El reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU abrió una nueva controversia en México, no sólo por la gravedad de sus hallazgos, sino por la reacción política que desató. En el centro del debate hay un punto que conviene no perder de vista: el propio organismo internacional reconoce que no existen elementos para sostener que haya una política de Estado a nivel federal orientada a promover desapariciones. Es un matiz relevante en medio de una discusión que rápidamente se polarizó.
Sin embargo, ese mismo informe advierte algo igual o más preocupante: existen indicios fundados de participación de autoridades locales —policías municipales y estatales— ya sea por acción directa, omisión o aquiescencia. Es ahí donde la narrativa cambia. El problema no es menor ni marginal, sino estructural y profundamente arraigado en el territorio.
La respuesta del gobierno federal ha sido, en esencia, de rechazo. Se ha cuestionado la metodología del informe, su alcance e incluso la pertinencia de solicitar la intervención de la Asamblea General de la ONU. Desde esta perspectiva, el señalamiento internacional es visto como una sobrerreacción que no reconoce los esfuerzos institucionales emprendidos en los últimos años.
Del otro lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha defendido la solidez de su análisis. Su argumento es jurídico y técnico: no se trata de imputar responsabilidades políticas generales, sino de activar mecanismos internacionales ante la posible comisión de desapariciones que podrían escalar a la categoría de crímenes de lesa humanidad.
La sociedad civil, por su parte, ha reaccionado con un respaldo amplio al informe. Colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos han insistido en que la crisis es innegable. Más de 4,500 fosas clandestinas, miles de restos humanos sin identificar y una crisis forense que rebasa las capacidades del Estado son evidencia suficiente de la magnitud del problema. Los hechos recientes refuerzan este diagnóstico. En Sonora, el hallazgo de restos óseos en distintos puntos del estado, impulsado en gran medida por el trabajo de buscadoras como Ceci Flores, vuelve a poner rostro humano a una tragedia que no cesa. No se trata de casos aislados, sino de una realidad que se repite en distintas regiones del país.
Frente a este escenario, la discusión no debería agotarse en la descalificación o en la defensa institucional. El informe del CED también abre una puerta que México podría aprovechar: la cooperación internacional. La posible intervención de la ONU no implica una pérdida de soberanía, sino la oportunidad de acceder a asistencia técnica, financiamiento y capacidades especializadas en identificación forense, búsqueda y atención a víctimas.
Aceptar esa ayuda no es reconocer debilidad, sino asumir con seriedad la dimensión del problema. México enfrenta una crisis compleja, donde confluyen fallas institucionales, debilidad local y redes criminales. Resolverla requiere algo más que voluntad política: exige capacidades que hoy claramente están rebasadas. El verdadero dilema no es si el informe es incómodo, sino si se está dispuesto a utilizarlo como un punto de inflexión. Negar el problema no lo reduce; en cambio, abrirse a la cooperación internacional puede ser el primer paso para empezar a resolverlo.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional
