Cada vez que se anuncia un nuevo aumento de las remesas, la cifra suele presentarse como una buena noticia para México. Y lo es, sobre todo para millones de familias. Durante el primer semestre de 2026, el país recibió 30 mil 759 millones de dólares, 3.1% más que en el mismo periodo del año anterior. Tan sólo en junio llegaron 5 mil 472 millones de dólares.
Pero conviene entender de dónde viene ese dinero. No es producto de una política pública ni de una inversión gubernamental. Es resultado del esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos que trabajan fuera del país y que, después de pagar renta, alimentos y transporte, apartan una parte de su salario para sus familias.
Para muchos hogares, esos dólares significan comida en la mesa, medicinas, colegiaturas, la reparación de una vivienda o la posibilidad de enfrentar una emergencia. Las remesas funcionan como una red de protección familiar y, en muchas comunidades, mantienen en movimiento el comercio local. Negar su importancia sería desconocer la realidad cotidiana del país.
El problema comienza cuando confundimos ese alivio con desarrollo. Una remesa puede pagar la despensa, pero no sustituye un empleo bien remunerado. Puede financiar los estudios de un hijo, pero no reemplaza una escuela de calidad. Puede cubrir una consulta médica, pero no construye un sistema de salud. Y puede mejorar una casa, pero no lleva por sí sola agua, carreteras, seguridad o inversión a una comunidad.
Por eso, su crecimiento tiene dos lecturas. La primera habla de solidaridad, sacrificio y responsabilidad familiar. La segunda es más incómoda: México sigue dependiendo de ingresos generados fuera de sus fronteras porque aquí no ha creado suficientes oportunidades para que todas las personas vivan dignamente de su trabajo. Hay una paradoja difícil de ignorar. Celebramos que entren más dólares, pero rara vez preguntamos por qué tantas familias necesitan que uno de sus integrantes se vaya para salir adelante. El dinero llega; la ausencia también. Detrás de cada transferencia puede haber años de separación, comunidades que pierden población joven y hogares sujetos a las decisiones económicas y migratorias de otro país.
Las remesas deben reconocerse y facilitarse: reducir comisiones, evitar abusos y promover que una parte, cuando las familias así lo decidan, pueda convertirse en ahorro o inversión. Pero la responsabilidad del Estado no puede descansar en el bolsillo de quienes emigraron. El éxito económico de México no debería medirse por cuánto dinero mandan quienes tuvieron que irse, sino por las oportunidades que ofrecemos para que nadie abandone su comunidad por necesidad. Las remesas alivian el presente de millones de familias; sólo el empleo, la inversión y los servicios públicos pueden construir su futuro.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional.
