A fines de marzo pasado, en los inicios de la pandemia del coronavirus en México, la alcaldesa de Hermosillo, ni tarde ni perezosa, sino muy comedida ella, anunció que a fin de apoyar a la población vulnerable de la ciudad se condonaría el pago del agua a 136 mil usuarios correspondientes al mes de abril. Esto fue incluso corroborado por el organismo Agua de Hermosillo en su boletín de prensa 258 del 31 de marzo.
Como ciudadanos preocupados por el bienestar y el futuro de la ciudad y de todos sus habitantes, es necesario que reflexionemos y analicemos este tipo de reacciones y que meditemos sus consecuencias.
Contrastes
Esta medida, emprendida por la alcaldesa que mete la mano en un organismo que se supone autónomo y con graves problemas financieros, contrasta fuertemente, por ejemplo, con la medida adoptada por el gobernador de Yucatán quien anunció que condonaría el pago de los servicios de agua y recolección de basura durante abril y mayo, para apoyar la economía de las familias ante la pandemia del COVID-19, aclarando que “esto lo haremos entregando los recursos a los ayuntamientos de lo que cuestan estos servicios durante dos meses, para beneficiar a todas las familias yucatecas y que no tengan que pagarlo de su propia bolsa en estos días de dificultad económica” (Excelsior 30 de marzo). O sea que el gobierno del estado repondría a los ayuntamientos y organismos de agua el costo de la condonación.
Otro contraste más fuerte es con con la respuesta de Manuel Bartlett, director de la CFE, cuando se le preguntó si la empresa pública iba a apoyar a los usuarios eléctricos. Bartlett señaló que “no puede haber condonaciones de pagos de luz, porque además de garantizar el servicio en hospitales y casas, se tiene que pagar salarios a trabajadores y comprar combustible de forma permanente para generar electricidad. Al contrario, tiene que haber un esfuerzo grande de la población para entenderlo” (La Jornada 11 abril). Además, agregó que los casos con imposibilidad de pagar serían “atendidos con mucho cuidado”.
¿Cuál es la respuesta más adecuada? ¿La de Hermosillo, la de Yucatán o la de la CFE? En mi opinión, cualquiera de las otras dos es más adecuada que la de Hermosillo. Si las finanzas y la capacidad institucional del gobierno municipal y del organismo Agua de Hermosillo están quebradas es precisamente por actitudes como la de la alcaldesa. Al meter mano en los ingresos del organismo, la munícipe no solo no consultó a la Junta de Gobierno del organismo y está contraviniendo la ley de aguas del estado de Sonora, sino que está dañando a mediano y largo plazo un servicio básico para la ciudad. Para que el bienestar de la ciudad mejore, se requiere un servicio que cuente con capacidad financiera e institucional, de otra manera el deterioro del servicio significará un deterioro de la calidad de vida de todos.
Requerimos instituciones fuertes
Para mejorar el bienestar de toda la población, se requiere que los servicios públicos (agua, basura, electricidad, salud, educación, transporte, pavimentos, etc.) sean administrados de manera profesional y que sus finanzas y recursos sean suficientes. Esto es lo que se conoce como desarrollo de la capacidad institucional.
En cambio, la receta para mantenernos en el subdesarrollo y en la mala calidad de vida es que los servicios públicos sean administrados de manera no profesional ni técnica sino para hacer carrera política y que sirvan para acomodar recomendados e improvisados.
Ojalá en esta crisis se respete y fortalezca la capacidad institucional del organismo Agua de Hermosillo, así como todos los demás servicios, para que la ciudad pueda aspirar a contar con un buen servicio en el futuro y no nos hundamos más.
