Hermosillo, Sonora.- El Pleno del Congreso del Estado resolvió exhortar al Presidente de la República, para que a través de la Secretaría de Gobernación declare la alerta de violencia de género en el país, y aprobó un Decreto para integrar el Registro Estatal de Víctimas, en el cual se incluirá a las niñas, niños y adolescentes del Estado de Sonora en situación de orfandad por feminicidio.
En la misma temática, en esta sesión ordinaria se presentaron iniciativas para que la penalidad a quien cometa el delito de feminicidio vaya de 40 a 80 años de prisión en lugar de 30 a 60 años como está actualmente, y para que este Poder Legislativo cuente con una unidad técnica para la igualdad de género, mismas que se remitieron para estudio a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y para la Igualdad de Género, respectivamente.
El Acuerdo que resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación declare la alerta de violencia de género en el país, también está dirigido a las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, a efecto de que soliciten al Presidente de la República dicha declaratoria.
La diputada Leticia Calderón Fuentes presentó esta propuesta al Pleno, la cual inicialmente planteaba declarar la alerta en la entidad, por considerar, expuso, que en el Estado de Sonora la violencia de género contra las mujeres ha ido en aumento en los últimos años.
Refirió que el Artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la Alerta como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, en tanto el Artículo 25 establece que corresponde al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, hacer la declaratoria y notificar al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.
En el punto tercero del Acuerdo se establece exhortar a la Gobernadora del Estado, para que con independencia de la emisión de la alerta de violencia de género por parte del Gobierno Federal, realice las acciones gubernamentales de emergencia que sean necesarias para enfrentar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y garantizar su seguridad en el Estado de Sonora.
Se acordó incluir en el exhorto al Fiscal General de la República, a la Fiscal General de Justicia del Estado y a los 72 presidentes municipales.
En la discusión de la propuesta participaron los diputados Carlos Navarrete Aguirre, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Eduardo Urbina Lucero, Luis Armando Colosio Muñoz, María Dolores Del Río Sánchez, Alicia Gaytán Sánchez, Jorge Villaescusa Aguayo, Rodolfo Lizárraga Arellano, Filemón Ortega Quintos y Miguel Ángel Chaira Ortiz.
Las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, en forma unida, presentaron al Pleno el dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con base a la iniciativa que el pasado 28 de noviembre presentó la diputada Rosa Icela Martínez Espinoza, que tiene por objeto proteger a los menores de edad que son víctimas colaterales del delito de feminicidio por la privación de la vida de sus madres.
“El padrón de víctimas indirectas del feminicidio permitirá identificar con claridad a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por el asesinato de sus madres, y brindarles protección a sus derechos”, expresó la legisladora.
El Decreto establece que en la Ley de Atención a Víctimas, de manera explícita, se deja a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, órgano operativo del sistema estatal en la materia, la integración del Registro Estatal, en el cual se incluirá a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
En la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establecen las medidas protectoras especiales que deben llevar a cabo las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para garantizar el respeto a los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad, agregó.
