Extesorera hunde a Billy Álvarez

Columna Contra las cuerdas
Entró a la Cooperativa Cruz Azul en 1987 como trabajadora temporal para desempeñarse como operadora de conmutadores, hasta llegar a cargos de la Tesorería en 2010. Finalmente ocupó el cargo de tesorera general en 2015 y hasta septiembre de 2019, donde sus funciones eran controlar todos los ingresos de la cooperativa, realizar los pagos correspondientes a la operación de la empresa, es decir, pagaba a los proveedores y prestadores de servicios.
En declaraciones a la autoridad judicial en marzo, según consta en el expediente del que esta columna obtuvo copia, María Alejandra Velázquez Paredes, la tesorera, asegura que se dio cuenta de que de 2015 a 2019 existían varias autorizaciones de pagos por fuertes cantidades de dinero relacionadas con servicios no prestados, las cuales habían sido instruidas directamente por Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mismas que no seguían el proceso interno.
“Es decir, no existía el servicio y sí se facturó y cobró, eran servicios simulados o gastos inexistentes. Por lo que la factura que entregaban sólo era para simular que se había prestado el servicio”, asegura la tesorera.
El director de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, Juan Manuel Briseño González, refuerza las imputaciones de la tesorera, quien dio a conocer 13 “empresas fantasma” en las que se apoyó Álvarez Cuevas en el esquema referido. Destaca las siguientes: Capital Humano y Financiero Ambar, S.A. de C.V, ATTAR 2715, S.C. Aura Desarrollo Social, S.A de C.V, Servicios Profesionales BAAL S.C.; Corporativo Facundia, S.A. de C.V.
“Ofrezco en este momento copias de 52 cuentas y facturas que fueron pagadas por instrucciones directas de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas a diversas empresas factureras y exhibo impresiones de los estados de cuenta a nombre de la Cooperativa La Cruz Azul Sociedad Cooperativa Limitada, de la cual salieron los pagos indebidos a las empresas fantasma”, está asentado en el expediente.
En total son cerca de 180 mil millones de pesos en operaciones simuladas y son parte de las acciones contempladas en la penalización de la Procuraduría Fiscal de la Federación en el gobierno de López Obrador para luchar contra la defraudación fiscal que, calculan, alcanzan 300 mil millones de pesos, equivalente a 1.4 por ciento del PIB.
Iztapalapa es epicentro nacional de la pandemia por COVID-19 y a pesar de que las autoridades de la alcaldía no aprobaron el retorno de más de 400 tianguis, más de 80 organizaciones van a instalarse a partir de este lunes.
César Hernández, de la CNCOP, me dijo que están conscientes de que la dirección jurídica de la demarcación quizá busque impedir por la fuerza que se instalen en los puntos en los que normalmente ofrecen sus servicios. Asegura que en los meses de confinamiento fallecieron por COVID–19 30 compañeros tianguistas, cuyas familias, así como las de todos los miembros de las organizaciones, ahora están en riesgo de morir de hambre, porque nunca recibieron el apoyo comprometido para sortear la cuarentena.