La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó indicios de una posible filtración masiva de datos personales que involucraría más de 12.9 millones de registros, presuntamente comercializados en Telegram y atribuidos a diferentes call centers.
La polémica por el llamado “artículo Antimemes” llevó a las comisiones del Senado a modificar la redacción del artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que originalmente contemplaba penas de prisión de hasta siete años por el uso de determinados elementos de identidad gráfica gubernamental.
