No es necesario tocarse, ni siquiera reunirse, para que los miembros del gabinete estén comunicados y coordinados. No debería haber sana distancia entre secretarios con criterios científicos y funcionarios con prioridades políticas.
El viernes 20 de marzo, alrededor de las 18:00 horas, alguien en el gobierno federal decidió difundir el borrador de un acuerdo en el que se anunciaba la suspensión de las labores “no indispensables” en la Administración Pública Federal, como una medida para hacer frente “de manera eficaz y oportuna” a la situación de emergencia que vive el país.
El supuesto acuerdo se presentaba como el resultado de las deliberaciones del Consejo de Salubridad, que un día antes había celebrado su primera sesión extraordinaria en medio de la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud desde el 11 de marzo.
En el acuerdo se instruía a los titulares de todas las dependencias identificar las áreas que continuarían laborando por ser indispensables para afrontar la situación de emergencia, “a fin de garantizar la suficiencia, oportunidad, y continuidad en la prestación de servicios”. Y se exhortaba a las entidades y municipios de todo el país a tomar medidas similares en el periodo que corre del 23 de marzo al 19 de abril.
El documento, membretado con los logotipos del Gobierno de México, la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Función Pública, se publicó a las 17:56 horas en el portal oficial de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y se acompañaba de una hoja de firmas con líneas en blanco para la rúbrica del secretario Jorge Alcocer y la secretaria Irma Eréndira Sandoval.
En una administración pública federal con 291 dependencias y 1.4 millones de servidores públicos, la suspensión de labores no prioritarias aparecía como una medida extraordinaria ante la presencia de una “enfermedad grave” y una “situación seria que pone en riesgo la salud de la población en general” debido a la fácil propagación del Coronavirus.
Parecía, sin embargo, una medida contrastante con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que esa misma mañana había pedido serenidad, calma y confiar en que él mismo será quien informe cuando sea necesario tomar medidas extraordinarias.
Mientras el presidente recorría Oaxaca en una gira de supervisión de obras, su gobierno anunciaba el cierre parcial de operaciones.
Por eso, no fue extraño que a las 10 de la noche del viernes, la Secretaría de la Función Pública emitiera el comunicado 033/2020, desmintiendo “categóricamente” el documento distribuido.
A las 23:24 PM, Sandoval tuiteó: “Función Pública NO ha ordenado la suspensión de labores en la Administración Pública Federal. El @GobiernoMX seguirá trabajando y garantizando todos los servicios a la ciudadanía”.
Pero, para ese momento, el falso acuerdo corría como la pólvora en redes sociales, y había sido dado por válido en diversos medios de comunicación e instituciones públicas, que comenzaron a preparar las medidas que tomarían a partir del lunes 23 de marzo, en apego al acuerdo del gobierno federal.
Extraoficialmente, algunos funcionarios explicaron que el documento era preliminar, no una versión definitiva, y que “alguien” había decidido filtrarlo para su difusión.
Oficialmente, el subsecretario Hugo López-Gatell –quien ha asumido el papel de vocero en la contingencia– improvisó una insólita explicación 24 horas después, pasadas las 10 de la noche del sábado 21: “se filtró un borrador no autorizado; el documento incompleto fue presentado como una disposición de aplicación inmediata. Se trata de un material con el objetivo de que la Administración Pública Federal ponga en práctica protocolos para seguir operando”.
¿Cuántos mensajes y llamadas debieron ocurrir entre funcionarios de primer nivel para confirmar, aclarar y finalmente desmentir el acuerdo filtrado? Sólo ellos lo saben.
Lo cierto es que no es asunto menor que, en una situación de emergencia a nivel mundial, el gobierno de México caiga en estas contradicciones y exhiba así las diferencias existentes en el gabinete.
La anécdota del falso acuerdo podría ser indicativo de un serio diferendo entre científicos y políticos dentro del equipo de López Obrador; o al menos revela diferencias entre los criterios técnicos de la Secretaría de Salud y los cálculos políticos de Presidencia y de la Función Pública.
Filtrar y luego desconocer un documento oficial en el que se incluye la clara advertencia del Consejo de Salubridad de que “el incremento en los casos obliga a México a maximizar los procesos para contener y retardar su propagación”, es un asunto muy serio.
La Jornada Nacional de Sana Distancia, instrumentada desde la semana pasada para evitar el contacto físico entre la población –incluida la aparición de una simpática caricatura llamada Susana–, no debería significar el aislamiento de nadie, mucho menos el de las autoridades entre sí.
En pleno 2020, no es necesario tocarse, ni siquiera reunirse en una misma sala, para que los miembros del gabinete estén conectados, comunicados y coordinados.
No debería haber sana distancia entre secretarios con criterios científicos y funcionarios con prioridades políticas, sino colaboración estrecha y diseño conjunto de políticas públicas emergentes.
Hasta las 19:00 horas del sábado 21 de marzo, la Secretaría de Salud reportaba 251 casos confirmados, 697 sospechosos, mil 463 casos negativos y dos defunciones.
Los casos dejaron de duplicarse de un día para otro, pero los científicos advierten que aún se espera la peor fase de la enfermedad.
En una contingencia así, los técnicos deberían llevar la batuta, y guiar las decisiones estratégicas de todo el gobierno, incluidas –desde luego– la agenda y conducta del presidente y de todos los funcionarios que fungen como voceros en la emergencia.
Resultará mucho más útil un subsecretario de Salud con perfil técnico, objetivo y apegado al frío guion de los datos duros y concretos, que un funcionario locuaz, popular en redes sociales y dispuesto a acomodar cualquier consideración científica al tono marcado por el presidente desde las conferencias mañaneras.
Se requerirá de un médico, no de un vocero que actúe con cálculo político.
