La pandemia y los recursos destinados a los programas de salud, desarrollo social y económico en Sonora

Cuarta y última parte
La agencia calificadora internacional Moody’s resalta que la situación en el estado es sumamente delicada, ya que sigue enfrentando problemas de liquidez y tiene que pagar, de acuerdo con la ley, la deuda de corto plazo tres meses antes de terminar el sexenio.
En la entrega anterior señalábamos que el Gobierno del estado modificó el gasto público para dirigirlo, primero, a dotar al Sector Salud de los insumos que se requieren para atender esta coyuntura; elaboró diversos programas para atender a la población más vulnerable, “garantizando” el acceso a la alimentación y la salud.
También planteamos que el Gobierno se otorgó una ampliación de mil 458 mdp sobre el presupuesto original de 70 mil 379 mdp, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: en gasto corriente la cantidad de 416 mdp; gasto de capital 274 mdp; amortización de la deuda por 888 millones y una reducción, aunque parezca increíble, de 120 mdp en lo que corresponde a pensiones y jubilaciones.
Una de las interrogantes que se plantea la sociedad es la siguiente: ¿Hacia dónde se destinaron los recursos?
La Secretaría de Salud solicitó 700 mdp, de los cuales 600 millones van para el servicio de salud, 80 mdp para la compra de ventiladores y, el resto, 20 millones, para el Isssteson. Hasta la presentación del presente informe se habían liberado 500 mdp. En apoyos sociales y subsidios se destinaron casi 171 mdp que se distribuyeron de la siguiente manera: en despensas -DIF y Sedeson- 55 mdp; en apoyo de organismos municipales, la nada despreciable cifra de 57 mdp -hasta el momento se han liberado 20 mdp-, y para el Fondo de Modernización del Transporte (Femot) 58 mdp.
Para el programa de microcréditos se solicitaron 100 mdp y se liberó la misma cantidad. El Sector Educativo, con el programa Regreso a Clases, solicitó 50 mdp y se liberó el mismo monto. Seguridad Pública solicitó 28 mdp, de los cuales 22 millones van para seguridad y el resto para el Centro de Control-3.
En esta última entrega se analizará cómo se modificó el gasto público y su poco efecto en las políticas sociales. También, la contradictoria ampliación del gasto cuando se está en un proceso de ahorro de las dependencias y, finalmente, se presentará un breve análisis del padrón de beneficiarios de los programas sociales en estos meses azotados por la pandemia.
Ahorro de las dependencias
Para enfrentar la pandemia, el estado realizó un “ajuste” que se tradujo en obtener recursos presupuestales para destinarse a la atención de la contingencia sanitaria por un monto de 743 mdp -mediante el ajuste-, además de 490 mdp -mediante deuda-, logrando un monto de mil 233 mdp.
En lo relativo a los 743 mdp se presenta un cuadro que muestra el monto del ajuste por dependencia. La Secretaría de Hacienda (SH) es la de mayor ajuste con 151 mdp, le sigue la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) con 145 millones, en tercera posición se encuentra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesson) con 17 mdp y le siguen el resto de las dependencias con un ahorro de 388 mdp.
La pregunta que se deriva es la siguiente: ¿Por qué se realizó un ajuste de mayor impacto en la SEC, que es una de las dependencias más significativas para los sonorenses? La interrogante se mantiene: ¿Por qué no se realizó un ajuste de mayor impacto en la Secretaría de Economía (SE), la Consejería Jurídica, la Técnica, de Atención Ciudadana, la Secretaría de Gobierno, que tienen mayor presupuesto ? Por otra parte, este ajuste resulta ridículo e insignificante ante los 71 mmdp que gastará el Gobierno en este 2020.
El siguiente rubro donde se realizaron los ajustes son los organismos, por un monto de 355 mdp. Los más afectados por dicho ajuste fueron los Servicios Educativos del Estado de Sonora con 63 mdp, el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) con 31 mdp, el Instituto de Becas con 58 mdp, la Comisión del Deporte del Estado con 27 mdp, la Comisión de Vivienda con 23 mdp, entre otros.
Llama la atención, nuevamente, que los ajustes se dieron básicamente entre la cultura, deporte y educación, rubros que, al parecer, poco o nada le interesan a esta administración. Curiosamente el ajuste no llega a los organismos privilegiados, como serían Femot, Comisión de Fomento al Turismo, Comisión Estatal del Agua, entre otras dependencias.
