Emilio Lozoya no irá ante un juez: por “sus condiciones de salud”, lo verán por videoconferencia

Ciudad de México, 27 de julio (EFE/SinEmbargo).- La audiencia donde comparecerá Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir sobornos, será mañana a las 9 horas. Sin embargo, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) no acudirá al Reclusorio Norte, sino que comparecerá por el sistema de videoconferencia, “dadas las condiciones de salud del imputado”.
A través de un comunicado, el Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, determinó que Emilio “L” dé su primer testimonio a través del sistema de video conferencia.
“Se fijan las 09:00 horas del 28 de julio del 2020, para que tenga verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de Emilio ‘L’, a que se refieren los artículos 307 y 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, puntualizó.
La audiencia se desahogará a través del sistema de video conferencia, dadas las condiciones de salud del imputado.
El Juez puntualizó que las demás partes involucradas podrán acudir al centro de justicia, de manera personal, a intervenir en la audiencia; o si lo prefieren, a través del sistema de video conferencia, atendiendo a los lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal, por el tema de la pandemia del COVID-19 que azota a nuestro país.
El arribo de Lozoya Austin a México ha causado un sismo en la política mexicana por sus declaraciones sobre la petrolera brasileña Odebrecht y su rol en la Reforma Energética de 2013. Hoy se cumplen diez días de su extradición desde España.
“Les informo que la audiencia será mañana a las 9 de la mañana”, anunció el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) instancia encargada de informar vía WhatsApp lo que vaya sucediendo en la audiencia. Una acción que fue cuestionada por organizaciones que reclamaron que la audiencia no fuera abierta al público.
La prueba más grande para este Gobierno que intenta acabar con la corrupción será en este juicio, donde se espera que Lozoya suelte nombres de políticos, empresarios y exfuncionarios que recibieron sobornos a cambio de aprobar una de las reformas más controvertidas en el sexenio pasado.
Aunque el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha destacado la “importancia” de las confesiones de Lozoya, aún no es claro el proceso que seguirá la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que estas son las cinco claves que explican el caso hasta ahora.
Lozoya, quien fue coordinador de Vinculación Internacional de la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), es sospechoso de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.
El mandatario mexicano pidió a la FGR citar a declarar a las personas expuestas por Lozoya. Foto: Gobierno de México.
El exjefe de la petrolera estatal mexicana entre 2012 y 2016 está acusado de recibir 10,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, de los que presuntamente 4 millones fueron para la campaña presidencial y el resto para obras en el Gobierno.
Además, el exfuncionario es presunto implicado en un fraude de 280 millones de dólares por la compraventa de la planta “chatarra” de fertilizantes Agro Nitrogenados a la compañía Altos Hornos de México (AHMSA).
Por esta razón, la FGR también acusa a la hermana de Lozoya, Gilda Susana, y al presidente de AHMSA, Alonso Ancira, detenido en España desde mayo del año pasado.
Interpol detuvo a Lozoya el 12 de febrero pasado en Málaga, España, país donde estuvo detenido hasta su extradición, el 17 de julio, cuando llegó en un vuelo especial de la FGR a Ciudad de México.
Aunque el acusado debía ingresar al Reclusorio Norte de la capital mexicana, las autoridades lo trasladaron al exclusivo Hospital Ángeles del Pedregal porque una revisión médica le detectó anemia y problemas en el esófago, según la Fiscalía.
López Obrador ha defendido que “valdrá la pena” tratar a Lozoya como “testigo protegido” y reducirle la pena.
“Dicen algunos: ‘no, no está en la cárcel, está en un hospital’, pues hay que cuidarlo, no solo por su salud, que también merece eso como cualquier ser humano, sino cuidarlo físicamente”, declaró el mandatario la semana pasada al sugerir que la vida de Lozoya está en riesgo.
En documentos del Gobierno federal filtrados a la prensa, Lozoya reconoce los sobornos de Odebretch, incluyendo una reunión en una panadería con el exdirector de la constructora brasileña en México Luis Alberto Meneses Weyll.
Lozoya, del exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que 52.4 millones de pesos (más de 2.3 millones de dólares) se usaron como soborno para que el opositor Partido Acción Nacional (PAN) aprobara la reforma energética en 2013, que abrió el sector a los privados.
López Obrador, crítico de esta reforma, avaló las confesiones del exfuncionario.
“Ahora que Lozoya está dando a conocer que hubo estos sobornos y que se puso dinero para aprobar la reforma energética y se repartió dinero a legisladores de partidos, sería muy importante terminar de conocer cuánto y a quiénes (se les entregó dinero)”, dijo el viernes pasado.
Según las filtraciones, Peña Nieto y su jefe de campaña y posterior secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, habrían operado los sobornos.
Ricardo Anaya, excandidato presidencial y exlíder del PAN, recibió presuntamente 6.8 millones de pesos (más de 300 mil dólares), cuando era presidente de la Cámara de Diputados para que su bancada apoyara la reforma energética en 2013.
Otros opositores de alto perfil señalados son los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quienes entonces eran senadores.
Dos camionetas de la Guardia Nacional vigilan las entradas del Hospital Ángeles del Pedregal, donde permanece Emilio Lozoya. Foto: José Méndez, EFE.
Organizaciones civiles y políticos de oposición han acusado al actual Gobierno de montar un espectáculo porque Lozoya no ha pisado la cárcel y se desconoce el estatus de su proceso legal y la fecha de su audiencia formal ante un juez.
Los políticos del derechista PAN niegan las acusaciones de Lozoya al argumentar que ellos ya apoyaban abrir el sector energético a los particulares desde que controlaban la presidencia (2000-2012).
“Ojalá las pruebas se presenten ante un juez y no solo a la prensa. Y que no haya posibilidad de alegar violación al debido proceso, u otra argucia”, opinó la senadora Xóchitl Gálvez.