Urge reforma en la impartición de justicia

El 29 de junio del año 2020, el pleno del Poder Judicial del Estado de Sonora aprobó el “Plan de regreso gradual a la normalidad del Servicio de Impartición de Justicia en Sonora”. En el se detallaba como habrían de laborar los juzgados estatales a partir del día 20 de Julio del presente año, destacando la necesidad de obtener citas para la presentación de demandas novedosas, presentación de escritos de juicios en trámite y consulta física de expedientes.
Como era de esperarse, el día D, muy pocas personas (entre ellos ciudadanos y Abogados Postulantes) pudieron acceder a las instalaciones del Poder Judicial; esto porque el número de asistentes era sumamente limitado por día, hora, juzgado y número de actuaciones. Por ello, el gremio de los abogados así como la ciudadanía en general, se han manifestado inconformes con las medidas implementadas por el Poder Judicial. También han externado su decepción por la poca empatía que han mostrado los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La verdad sea dicha, hoy por hoy, la impartición de justicia es casi nula; luego de presentarse una catástrofe epidemiológica mundial, las actividades jurisdiccionales han retomado labores de manera por demás deficiente y no se vislumbra interés por parte de los operadores en solucionar el problema. Los cambios han sido meramente superficiales y no se han abocado a una conversión que haga sentir que se está enfrentando la problemática y transitando hacia una impartición de justicia sofisticada, moderna, ágil y que genere seguridad y confianza.
La situación me recuerda a lo ocurrido en el año 2008, cuando se aprobaron las Reformas Constitucionales en Materia Penal (y que hoy nos permiten tener Procesos Penales Orales y Acusatorios). En aquel entonces, el sistema penal mexicano mostraba signos de agotamiento y no contaba con la capacidad institucional ni el marco legal adecuado para responder a las necesidades de los ciudadanos. Esta situación generó que la sociedad civil organizada alzara la voz y exigiera un cambio de fondo, sumándose a esta labor los tres poderes y órdenes de gobierno para lograr así, la mayor transformación del sistema jurídico en los últimos 100 años. Como resultado, el Poder Legislativo Federal aprobó reformas a la Constitución que habrían de implementarse en un periodo máximo de ocho años, es decir, a más tardar en Junio del 2016.
Ahora, el descontento ciudadano es por la lenta, tediosa, abrumadora y aparentemente corruptible (porque la gente percibe corrupción) impartición de justicia. Por ello, los tres poderes en el Estado presentan un reto similar a aquel del año 2008; es momento de unificar esfuerzos para solucionar la problemática que en materia de “dar de justicia” se vive en Sonora. Es imperativo que se conjuguen trabajos en pro de una reforma procesal que implemente todas aquellas tecnologías que están a nuestro alcance (pero que aun no se contemplan en nuestros códigos) para transformar los trámites judiciales en algo práctico y sin obstrucciones burocráticas. Se necesita un operador judicial con las herramientas necesarias y suficientes para dar justicia pronta y eficaz al mismo tiempo, se involucren las diferentes dependencias de gobierno.
Creo que es necesario que todos exijamos a nuestros gobernantes y representantes sociales (diputados) que actúen, en el ámbito de sus competencias, en la metamorfosis de los procesos jurisdiccionales sonorenses.
Algunos colegas me consideran soñador cuando vislumbro juzgados estatales, en los que se empleen las nuevas tecnologías y, por ejemplo, se notifiquen demandas por medio de correo electrónico (documentos en PDF y con firma digital); se pida el auxilio de particulares y dependencias de gobierno mediante llamada telefónica, mensajes de texto o correo electrónico (sin necesidad de que intervengan actuarios o se tengan que elaborar oficios o exhortos); se verifiquen audiencias orales en las que se conceda a las partes escasos 5 minutos para peticiones de mero trámite; se lleven acabo audiencias familiares donde, en el mismo acto, se pronuncien sentencias orales; se emitan Sentencias de Divorcio en una única audiencia y, hasta se expida el Acta correspondiente.
Quiero manifestar mi profundo respeto hacia todas y cada una de las personas que intervienen en las etapas de la impartición de justicia pues he visto que se desempeñan con entusiasmo, honorabilidad y probidad. También quiero dejar claro que este no es un mensaje dirigido a incomodar a alguien que ocupe un puesto específico; mi intención es revelar un área de oportunidad que, de atenderse, haría palpable la inclinación del Gobierno hacia un Estado de Derecho eficaz, rápido y al alcance de todos.
El ciudadano común se encuentra ansioso de ver un gobierno empático e innovador que ponga todo su empeño en solucionar, de una vez por todas, lo aletargado, burocrático y deficiente que es un proceso judicial estatal. Espero se pongan manos a la obra y pase lo que sucedió con la puesta en marcha de las Reformas Penales en Sonora que, como todos sabemos (o por lo menos la mayoría de los que nos dedicamos a la abogacía), fuimos si no el último, de los últimos Estados en implementarlas.