Así, de los ajustes a las dependencias y a los organismos se obtiene el monto de 743 mdp. El resto, los 430 mdp, es por deuda adquirida con los acreedores. En realidad el ajuste no cumplió con las expectativas, ya que solo representó, aproximadamente, el 1% del Presupuesto de Egresos del 2020 y se afectaron recursos importantes para la sociedad en el rubro cultural, del deporte, así como del sistema educativo. Hay que recordar que la diputada Ernestina Castro Valenzuela, de Morena, realizó una propuesta más acabada en la que se pretendía hacer un ajuste por mil 400 mdp, el 2% del presupuesto, afectando solamente dependencias y organismos no prioritarios, sin recurrir a los acreedores para lograr el monto señalado.
Un punto contradictorio en relación a los ajustes es que el Gobierno se otorgó una ampliación presupuestal de mil 458 mdp, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: en gasto corriente se asignaron 416 mdp; gasto de capital 274 mdp; amortización de la deuda por 888 millones y una reducción, aunque parezca increíble, de 120 mdp en lo que corresponde a pensiones y jubilaciones.
Es contradictorio porque se hace un pequeño ajuste de los recursos públicos para enfrentar la pandemia y, por otro lado, se amplían recursos para el gasto corriente y el pago de la deuda. En este último punto es importante señalar que la agencia calificadora internacional Moody’s resalta que la situación en Sonora es sumamente delicada, ya que sigue enfrentando problemas de liquidez y tiene que pagar, de acuerdo con la ley, la deuda de corto plazo tres meses antes de terminar el sexenio.
Padrón de beneficiarios de los programas sociales
En el segundo informe trimestral 2020 de la Secretaría de Hacienda del Estado, tomo del Ejecutivo, aparece un listado de beneficiarios de los diferentes programas implementados por el Gobierno estatal, en el cual no se aclara si son los programas con recursos del presupuesto 2020 o de los destinados a la pandemia.
En el primer rubro aparecen los comisarios públicos ciudadanos con un monto pagado de 4 mil pesos al mes y se pagaron los meses comprendidos entre abril y junio. Posteriormente aparece una lista donde se dan subsidios a la inversión y la producción, en la que sobresale el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Sonora con un subsidio a la producción de poco más de 55 mdp.
Posteriormente aparece una lista donde falta el concepto, el programa, pero sí aparece el tipo de ayuda social con el nombre del beneficiario y el monto de apoyo, que oscila entre 3 mil y cuatro mil pesos, pagos que se realizaron de enero a mayo del presente año a casi 15 mil beneficiarios. En este listado aparece la institución Cruz Gálvez con un apoyo económico de 600 mdp. Continúa con becas de capacitación, programa de apoyo al empleo, por 6 mil 200 a 13 mil 200 pesos mensuales para alrededor de 100 personas beneficiadas.
El listado continúa con el concepto de ayuda social a personas en apoyos de salud y funerarios que oscilan entre 2 mil y 4 mil pesos para 50 personas. Le sigue una lista de apoyos sociales -asistenciales- para no más de 100 beneficiarios que oscilan entre los 300 y 2 mil 899 pesos. Esta lista de beneficiarios, proporcionada por la SH, no refleja el monto asignado a dependencias como Sedesson, DIF, microcréditos de la SE, el programa Regreso a Clases, Femot, Seguridad pública y la consentida Secretaría de Salud.
Del resultado de estas cuatro entregas podemos concluir que no solo es necesario, sino urgente, que el Gobierno del estado sea más transparente en la información de los recursos utilizados para enfrentar la pandemia. La sociedad necesita saber con precisión el destino que le asignó a cada dependencia para la aplicación de los programas con el fin de enfrentar al coronavirus. Esta solicitud incluye transparentar el padrón de usuarios por municipios y los montos asignados.
Finalmente, es importante resaltar que la transparencia de los recursos utilizados por los entes del Gobierno no impide de ninguna manera que se puedan presentar desvíos de recursos financieros, sobreprecios de productos, faltantes, quebrantos financieros y daños patrimoniales, afectando con ello a los sectores más vulnerables de la población. Otra asignatura pendiente del Gobierno actual: transparentar montos de recursos, destinos de los recursos así como el padrón de beneficiarios.
 * Docente-Investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y Presidente del Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora.