Los arreglos por debajo de la mesa y el pago de facturas del pasado no son un buen augurio para el último año de una Legislatura que estaba llamada a construir el andamiaje legal para el cambio de régimen prometido por la “cuarta transformación”.
Mal empieza el último año de la 64 Legislatura: en las Cámara del Congreso de la Unión, las fuerzas políticas están más ocupadas en disputarse los órganos de gobierno, que en perfilar una agenda para los meses que vienen.
En la Cámara de Diputados, la disputa por la presidencia de la Mesa Directiva ha exhibido diferencias y enjuagues de todo tipo en las fuerzas que conforman la mayoría gobernante.
Y en el Senado, los reacomodos de la fuerza mayoritaria llevarán a un político de dudosa reputación a presidir la Cámara.
El panorama luce complicado para una legislatura condenada a terminar mucho antes de lo previsto: en una semana, arranca formalmente el proceso electoral 2020-2021; en diciembre, comienzan las precampañas; en abril, las campañas y, entonces, el país se habrá quedado con un Congreso deshabitado.
Una veintena de senadores aspira a una candidatura para competir por alguna de las 15 gubernaturas en disputa. Es notorio que sus empeños enfilan hacia los palacios de gobierno y no hacia la creación y modificación de leyes necesarias para el país.
En San Lázaro, muchos apuntan hacia alguna de las mil 976 presidencias municipales que se jugarán en 30 estados. Además, la posibilidad de reelección de los diputados federales -prevista para este proceso electoral por primera vez en la historia- anticipa la renuncia de decenas, sino es que centenas de legisladores.
En abril, cuando titulares y suplentes se hayan marchado a hacer campaña, la representación popular tendrá varias curules vacías.
Un país en vísperas de la peor crisis económica de la historia -o al menos la más grave desde los años 30 del siglo XX, según dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera-, y que aún no supera la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, no puede darse el lujo de tener uno de sus tres Poderes en reposo.
No será la primera vez que ocurra. Lo llamativo es que, hace 20 años, la parálisis se debía a la conformación de un Congreso dividido, en donde el partido mayoritario ocupaba menos curules y escaños que las fuerzas de oposición.
Hoy, los problemas derivan de la incapacidad de la mayoría para construir acuerdos, ya no con los demás, sino entre ellos mismos y con sus aliados.
Lo visto en la Cámara de Diputados es inédito: la coalición gobernante haciendo un batidillo de legisladores que un día se duermen siendo de Morena, PES o PT, y al día siguiente se despiertan con la camiseta intercambiada.
Esto, en medio de acusaciones graves como la que le formuló el PES al PT hace unas semanas: comprar diputados para engrosar su bancada.
A Gerardo Fernández Noroña nada parece detenerlo en su afán de presidir la Cámara de Diputados. Al grito de “es ahora o nunca” el vicecoordinador del PT ha presionado al coordinador de Morena, Mario Delgado, para que rompa sus acuerdos de inicio de Legislatura con el PRI y las demás fuerzas políticas.
En su afán, Fernández Noroña llegó al extremo de exhibir el acuerdo que hicieron PT y Morena en septiembre de 2018 -en la instalación de la 64 Legislatura- trasladando diputados petistas para construir una mayoría artificial que sobrerepresentó con más de 250 curules a Morena y le permitió presidir la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.
Hoy, Fernández Noroña se cobra ese favor, a sabiendas de que Mario Delgado necesita al ala más radical de Morena si quiere llegar a ser su dirigente nacional, y a costa de la gobernabilidad de la Cámara baja.
Además, el PT terminó negociando -aún no se sabe a cambio de qué- la afiliación a su bancada de dos personajes impresentables: Héctor Serrano y Mauricio Toledo, ex funcionarios de la Ciudad de México, exoperadores políticos de Miguel Ángel Mancera y enemigos acérrimos de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.
Todo sea para que Fernández Noroña pueda estar al lado del “compañero presidente de la República” en las ceremonias cívicas y fiestas patrias de septiembre.
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No está mejor el panorama en el Senado
Para que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pudiera mantener el control de la Mesa Directiva de la Cámara alta, fue menester dársela a un senador proveniente, no del movimiento lopezobradorista, ni de la izquierda progresista, sino de las cañerías del gobierno de Chiapas y del Partido Verde Ecologista de México.
Si alguien tenía duda de los arreglos de los López Obrador (Andrés Manuel y Pío) con el ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco, el tiempo terminó despejando cualquier incógnita.
Eduardo Ramírez Aguilar, exsecretario de Gobierno de Velasco en su primer trienio de gobierno, será el próximo presidente del Senado.
Al chiapaneco se le recuerda por haber sido un desaseado operador político del PVEM en la entidad. Y por haber aspirado a la gubernatura en 2018.
De hecho, su aspiración fue clave para que el PVEM de Velasco y el PRI Peña Nieto-Meade rompieran su alianza a nivel estatal, y perdieran la gubernatura que habían conquistado con amplísimo margen en 2012.
El PRI hizo una campaña lamentable, y el Verde terminó postulando a un político de medio pelo a la gubernatura, para dejarle el paso libre al morenista Rutilio Escandón. A cambio, Morena postuló a Ramírez Aguilar al Senado.
Ya instalada la Legislatura, Morena fue clave en la Cámara alta para que el exgobernador Manuel Velasco pudiera ir y venir a su antojo del Senado al Palacio de Gobierno, y de regreso.
Aquellos enjuagues de 2018, ente el Verde de Velasco y Morena de López Obrador, hoy se hacen evidentes en la elección de la nueva Mesa Directiva de la Cámara alta.
No le importó a Monreal, ni a Morena, que Ramírez Aguilar aparezca en un video de 2015 llamando mentiroso a López Obrador. Tampoco que esté en fotos -de ese mismo año- con David León y Pío López Obrador, a quienes ya se les investiga por el presunto delito de financiamiento ilegal de campañas.
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Mal arranca el último año de una Legislatura que estaba llamada a construir el andamiaje legal e institucional para el cambio de régimen prometido por la “cuarta transformación”.
Los arreglos por debajo de la mesa y el pago de facturas del pasado no son un buen augurio de cara al futuro.
