Pocos ciudadanos lo saben y aún menor es el número de personas que los ejercen. Estoy hablando de los Derechos Constitucionales de Acceso a la Información Pública, previsto por el artículo 6 y el Derechos de petición, consagrado en el artículo 8 de nuestra Carta Magna.
Por un lado, artículo 8º, desde el año 1917 establece que “los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa;” Adicionalmente, en su párrafo segundo determina que “a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.
Adicionalmente, en el año 2015 se publicó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la Información Pública -datos- en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En resumen, siempre que un ciudadano se dirija a una autoridad (por escrito y de manera pacífica y respetuosa) para pedirle información o respuestas en torno a su función, toma de decisiones, gasto público, estrategias de urbanización, futuros acontecimientos de interés público, etcétera, deberá obtener respuesta de manera oportuna y en breve. Así, los funcionarios tiene la obligación de responder a las inquietudes, quejas y solicitudes de información que todo ciudadano les haga.
Algunos se preguntarán porque considero relevante transmitir esta información el día de hoy. La respuesta es sencilla: tanto el gobierno municipal de Hermosillo como el estado de Sonora han recibido importantes cantidades de dinero cuyo destino es desconocido por sus habitantes (se ha informado parcial y nebulosamente que serán empleados en servicios públicos de infraestructura, desarrollo urbano, seguridad entre otros). No obstante, es preocupante como jamás se hace una consulta pública previo al ejercicio del recurso mucho menos se escuchan propuestas cívicas previo su destino final.
Es por todos sabido que los gobiernos en donde se toman decisiones a puerta cerrada son susceptibles de utilizar recursos de manera deficiente ya que sus funcionarios tienen ideas y enfoques limitados (no siempre los puestos públicos son ocupados por los más inteligentes o informados). Por otro lado, en los estados donde se permite la participación ciudadana los procesos son abiertos, transparentes y son susceptibles a tomar mejores decisiones y optimizar los recursos ya que cualquier individuo puede convertirse en un actor político, inclusive amas de casa, profesionistas, profesores, estudiantes, etcétera. De esta forma, alguien informado, creativo y con ganas de ayudar puede aportar ideas y soluciones más acertadas que las que provengan de los funcionarios públicos.
Pues bien, creo que es momento de que nos convirtamos en una sociedad más inteligente para poder lograr tener un gobierno aún más inteligente. En la medida en la que estemos enterados del proceso oficial de utilización de los recursos públicos e intervinimos en la toma de decisiones, podremos promover una efectiva aplicación del dinero en proyectos o propuestas que para los ciudadanos sean de mayor relevancia. Vaya, es imperativo y necesario dejar a un lado el gobierno autoritario que hasta hoy de facto tenemos para transitar a un gobierno abierto – transparente (proporcionen información previa y posterior rendición de cuentas), en donde cualquiera pueda participar (sean o no funcionarios) e intervenir (con intervención de sector público y privado).
Es cada vez más evidente que el recurso más valioso de nuestra sociedad es el ciudadano inquieto e informado; accedamos pues a esos recursos de participación que están a nuestro alcance ya que, en un mundo de recursos limitados, por qué nuestro Gobierno habría de ignorar la gran cantidad de enfoques diversos, ayuda o colaboraciones?
Asimismo, en la medida en que más personas participemos, más ojos detectarán mas fácilmente el despilfarro, fraudes y abusos en el presupuesto local y estatal. Saber que alguien está observando y opinando lleva a un mejor desempeño de quienes trabajan en las instituciones, sobre todo cuando realizan sus tareas habituales.
Hoy en día es imperativo que cantidades tan considerables de dinero sean empleadas en atender el interés social a razón de escrutinio y consulta de la utilización de los recursos previo a su gasto. Es hora de que los activistas de las redes sociales no solo desafíen a la Autoridad sino que cambien las formas en las que se ejerce el poder y se involucren en los temas que les apasionan e interesan. Será interesante ver como se derrotan las malas propuestas en base a la creación de otras nuevas, implementando buenas políticas.
En conclusión, tenemos el derecho a pedir información en torno a las futuras decisiones de nuestros gobiernos, intervenir en la solución de problemas y participar en la asignación de recursos y bienes públicos. Ejerzamos nuestros derechos y hagamos la diferencia de una vez por todas.
Por mi parte, les dejaré una liga para que puedan acceder a un modelo de petición de información que pueden personalizar para hacérsela llegar a la autoridad que consideren necesaria: www.ugasesores.com/cartapeticion Accesando a la liga podrán descargar el documento en formato “.doc”, modificarlo a conveniencia según la información o documentos a solicitar e imprimir; esto para posteriormente presentarla a la Autoridad respectiva. Ojo, las peticiones hoy por hoy, se pueden hacer llegar ya sea vía redes sociales, correos institucionales o bien, de manera física, directamente en las dependencias gubernamentales.
