enormes- apropiarse de la pregunta y lograr al menos visibilidad para sus casos olvidados?
Ojalá.
Datos trasbambalinas
Algunos datos de la sesión que no vimos de ese día de la SCJN, cuando se fueron a receso y de ahí emergieron poco tiempo después con la pregunta. Fue una reunión, me cuentan, bastante caótica.
Los dos ministros que votaron para lograr la mayoría de 8 para que la pregunta fuera constitucionalizada fueron Fernando Franco y Jorge Mario Pardo.
A pesar de la que la pregunta salió rápido, fue discutida con base a 4 ideas de diferentes ministros, muy diferentes. Basadas, incluso, en diferentes cosas: responsabilidades administrativas, amnistía, por ejemplo.
La que prevaleció es la que ya llevaba redactada el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Zaldívar no llevaba, increíblemente, una propuesta de pregunta aunque sabía que tendría la mayoría.
