El futuro de un país no se derrumba de golpe: se deteriora cuando sus niñas, niños y adolescentes dejan de aprender, dejan de asistir a la escuela o permanecen en aulas donde el Estado ya no garantiza lo básico. Eso es lo que está ocurriendo en México. La crisis educativa no es una abstracción técnica ni un debate reservado a especialistas; es una fractura silenciosa que compromete la movilidad social, la productividad, la seguridad y la democracia de las próximas décadas.
Los datos son contundentes. En la prueba PISA 2022, México retrocedió frente a 2018: en matemáticas bajó de 409 a 395 puntos; en comprensión lectora, de 420 a 415; y en ciencias, de 419 a 410. El deterioro es todavía más grave cuando se mira lo esencial: apenas 34% de los estudiantes mexicanos alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas, frente al 69% promedio de la OCDE. En lectura, lo logró 53%, contra 74% de la OCDE; y en ciencias, 49%, frente a 76%. Dicho con claridad: dos de cada tres estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel básico en matemáticas.
Pero el problema no termina en lo que aprenden. También está en quiénes están llegando —o dejando de llegar— a la escuela. La cobertura en primaria pasó de 98.7% en el ciclo 2018-2019 a 94.5% en 2024-2025; en secundaria, de 96.5% a 93.1%; y en preescolar, de 72.1% a 63.9%. En media superior también se observa una caída aproximada de 84.2% a 74.8%, aunque ese dato debe leerse con cautela metodológica porque no corresponde exactamente al mismo indicador. Aun así, el mensaje de fondo es ineludible: México no sólo enfrenta bajos aprendizajes, también una menor presencia escolar. Sería cómodo atribuir todo a la pandemia. Sería también insuficiente. La emergencia sanitaria agravó rezagos, interrumpió trayectorias y expuso desigualdades, pero no explica por sí sola la debilidad estructural del sistema. La precarización educativa también responde a decisiones públicas tomadas sin continuidad, sin evaluación suficiente y sin una idea clara de Estado. El IMCO lo sintetizó con dureza al señalar la improvisación exhibida por las autoridades educativas ante la posibilidad de modificar el calendario escolar por el calor y el Mundial: un anuncio, una rectificación, reuniones posteriores y finalmente la decisión de mantener el calendario original. En pocos días, quedó expuesta una forma de gobernar la educación más cercana a la ocurrencia que a la planeación.
La educación no puede depender del ánimo sexenal, del cálculo político ni de comunicados improvisados. Cada cambio curricular, cada ajuste administrativo, cada decisión sobre calendarios, libros, evaluación docente o programas de recuperación debería partir de diagnósticos técnicos, evidencia pública y metas verificables. Sin embargo, con frecuencia se anuncia una “transformación educativa” mientras las escuelas siguen enfrentando carencias materiales, docentes sobrecargados, estudiantes con rezagos acumulados y familias que no encuentran en el sistema una ruta real de futuro.
El contraste es brutal. Hablar de transformación no basta si un niño no comprende lo que lee, si una adolescente no domina operaciones matemáticas básicas, si una escuela funciona como espacio de cuidado, pero no de aprendizaje, o si miles de estudiantes simplemente dejan de estar presentes. La verdadera política educativa no se mide por el discurso, sino por la capacidad de garantizar aprendizajes básicos, permanencia escolar, condiciones dignas para enseñar y continuidad institucional.
México necesita dejar de tratar la educación como campo de ensayo sexenal. Urge convertirla en una política de Estado: con evaluación seria, recuperación de aprendizajes, combate al abandono escolar, fortalecimiento docente, inversión focalizada y rendición de cuentas. La precarización educativa no sólo empobrece a la escuela; empobrece el porvenir del país. Y cuando un país renuncia a educar bien a sus nuevas generaciones, renuncia también a buena parte de su futuro.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional
