El debate económico reciente ha puesto el foco en los desafíos estructurales que enfrenta México: bajo crecimiento, debilidad de la inversión y un entorno institucional cada vez más incierto. Sin embargo, más allá de los diagnósticos coyunturales, existe un problema menos visible pero más determinante: la sostenida reducción del gasto público en infraestructura y sus efectos acumulativos sobre la economía real.
Durante la última década, la inversión pública en México ha transitado de niveles cercanos al 4.5% del PIB a rangos entre 2% y 3%, ubicándose por debajo del promedio de economías comparables. Esta caída no es menor. La evidencia económica es consistente en señalar que la inversión pública tiene efectos multiplicadores: impulsa la productividad, genera empleo y detona inversión privada. Su debilitamiento, por el contrario, limita el crecimiento potencial y reduce las oportunidades de desarrollo.
En este contexto, la reciente aprobación de la Ley de Fomento a la Inversión en Infraestructura Estratégica aparece como un intento relevante por revertir esta tendencia. La propuesta busca articular esquemas de coinversión público-privada, crear vehículos financieros específicos y dotar al Estado de mayor capacidad para estructurar proyectos prioritarios en sectores clave. En el papel, se trata de un instrumento que reconoce correctamente que la inversión pública, por sí sola, es insuficiente para cerrar las brechas de infraestructura. Sin embargo, el diseño de la ley también revela las limitaciones del entorno actual. La concentración de facultades en la autoridad hacendaria, la discrecionalidad en la definición de proyectos y la existencia de regímenes especiales de contratación introducen riesgos relevantes en materia de certidumbre, transparencia y competencia. Más aún, la posibilidad de generar compromisos plurianuales y pagos diferidos puede trasladar presiones fiscales hacia el futuro sin resolver los problemas de fondo en el presente.
Este esfuerzo, por sí mismo, difícilmente será suficiente. Y es aquí donde el diagnóstico estructural cobra fuerza. La discusión sobre la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, ilustra bien esta tensión. Si bien la medida busca mejorar las condiciones de bienestar, también implica mayores costos para las empresas en un entorno donde no existen apoyos claros para facilitar la transición. En una economía con alta informalidad y baja productividad, estos cambios requieren de una base material sólida que hoy no está garantizada. El problema no es la intención de las reformas, sino el contexto en el que se implementan. La baja inversión en infraestructura reduce la capacidad del país para absorber ajustes laborales, atraer capital y mejorar su competitividad. A ello se suman factores que agravan la incertidumbre: debilitamiento institucional, mayor intervención estatal en sectores estratégicos y un entorno de inseguridad persistente. El resultado es un escenario contradictorio. Por un lado, se diseñan instrumentos para detonar la inversión; por el otro, se erosionan las condiciones que la hacen viable. La Ley de Fomento a la Inversión es, en ese sentido, un esfuerzo que apunta en la dirección correcta, pero que opera en contra de las inercias estructurales del propio modelo.
México enfrenta un problema más profundo que la falta de inversión privada. Se trata de un debilitamiento progresivo de los motores del crecimiento. Sin una recuperación sostenida de la inversión pública —y sin condiciones institucionales que generen confianza—, cualquier intento de reactivación corre el riesgo de quedarse en el papel.
El crecimiento no se decreta. Se construye. Y hoy, esa construcción sigue siendo insuficiente.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional.
