Desde hace ya varias décadas, y desde diferentes trincheras, miles de mujeres han luchado en contra de lo que ya se reconoce como un problema estructural de nuestra sociedad, presente en todos los ámbitos de la vida pública y privada, manifestada de diversas formas, la violencia de género.
Es así, como a través de los años, se han impulsado leyes, reformas, acuerdos internacionales y demás, que garanticen la tan anhelada libertad, equidad, justicia e igualdad.
Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido, todavía hoy, nos topamos con toda clase de atropellos e injusticias, batallas que en pleno siglo XXI no deberíamos de estar luchando, ni escuchando, mas bien leyendo en un libro de historia.
Como el caso de Olivia Coral Melo, quien sin conocer personalmente, pero con un profundo respeto hacia su persona, ha sido la impulsora de una iniciativa de ley que ha dado mucho de que hablar últimamente en nuestro Estado, “La ley Olimpia”.
Su historia en lo personal, no solo es conmovedora sino inspiradora, ya que debido a la difusión de un video sexual publicado por su novio hace algunos años, lejos de esconderse y tratar de dejar en el pasado la “humillación” de ser identificada como “la gordibuena de huachinango”, decidió hacerle frente, contar su historia y mejor aún, hacerse escuchar y evitar que muchas otras mujeres pasen por lo que ella, escribiendo esta iniciativa de ley, que además de tipificar el delito contra la intimidad sexual en el Código Penal, busca no dejar en estado de indefensión a una mujer frente a la propia autoridad.
En pocas palabras, esta ley busca que se castigue a los responsables de producir, difundir, o almacenar en todas las nuevas tecnologías de la información y comunicación, ya sea redes sociales, correos electrónicos, o cualquier otro medio, sin el consentimiento de los que ahí intervienen, imágenes, videos, textos, audios de contenido sexual, en el marco de una perspectiva de género tipificándolo como una violación a la intimidad sexual.
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Esta iniciativa hace referencia a una serie de reformas legislativas, y se presentó formalmente en el Congreso del Estado de Sonora por la Gobernadora, Claudia Pavlovich en el mes de marzo del año en curso, y de manera general, la iniciativa contempla las siguientes reformas:
En cuanto al Código Penal, se faculta al Ministerio público para que requiera en un plazo máximo de 24 horas las medidas de protección necesarias para eliminar, bloquear o bajar las imágenes, videos, audios, textos, entre otros, compartidos sin el consentimiento de quienes intervienen en los mismos. Así mismo, establece que será aun más grave, si existió una relación sentimental, ya sea noviazgo, concubinato, matrimonio, si son familia, amigos, o si fue cometido por algún servidor público.
En cuanto al Código Civil, establece la reparación de daño, para decretar la cancelación y/o eliminación de la información utilizada de manera indebida e ilícita.
Así mismo y como una de las reformas que en mi opinión es de las más importantes, se encuentra la Ley Estatal de responsabilidades, al establecer que la omisión de solicitar las medidas cautelares, por parte de la autoridad, será considerada como una falta grave en la ley.
Aquí vale la pena hacer un paréntesis, recordando mis tiempos en el Centro de Atención a Víctimas del delito, la primera vez que me tocó presenciar cuando un Ministerio público le llamó “loca” a una mujer víctima de violencia intrafamiliar, y se negó a recibir la denuncia, mucho menos a dictar medidas cautelares para protegerla, lamentablemente prevaleció la impunidad.
Finalmente, en relación a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se incorpora el concepto de violencia digital, en el mismo sentido que lo anterior, especificando se atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad, la vida privada o vulnere algún derecho humano, en especial, el de las mujeres, al ser ellas, quienes según estadísticas, han sido mayormente víctimas de este tipo de violencia.
A simple vista la iniciativa presentada por la Gobernadora del Estado, resulta necesaria, por dar una posible solución a una problemática real, cada vez mas frecuente, sin embargo, esta iniciativa, aprobada hasta hoy en 22 Estados de la República Mexicana, ha encontrado resistencia en el Estado de Sonora, debido a que según la propia Olimpia Coral, el dictamen aprobado en días pasados, -y que actualmente se encuentra pendiente para ser presentado de nueva cuenta cuando sesione el Pleno del Congreso-, no es su iniciativa como tal, ya que se añadieron términos que no forman parte de su propuesta conocida por todos como “Ley Olimpia”, pero que además generan confusión en la interpretación del delito.
En mi opinión, el propio dictámen de las Comisiones de justicia y derechos humanos y para la igualdad de género, en forma unida, en el punto cuarto de las consideraciones establece textualmente “reformar para configurar la denominada Ley Olimpia en el Estado de Sonora”, lo cual es suficiente para escuchar la voz de su autora, Olimpia Coral, y aprobarse en sus términos, en todo lo que no sea contrario a la legislación, o en su defecto, desecharse el dictámen, y no utilizar la bandera de la misma para aprobar estas reformas.
Creo que es una iniciativa sumamente importante, no solo para las mujeres, sino para la sociedad en general, y representará un avance para nuestro Estado, en la lucha contra todas las formas de violencia.
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