ARIZONA — Las recientes acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona han provocado reacciones a nivel estatal, del condado y municipal.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, advirtió sobre los riesgos legales y de seguridad que pueden surgir cuando agentes federales realizan operativos sin identificación clara, especialmente en un estado con amplias leyes de defensa propia.
Mayes ha generado controversia estatal por sus declaraciones recientes vinculadas a la presencia de agentes federales en el estado. En una entrevista con 12News, Mayes expresó preocupación por la posibilidad de “situaciones combustibles” si agentes del ICE que usan máscaras o ropa civil participan en operativos sin identificación clara, dado el amplio alcance de las leyes de defensa propia de Arizona.
Mayes advirtió que las tensiones entre residentes armados y oficiales con identificación mínima podrían tornarse peligrosas bajo la ley de “Stand Your Ground” del estado, que permite el uso de fuerza letal cuando una persona cree razonablemente estar en peligro inminente.
En el sur de Arizona, la fiscal del Condado de Pima, Laura Conover, solicitó a la comunidad que documente cualquier posible conducta inapropiada durante estos operativos, mientras que la Ciudad de Tucson informó que monitorea de cerca la actividad federal y reiteró su compromiso de proteger los derechos constitucionales y la seguridad de los residentes.
La fiscal del Condado de Pima, Laura Conover, pidió a la comunidad que envíe fotografías o videos que documenten posibles conductas inapropiadas durante recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en vecindarios del condado.
En un comunicado del 23 de enero, la Oficina del Fiscal señaló que la naturaleza de la actividad de ICE difiere de las acciones habituales de las agencias locales del orden. La dependencia instó a los residentes a remitir cualquier material audiovisual relevante a través de su sitio web oficial.
Conover recordó a la comunidad ejercer sus derechos constitucionales de manera pacífica. “Usen sus derechos constitucionales, alcen la voz, únanse y protéjanse mutuamente”, afirmó, al tiempo que agradeció la respuesta pacífica de los residentes.
La fiscal advirtió que cualquier acto de violencia será investigado sin importar la agencia involucrada. “Si infringen nuestras leyes y causan daño, y si tengo pruebas de ello, se enfrentarán a todo el peso de la ley”, dijo.
Ciudad remite a recursos de ‘Conozca sus derechos’
Por separado, la Ciudad de Tucson informó que monitorea de cerca las acciones federales en el país y cuenta con un plan de respuesta para proteger la seguridad comunitaria y los derechos constitucionales, según un comunicado municipal.
Funcionarios indicaron que la Guardia Nacional no está desplegada en Tucson ni se ha anunciado un despliegue. Añadieron que la ciudad está preparada para responder, incluso mediante acciones legales, si se enviaran tropas federales sin una solicitud de la Ciudad o del Estado de Arizona.
La Ciudad reconoció actividad reciente de ICE en la región, pero subrayó que no respalda acciones que generen temor en la comunidad y dirigió a los residentes a recursos de ICE sobre “Conozca sus derechos”.
La ciudad recalcó que la información que aparece en la página es solo a título informativo y no constituye asesoramiento legal, y añadió que se recomienda a los residentes que tengan preguntas legales que consulten con un abogado.
Avanza en Arizona la SB1055: la iniciativa que obligaría a policías locales a cooperar con ICE
Una nueva iniciativa legislativa con implicaciones directas sobre la política migratoria estatal ha comenzado a avanzar en la sesión de 2026 de la Legislatura de Arizona. La propuesta SB 1055, presentada por la senadora Wendy Rogers (Republicana), plantea cambios sustantivos en la forma en que las fuerzas del orden estatales y locales cooperan con las agencias federales de inmigración.
La SB 1055, formalmente titulada “Arrestees; unlawfully present; reporting”, busca enmendar la sección 11-1051 del Arizona Revised Statutes, enfocada en la cooperación y asistencia para la aplicación de leyes migratorias federales.
Los ejes principales incluyen:
- Obligar a que ningún ente estatal o local pueda limitar la aplicación de leyes migratorias federales por debajo del máximo permitido por ley federal.
- Mandar a las agencias policiales a hacer un intento razonable de verificar el estatus migratorio de una persona durante una detención o arresto si hay sospecha de que podría estar “ilegalmente presente” en EE. UU., y verificar ese estatus según el Código federal de los Estados Unidos (8 U.S.C. § 1373(c)).
- Notificar inmediatamente a las autoridades federales (ICE o CBP) cuando una persona sospechada de estar indocumentada es arrestada o condenada por un delito estatal o local.
- Autorizar el transporte seguro de personas verificadas como indocumentadas a instalaciones federales, con acceso judicial para traslados fuera del estado.
- Permitir el intercambio de información sobre estatus migratorio con otras agencias gubernamentales para fines oficiales.
- Facultar a personas para demandar a agencias que limiten la cooperación, con posibles multas civiles de entre $500 y $5,000 por cada día que una política de restricción se mantenga.
El 24 de enero la Comisión de Military Affairs and Border Security aprobó la medida con un voto dividido de 4-3, marcando su avance a la siguiente etapa del proceso legislativo.
La propuesta está pendiente de acción en la comisión de Rules antes de un posible voto en el pleno del Senado.
