Javier López Zavala fue declarado culpable del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento del penal de San Miguel, en Puebla, emitiera un fallo condenatorio en su contra. En la misma resolución fueron encontrados responsables su sobrino Jair N. y Silvestre N., señalados como los autores materiales del crimen ocurrido el 26 de mayo de 2022.
De acuerdo con la determinación judicial, López Zavala fue identificado como autor intelectual del asesinato, mientras que los otros dos implicados participaron directamente en la ejecución del ataque. Al cierre de la edición, la audiencia correspondiente al juicio no había concluido formalmente; no obstante, la parte acusadora confirmó el veredicto adverso para el ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla.
El fallo se conoció en medio de un proceso judicial prolongado y complejo. El acusado se desempeñó como secretario de Gobernación durante el gobierno de Mario Marín Torres, ex mandatario que actualmente enfrenta un proceso penal por el presunto delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.
Durante el desarrollo del juicio, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos mantuvieron una vigilancia constante, al advertir posibles intentos de favorecer al ex funcionario, particularmente por la extensión del proceso y el retiro de algunos testimonios presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Helena Monzón, hermana de la víctima, sostuvo desde el inicio de la audiencia más reciente que el procedimiento acumuló cerca de 80 audiencias, derivadas —según señaló— de estrategias dilatorias impulsadas por la defensa, las cuales consideró fueron permitidas por el Poder Judicial de Puebla.
Organizaciones civiles que acompañaron el caso coincidieron en que la resolución representa un avance relevante en la procuración de justicia para las mujeres, al lograrse acreditar tanto la ejecución material del crimen como la responsabilidad intelectual del ex funcionario.
Mientras el tribunal entraba en la etapa final del proceso, integrantes del colectivo Por las Mujeres de Puebla se manifestaron en las inmediaciones con pancartas, consignas y bengalas moradas, al considerar el fallo como resultado de una exigencia sostenida hacia las autoridades judiciales.
El proceso judicial aún contempla la audiencia de individualización de las penas, en la que se definirá la sanción correspondiente para cada responsable. La familia de Cecilia Monzón ha solicitado desde el inicio la pena máxima de 60 años de prisión, conforme a lo establecido en el Código Penal del estado para el delito de feminicidio.
La defensa de López Zavala sostuvo hasta el último momento que el ex funcionario sería absuelto y liberado, situación que finalmente no ocurrió. Además del proceso por feminicidio, permanece pendiente la resolución de un amparo relacionado con una sentencia por violencia familiar, la cual ha sido confirmada en dos ocasiones por el Tribunal de Enjuiciamiento.
Durante los casi tres años de lucha legal, familiares y colectivos realizaron manifestaciones, actos simbólicos y la producción de dos documentales que documentan el desarrollo del caso y la exigencia de justicia.
Previo a ingresar a la audiencia, Helena Monzón recordó que 95 por ciento de los feminicidios en México permanecen impunes, por lo que insistió en que el asesinato de su hermana no debía engrosar esa estadística, sino convertirse en un precedente.
Según la acusación de la FGE, López Zavala habría ordenado el asesinato en el contexto de un conflicto legal y personal, relacionado con la manutención del hijo que tuvo con la víctima. La investigación sostiene que el ex funcionario mantuvo control directo sobre la planeación del crimen y buscaba silenciar a Cecilia Monzón, quien lo había denunciado públicamente por violencia familiar.
La Fiscalía estableció que Jair N. actuó como enlace operativo y que contrató a Silvestre N., originario de Veracruz, para ejecutar el homicidio. Ambos interceptaron a la víctima cuando circulaba en su vehículo sobre el Camino Real a Cholula. El expediente detalla que el ataque fue directo y premeditado, con múltiples disparos que le causaron la muerte en el lugar.
Tras conocerse el fallo, integrantes de colectivos feministas expresaron alivio y esperanza.
“Con esta sentencia, estamos contentas”, manifestaron ante los medios de comunicación.
Las organizaciones subrayaron que la presión social y la cobertura mediática fueron determinantes para alcanzar este momento del proceso judicial y reiteraron que la exigencia constante es clave para avanzar en la sanción de los delitos de violencia de género.
