La tentación autoritaria palpita en una y otra trinchera. Si los actores políticos deciden guiarse bajo la máxima de “el fin justifica los medios”, los ciudadanos perderemos en 2021
Exactamente dentro de 270 días se llevarán a cabo las elecciones federales y locales del 2021.
Las llamadas “elecciones intermedias” del sexenio de Andrés Manuel López Obrador serán decisivas para el futuro del país.
En ellas se sabrá si el presidente, su partido y su coalición legislativa y electoral consolidan el proyecto con el que se hicieron del poder en 2018, o si reciben el castigo de las urnas.
Este lunes, 7 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral dio el banderazo de salida a todas las actividades preparatorias de los comicios, a los que Lorenzo Córdova ha caracterizado como “los más grandes y complejos de la historia”.
Las cifras confirman la magnitud de la cita electoral: se prevé que la Lista Nominal de electores ronde las 95 millones de personas. Eso implica instalar más de 164 mil casillas en todo el territorio nacional, con más de un millón de ciudadanos que serán reclutados y capacitados para fungir como funcionarios de casilla el 6 de junio de 2021.
Las y los mexicanos podremos votar para elegir una nueva Cámara de Diputados para la 65 Legislatura, que acompañará a AMLO en la segunda mitad del sexenio. Por primera vez, tendremos la opción de reelegir a nuestros representantes en la Cámara baja, y tendremos la posibilidad de elegir un Congreso con una mayoría afín al presidente (como el que tenemos actualmente, electo en 2018), o respaldar a partidos de oposición que harían un contrapeso al Ejecutivo.
También se votará para renovar 15 gubernaturas (casi la mitad del territorio nacional); de las cuales, 8 están actualmente en manos del PRI: Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas; 4 en poder del PAN: Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro; una en poder de Morena: Baja California; una del PRD: Michoacán, y una independiente: Nuevo León.
Además, se renovarán mil 63 diputaciones en 30 Congresos locales, todos a excepción de Coahuila y Quintana Roo. Y mil 976 ayuntamientos en 30 entidades, todas excepto Durango e Hidalgo.
Para estas elecciones, cuyos preparativos, precampañas y campañas habrán de transcurrir en el contexto de la pandemia de COVID-19, se prevé la participación de los siete partidos políticos que actualmente tienen registro nacional, más uno avalado por el INE el pasado viernes: el Partido Encuentro Solidario, que en realidad es una nueva versión del Partido Encuentro Social, aliado de Morena en 2018 -que perdió su registro al no alcanzar por sí mismo el 3 por ciento de los votos en las elecciones federales de aquel año-, y que esta vez deberá competir solo para refrendar su registro.
Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no dispone de otra cosa, será una elección de ocho partidos nacionales, con probables coaliciones totales o parciales entre Morena, PT y PVEM (por el lado del oficialismo), y del lado opositor entre PAN y PRD. MC ha anunciado que competirá en solitario, y del PRI aún se desconoce cuál será su política de alianzas en una elección en la que podría perder ocho palacios de gobierno estatal.
Pero si los magistrados deciden contradecir nuevamente al INE, podrían llegar a la boleta el partido de Felipe Calderón (encabezado en el membrete de México Libre por Margarita Zavala), y probablemente los partidos de Elba Esther Gordillo (Redes Sociales Progresistas), de Pedro Haces (Fuerza Social por México) y del SNTE (Grupo Social Promotor de México), que pueden recurrir al tribunal para tratar de revertir la negativa de registro decretada por el INE.
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La complejidad de la elección está a la vista, no sólo por el número de cargos, candidaturas, partidos y posibles coaliciones nacionales y locales, además del reto logístico impuesto por la pandemia y las restricciones presupuestales derivadas de la recesión económica. Sino por lo que está en juego.
Las elecciones intermedias del gobierno de la “Cuarta Transformación” ya han sido definidas por el propio presidente y líder de ese movimiento, como un parteaguas definitorio para el cambio de régimen.
Él mismo ha llamado a los que están de su lado a aglutinarse, movilizarse y prepararse para derrotar nuevamente al “conservadurismo”. Sus arengas matutinas permiten anticipar un proceso electoral con el presidente como principal referente de la elección.
Como ocurrió en 2018 (y como probablemente ocurrió en 2006 y 2012), nuevamente México va a votar a favor o en contra de López Obrador, con todo lo que ello implica.
De un lado, la tentación de funcionarios federales militantes, dirigentes de Morena y legisladores de volcar todo el aparato del Estado en favor de su causa, la causa del lopezobradorismo. Bajo el pretexto de un supuesto asedio al régimen por parte de las fuerzas conservadoras, podría caerse en el error de justificar casi cualquier cosa con tal de defender el “proyecto transformador”.
Del otro lado, la desesperación de una oposición que, en más de dos años transcurridos desde el 1 de julio de 2018, no ha encontrado la manera de hacer frente a López Obrador. Bajo el pretexto de “salvar a México del comunismo”, podría caerse en múltiples excesos y exabruptos antidemocráticos e incluso golpistas.
La tentación autoritaria palpita en una y otra trinchera y, si los actores políticos deciden guiarse bajo la lógica de que el fin justifica los medios, los ciudadanos podríamos ser los únicos perdedores del 6 de junio.
1. El pasado viernes, la mayoría de los consejeros electorales del INE decidió dejar sin registro a seis organizaciones que aspiraban a convertirse en partido político nacional: México Libre, Redes Sociales Progresistas, Grupo Social Promotor de México, Fuerza Social por México, Fundación Alternativa y Súmate a Nosotros.
Sólo se aprobó el registro del Partido Encuentro Solidario, en una cerrada votación de seis consejeros contra cinco que consideraban inaceptable la intervención de iglesias evangélicas para respaldar a la organización.
Entre los argumentos esgrimidos por quienes votaron en contra de otorgar los registros destaca uno: la necesidad de limpiar la vida política, con una aplicación estricta y rigurosa de las leyes electorales (incluidas desde luego las normas de financiamiento y las reglas que prohíben la afiliación corporativa y la intervención de ministros de culto en la política).
Quienes votaron en contra de los registros no se detuvieron a medir si las faltas eran muy graves o poco graves; simplemente, decidieron condenar la falta en sí misma, para enviar el mensaje de que en política no todo se vale.
Las diatribas de Felipe Calderón en contra del INE y de los siete consejeros que le negaron el registro a su organización nuevamente retratan de cuerpo entero al ex presidente.
Su furia y sus insultos son equiparables a la furia y a los insultos de algunos fanáticos de la 4T y la #RedAMLOVE, que desde hace meses ha tenido bajo acecho a la autoridad electoral.
Uno y otros encarnan los dos polos de las próximas elecciones. En medio de su intolerancia y su autoritarismo, deberá abrirse paso la contienda democrática.
