El caso reactiva la discusión legal y política sobre derechos constitucionales, cooperación estatal-federal y el alcance de las facultades de los agentes en comunidades migrantes.
Investigaciones federales apuntan a que la masacre en Salamanca, Guanajuato, donde 11 personas fueron asesinadas en una cancha de futbol, estaría relacionada con la disputa entre grupos criminales.
