A punto de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la 64 Legislatura, resulta preocupante la parálisis del Poder Legislativo, su escasez de propuestas y su ausencia en el debate público.
El próximo jueves 30 de abril, concluirá el segundo periodo ordinario del segundo año de la 64 Legislatura del Congreso de la Unión.
Para ese día, las sesiones ordinarias de pleno, el trabajo en comisiones y la actividad legislativa en general habrán cumplido 40 días de interrupción, debido a la emergencia sanitaria declarada con motivo de la pandemia de COVID-19.
Salvo una sesión del Senado de la República, celebrada con carácter de urgente el pasado lunes 20 de abril para aprobar la Ley de Amnistía, podría decirse que el Poder Legislativo ha estado inactivo y ausente durante la inédita situación que atraviesa el país.
Las Cámaras no han podido concluir procesos legislativos importantes, como la designación de cuatro consejeros del INE y dos comisionados del INAI, o las leyes secundarias en materia de reelección que deberían aplicar en 2021 para ellos mismos; por mencionar sólo tres ejemplos.
Pero tampoco ha sido el Congreso mexicano el espacio de reflexión, análisis o crítica de las medidas aplicadas por el Poder Ejecutivo para enfrentar la enfermedad.
Se entiende la suspensión de labores presenciales, por el peligro que entraña realizar sesiones de 500 diputados y 128 senadores o reuniones en físico de comisiones. Ambas actividades implican la movilización de cientos de funcionarios y trabajadores, para que los trabajos legislativos puedan realizarse y tener efectos legales.
Lo que no se entiende es la ausencia total de uno de los tres Poderes de la Unión. El silencio frente a las decisiones del Ejecutivo, la ausencia de propuestas alternativas a las del gobierno para enfrentar la crisis sanitaria y la inminente crisis económica.
Es ilustrativo del estado actual de la División de Poderes, el hecho de que los senadores hayan recurrido a todo (caretas de mica, cubrebocas, litros de gel, sanitización de salones, guantes de látex) para sesionar el lunes 20 y aprobar una Ley de Amnistía que figuraba en las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, pero que, el mismo día, la mayoría legislativa de Morena haya operado para impedir que PRI, PAN, PRD y MC inscribieran un punto en la orden del día para discutir un auténtico plan de emergencia y recuperación económica.
El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo mayoritario, Ricardo Monreal, hizo posible la asistencia de 78 de los 128 senadores para tener quórum y la aprobación de la Ley con 63 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones. Pero no permitió que el Senado, aprovechando que ya se habían violado las medidas de sana distancia recomendadas por el Sector Salud, se convirtiera en espacio para una discusión seria, pública y abierta sobre la emergencia nacional.
La Cámara de Diputados, por su parte, ha sido prolífica en foros, encuentros con sectores empresariales, proposiciones de punto de acuerdo e iniciativas de legisladores.
Quizás lo más relevante de estos días fue la donación de 125 millones de pesos que hizo la Cámara a la UNAM, para la adquisición de 400 mil kits de protección para personal de salud en todo el país.
Eso, y la lluvia de ocurrencias que han generado aún más ruido en el debate público alrededor de la emergencia:
Por un lado, la iniciativa de una diputada de Morena, Lorena Iveth Valles Sampedro, que proponía modificar el artículo 29 de la Constitución para facilitar que los órganos de gobierno del Congreso pudieran reunirse para declarar estado de excepción y suspensión de garantías.
Por otro, el diputado Edelmiro Santiago Santos, también del Grupo Parlamentario de Morena, propuso una iniciativa para que los recursos para el retiro que actualmente administran las AFORES sean administrados por el Banco del Bienestar, creado por la 4T.
Ambos disparates fueron desconocidos por el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, y se sumaron a las más de 4 mil iniciativas acumuladas en la Legislatura que nunca serán aprobadas, ni siquiera procesadas en Comisiones.
Seguramente, los “trabajos virtuales” del Congreso permitirán la presentación de nuevas ocurrencias, que no harán más que abultar las cifras del rezago legislativo y enrarecer el clima político.
Pero la parálisis del Poder Legislativo es preocupante; sobre todo, porque contrasta con el híper activismo del Ejecutivo, que entre marzo y abril ha puesto en marcha acciones como la Jornada Nacional de Sana Distancia (23 de marzo), el Decreto por el que se expiden acciones extraordinarias para combatir la enfermedad COVID-19 (27 de marzo), la declaratoria de emergencia nacional sanitaria (31 de marzo), el Decreto del Plan de Austeridad por el COVID-19 (23 de abril) y el Decreto por el que se reducen los llamados tiempos fiscales a los concesionarios de radio y televisión (23 de abril), entre otras medidas.
Lo advirtieron la semana pasada un grupo de académicos entre los que figuraban el director del CIDE, Sergio López-Ayllón, y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar: “el vigor y vigencia de la representación son, en breve, lo que separa a las democracias de las autocracias. Por ello, el Congreso debe terminar su voluntaria siesta y retomar su papel central en las decisiones que, si son adecuadas, permitirán reconstruir el futuro de México”, (Democracia en vilo, El Universal, 20 de abril de 2020).
La “siesta legislativa” no parece benéfica cuando, además, el gobierno sigue proponiendo medidas extraordinarias para aplicarse durante y después de la crisis del coronavirus. Apenas el jueves por la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que su gobierno tenga la facultad de reorientar recursos del Presupuesto en situaciones de emergencia económica.
Si de por sí el presidente tiene ya en San Lázaro una coalición de fuerzas políticas capaces de sumar más de 332 diputados para aprobar lo que sea (algo que no se había visto desde 1997), esta reforma le permitiría cambiar, en cualquier momento, el decreto de Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado para el ejercicio fiscal 2020.
¿Promoverá Morena un reinicio exprés de los trabajos legislativos para aprobarle esta nueva facultad del presidente?
Las legisladoras y legisladores podrán mantenerse activos en sus redes sociales, tuiteando videos y fotos de sus sesiones en reuniones virtuales e incluso haciendo labores domésticas para pregonar con el ejemplo el #QuédateEnCasa (como lo han hecho en estas semanas), pero su parálisis legislativa no conviene a México.
El jueves concluirá oficialmente el segundo año de la Legislatura e iniciará el receso, lo que implica que sólo podrán realizarse sesiones en periodos extraordinarios convocados exprofeso para asuntos ya negociados en las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras.
El receso podría ser el pretexto para normalizar la parálisis y la siesta legislativa, lo que sin duda facilitaría al Ejecutivo y sus mayorías imponer las decisiones para gestionar las crisis. Pero ¿sería eso lo más responsable?
Visto desde otro ángulo, el receso oficial también podría ser la oportunidad para que las fuerzas políticas busquen puntos de acuerdo y tomen medidas extraordinarias para suspender la hibernación y volver a ser el contrapeso necesario en esta situación inédita en la historia del país.
