Por Miriam Ramírez
Con la colaboración de Armando Ríos y Melva Frutos
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto de investigación del ICFJ en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Un arbusto silvestre con flores amarillas crece de entre los escombros. Alrededor montones de tierra, tablaroca destruida y pedazos de concreto. Los desechos desperdigados son testigos silenciosos de las irregularidades, fallas e incumplimientos que han retrasado por más de cinco años la apertura del Hospital Oncológico de Coahuila, un centro especializado en la atención de pacientes con cáncer y que ahora el gobierno federal pretende habilitar para atender la emergencia del coronavirus.
En el noreste de México existen al menos tres edificios de salud como el de Coahuila que han retrasado su operación por años y duplicado sus costos debido a deficientes manejos económicos y administrativos que han impedido que miles de habitantes accedan a mejores servicios de salud.
Al cierre de esta investigación, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas sumaban 159 casos de Coronavirus (con corte al 3 de abril), sus gobernadores han pedido recursos federales para atender la pandemia como una catástrofe y han alertado que el tema migratorio coloca en mayor riesgo a la población de la región noreste. Sin embargo, en sus ciudades cuentan con infraestructura hospitalaria que acumula hasta seis años sin lograr concluirse.
La Secretaría de Salud federal durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto firmó tres convenios con los gobiernos de Rubén Moreira Valdez, en Coahuila; Rodrigo Medina, en Nuevo León, y Egidio Torre Cantú, en Tamaulipas para construir y equipar hospitales de especialidades con recursos del fideicomiso del extinto Seguro Popular.
Debido a que estos proyectos no se concluyeron, al llegar los gobiernos de Miguel Ángel Riquelme en Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón en Nuevo León y Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, se firmaron nuevos convenios federales para terminar los mismos hospitales pero tampoco se han logrado poner en operaciones.
Los proyectos que en origen debían estar terminados en un plazo de entre seis meses y un año, se prolongaron por cuatro a seis años más de lo proyectado.
La inversión inicial autorizada para los tres nosocomios, para infraestructura y equipamiento, fue de 979 millones 037 mil 435 pesos, pero tras las modificaciones, los retrasos y las suspensiones de las obras, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto tuvo que realizar un nuevo desembolso de 875 millones 845 mil 533 pesos para concluir los proyectos. Casi el doble del costo original.
Para los tres hospitales se autorizaron en total recursos por mil 854 millones de pesos. Hasta la fecha a las entidades se les han entregado mil 558 millones de pesos para la construcción y el equipamiento de los nosocomios que no han terminado.
Tras una revisión a los procesos de contratación de las obras, convenios de modificación de inversión y ampliación de plazos, así como a los informes de auditoría que la Auditoría Superior de la Federación ha realizado a las dependencias estatales y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), la dependencia encargada de administrar y operar los recursos del extinto Seguro Popular ahora transferida al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), se logró documentar un esquema de violaciones y omisiones legales en que coinciden las diferentes dependencias de contratación de obra y adquisición de equipo médico en cada estado.
En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se repiten proyectos ejecutivos mal estructurados, retrasos en el pago de los anticipos a pesar de contar con el recurso autorizado, obras de mala calidad sin supervisión oficial y convenios modificatorios que se excedieron hasta en tres veces el plazo original para construir las obras.
También los tres estados del noreste repitieron la práctica de comprar el equipo médico antes de concluir la obra, material millonario que se encuentra empaquetado en bodegas y sin seguro contra riesgos.
La Auditoría Superior de la Federación ha señalado los errores y omisiones de los funcionarios responsables y ha ordenado sanciones administrativas, pero nada ha logrado que los hospitales abran sus puertas.
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