Nueva York, NY.- El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, insistió ante una Corte de Apelaciones en Nueva York que el juicio y condena que se le impuso por cargos de narcotráfico debe ser cancelado, y acusó que el gobierno de México obstaculizó su defensa al haber intimidado a personas que podrían haber declarado a su favor y haberlo limitado financieramente.
En un escrito de réplica presentado ante la Corte luego de que los fiscales insistieron en que se desechara la apelación promovida por el exfuncionario mexicano, los abogados defensores sostuvieron que cuentan con evidencia “irrefutable” de que los testigos clave presentados en el juicio cometieron perjurio, es decir, que mintieron deliberadamente, y que los fiscales ocultaron datos clave.
La defensa argumenta que nada de esto se puedo obtener antes pues la posición adoptada por el gobierno de México (en aquel momento presidido por Andrés Manuel López Obrador) de convertir a García Luna en un “enemigo de Estado”, y la persecución que ello desató, les retrasó en allegarse de esos materiales.
Sin detallar algún ejemplo o hecho concreto, el abogado defensor Cesar de Castro dijo, por ejemplo, que cualquier persona que quisiera testificar públicamente en defensa el exfuncionario correría el riesgo de ser detenido en México.
“Los desafíos para la defensa fueron enormes. Cuando García Luna fue acusado formalmente, cualquier testigo que pudiera haber recordado algo se encontraba en México y estaba bajo la amenaza de arresto si ayudaba a García Luna o a su familia, quienes eran y siguen siendo considerados enemigos del Estado (mexicano)”, indicó el litigante.
Otro obstáculo, agrega el abogado, fueron las limitaciones financieras que se impusieron al entorno de García Luna como resultado de los bloqueos ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sumado a las acusaciones e las que también fueron objeto alguno de sus familiares.
“Tras su arresto, la familia de García Luna fue excluida o perdió cualquier acceso a bienes en México y a su sistema bancario. Además, la familia de García Luna estaba sujeta a arresto en México, y cualquier persona que lo ayudara también podía ser detenida”.
“Asimismo, dado que la mayor parte de la nueva evidencia se encontraba en México, aun cuando la defensa hubiera tenido conocimiento de ella, no tenía la posibilidad de citar a declarar a estos posibles testigos”, agregaron en su escrito.
¿Por qué es relevante?
En el escrito de respuesta a la apelación presentada en diciembre por García Luna, el gobierno de los Estados Unidos a través de sus fiscales acusó que los elementos en los que el exfuncionario mexicano sustenta que el proceso estuvo viciado son improcedentes y extemporáneos.
Entre otras cosas, los fiscales aseguraron que los abogados de García Luna fallaron en su deber de “debida diligencia”, pues las pruebas que pretenden poner en la mesa de la Corte de Apelaciones podían haberlas presentado durante el desarrollo del juicio en la Corte federal de Brooklyn. El que no lo hayan hecho a tiempo, agrega el gobierno, no es argumento para sustentar una apelación.
En ese contexto, el abogado defensor negó que hayan actuado de manera deficiente o negligente, pero insistió que tuvieron que enfrentar un clima adverso, desde la pandemia del Covid-19 hasta los obstáculos referidos desde México, lo que complicó allegarse de estos elementos para presentarlos en el juicio.
“El Tribunal debe concluir que García-Luna actuó con la debida diligencia al preparar su defensa mientras se encontraba encarcelado durante una pandemia global, en la que posibles testigos en México tenían demasiado miedo y no se presentaron sino hasta después del juicio” explicó De Castro.
Evidencia oculta y perjurio
La defensa de García Luna señaló que en los meses posteriores al juicio se acercaron a ellos tanto exagentes retirados de la DEA, así como varias fuentes mexicanas, que les hicieron llegar datos y documentos que mostrarían que los dos testigos estrella presentados por los fiscales, el exsecretario de finanzas de Coahuila, Héctor Villarreal, y el exagente federal, Francisco Zavaleta, cometieron perjurio.
En el juicio Zavaleta testificó haber presenciado el momento en que García Luna fue interceptado y secuestrado por Arturo Beltran Leyva, en aquel momento aliado al Cartel de Sinaloa, mientras Villarreal dijo que García Luna sobornó a medios para que ese tipo de historias no se conocieran.
Este último, además, narró encuentros en donde el exsecretario de Seguridad federal supuestamente había presumido el bunker y el uso de Pegasus.
El punto medular, dice el abogado, es que hay documentos y evidencia que en esas fechas el exfuncionario no estaba en esos sitios; que el bunker de la Policía Federal aun no existía; entre otros. Por tanto, es imposible que esos hechos que fueron expuestos al jurado pudieran haber ocurrido.
En cambio, de lo que sí dice haber evidencia, apunta De Castro, es de que Villarreal, quien en ese momento se encontraba bajo proceso en Estados Unidos por corrupción, seguía delinquiendo, situación que habría sido ignorada y omitida por los fiscales.
“Después del juicio, la defensa fue contactada por exagentes de la DEA que se presentaron voluntariamente porque quedaron sorprendidos de que el gobierno hubiera llamado a Villarreal como testigo, considerando su investigación sobre los delitos que Villarreal presuntamente continuó cometiendo mientras cooperaba con el gobierno”.
“Solo después de reunirse personalmente con ellos, meses después del juicio, proporcionaron a la defensa la evidencia que habían recopilado sobre las actividades de Villarreal mientras era cooperador del gobierno — información que previamente habían entregado a dos Fiscalías Federales de los Estados Unidos en Texas”, indica De Castro en el escrito.
Al igual que en el escrito inicial de apelación, el abogado insistió en que los fiscales no solo ocultaron datos que mostraban que sus testigos mentían, sino también videncia potencialmente exculpatoria o favorecedora para García Luna, entre ellos documentos que su perfil fue validado y certificado por las propias agencias de seguridad de Estados Unidos en el marco de un equipo conjunto de colaboración y capacitación que se estableció para ello.
¿Qué sigue?
Con la presentación del escrito de réplica de la defensa concluye la etapa escrita del proceso de apelación impulsado por García Luna en la Corte de Apelaciones federal con sede en Nueva York.
Lo que sigue ahora será una audiencia, solicitada por ambas partes, para que se expongan algunos argumentos a favor y en contra.
Aunque la fecha de esa audiencia aún no ha sido programada lo que está claro, según los tiempos que ya ha marcado la Corte, es deberá llevarse a cabo antes de septiembre.
Luego de esos alegatos el grupo de tres magistrados a cargo anunciará en los siguientes meses la resolución la cual podría ir desde el desechamiento de la apelación, hasta ordenar reponer el juicio en contra el exfuncionario.
