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domingo, junio 13, 2021

Ley de economía circular

Carla Neudert
Carla Neudert
Carla Neudert es licenciada en Derecho y maestra en Educación por la UVM; maestra en Administración eficiente de la energía y sus fuentes renovables, por el ITESM, actualmente es estudiante de doctorado en Administración Pública en el ISAP.

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En las diferentes columnas con las que he participado, me he tratado de enfocar en  acontecimientos del día a día brindando mi opinión al respecto, sin embargo,  creo que ha sido mi formación la que me incita a escribir sobre un tema que en general es de mis favoritos, pero que además, es de utilidad para la sociedad en general.
Me refiero a las iniciativas de ley que se encuentran tanto en el Congreso del Estado de Sonora, como en el Congreso de la Unión, mismas que en muchas ocasiones no sabemos ni que existen, mucho menos de que se tratan o el enfoque que se les da, nos enteramos si acaso una vez que se aprueban y solo si causan controversia mediática.
Y sin embargo, son estas leyes y normas jurídicas quienes regulan la vida de todos los ciudadanos, establecen derechos y obligaciones, qué podemos y no podemos hacer, así como las bases en las cuales se deberían desarrollar las políticas públicas del Estado.
En lo personal, me ha tocado leer iniciativas de ley incluso incongruentes, de quienes solo buscan  apalancarse de algún tema, y presentan documentos que no están alineados a la normatividad estatal, federal o incluso internacional, según sea el caso.
Con lo anterior, no me asumo como experta en la materia, sino como una ciudadana, a la que le gusta el derecho, leer, interpretar y opinar sobre la norma que nos regulará y sobre todo, la transversalidad e impacto que tiene la misma en los diferentes sectores de la población.
Recuerdo con mucho cariño a mis maestros de la facultad de derecho, muy particularmente a quien me enseñó el proceso legislativo  a través del Maestro Eduardo García Máynez, de una manera muy sencilla, “IDASPI”: Iniciativa, Discusión, Aprobación, Sanción, Publicación, Iniciación de la vigencia.
Para empezar, me gustaría comentar un poco sobre la iniciativa de Ley General de Economía Circular, presentada en el Senado de la República el 29 de Octubre del 2019, por el Partido Morena y el Partido Verde Ecologista de México, y cuya base es el artículo 4º Constitucional, sobre el derecho humano a un medio ambiente sano.
A pesar de ser una iniciativa que en apariencia se presenta como una solución para enfrentar la problemática asociada a la expansión demográfica y al deterioro ambiental, cambiando de una economía lineal enfocada en la  adquisición, uso y posterior deshecho de un bien,  a una economía circular  cuya base es reducir, reutilizar y reciclar,  diversas organizaciones como Green Peace, se oponen a la misma.
Uno de los argumentos de Green Peace, es que la iniciativa contempla acciones que van en contra de la circularidad que se propone, como la incineración de residuos, incluyendo plásticos, ya que este proceso contamina y libera químicos altamente cancerígenos y contaminantes, entre otros argumentos.
Sin embargo, en mi opinión la iniciativa se encuentra caminando, ya que antes de la pandemia, era tema constante en diferentes medios de comunicación del partido que la propone, mismo que ha demostrado tener mayoría, por lo que considero que su aprobación se dará en mediano plazo y de ahí la importancia de conocerla un poco.
El objetivo de la misma, es transitar hacia la calidad ambiental, reducir el impacto perjudicial a la salud, minimizar el desperdicio de materiales y estimular el desarrollo económico a través de la valorización de residuos, garantizando una disposición ecoeficiente de residuos no valorizables, facilitar la incorporación de productos de bajo impacto ambiental, impulsar  y fomentar el desarrollo tecnológico para el reciclaje, la reutilización y el rediseño de productos basado en el esquema de economía circular, promover la integración del sector informal relacionado con el reciclaje de residuos, fomentar la cultura de la corresponsabilidad ambiental en la población, así como favorecer la transformación hacia ciudades y comunidades sostenibles.
Esta Ley general sentará las bases para una nueva forma de economía en el país, mismo que requerirá una  serie de nuevos reglamentos, normas oficiales, programas y disposiciones administrativas, además de modificaciones y reformas a leyes vigentes para lograr su armonización, algo así como una Reforma Económica Ambiental, ya que cambia la visión de toda la cadena de valor que incluye productos y servicios.
Así mismo, existen  muchas oportunidades y consideraciones que tendrán un impacto en lo local, toda vez que con una economía circular se reduce por ejemplo, el uso de transporte, por lo que promueve adquisiciones en zonas cercanas a la ubicación de fabricación, así como la reutilización de materiales, generando nuevas actividades y empleos en la región, entre otros.
Sin embargo, aún cuando esta ley en lo personal me parece imprescindible en cuanto a desarrollo sustentable, existen normas que en la actualidad aún son letra muerta, simplemente en el caso de la separación y disposición adecuada de residuos, en lo que respecta al Estado de Sonora, ningún municipio a la fecha los lleva a cabo como lo establece la normatividad vigente.
En conclusión, la iniciativa de ley de economía circular debe escuchar las voces de organismos internacionales, expertos en el tema y realizar las modificaciones o adecuaciones necesarias para lograr su objetivo.
Así mismo, se debe establecer  un período  y recursos etiquetados para dar cumplimiento tanto a las entidades estatales como municipales, a obligaciones en materia ambiental y de gestión integral de residuos contenidas en las leyes vigentes,  y bajarse a los estados para su socialización, concientización y legitimación.
Finalmente, no podemos si quiera pensar en economía circular, sin hablar de cambio climático, y es imposible avanzar en el combate al cambio climático, si no avanzamos en la transición energética y dejamos atrás el uso de combustibles fósiles, hacer lo contrario, sería una incongruencia, y lo que es peor, retroceder por lo menos 20 años en desarrollo sustentable, a cuando se discutía apenas el protocolo de Kioto.

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