Por fin —ya era hora— la presidenta Sheinbaum se atrevió a entrarle de frente al problema del agua. El pasado 13 de octubre presentó una iniciativa para expedir una nueva Ley General de Aguas, reglamentaria del artículo 4º constitucional, junto con una larga lista de reformas a la Ley de Aguas Nacionales. El punto más caliente, el que encendió las alertas en todo el país, es la prohibición de que los particulares transmitan sus concesiones de agua. Nada de ventas, rentas, herencias o traspasos entre privados: todo pasaría por la Conagua y por un nuevo Registro Nacional del Agua. El tema está ya en el centro del debate público.
El problema de la especulación
Durante décadas, obtener una concesión de agua del gobierno ha sido la oportunidad de hacer un buen negocio. El Estado las otorgaba prácticamente gratis y algunos afortunados las revendían donde el agua escasea o en temporadas de sequía. En Hermosillo lo hemos visto con claridad. La ciudad pudo crecer y sortear años secos gracias a los pozos agrícolas y particulares que se venden o rentan para abastecer a la red urbana.
A esto se suma otro fenómeno: la especulación de empresas o particulares que obtienen concesiones “por si acaso”, para tenerlas guardadas como reserva. Es fácil comprender por qué se mira mal que unos cuantos puedan hacer negocio con un recurso nacional tan escaso. En algunas regiones se habla de acaparamiento, como en el caso de la familia Monreal en Zacatecas o de la Coca-Cola en Chiapas.
¿Solución buena o mala?
La iniciativa presidencial propone cortar de tajo estas prácticas. Lo que pudiera haberse solucionado con una mejor regulación y control de ese mercado incipiente se va al extremo de la completa estatización. Allá donde hoy existe cierto espacio de mercado, la propuesta coloca una bóveda estatal: cero transmisiones directas entre privados. Todo, absolutamente todo, pasaría por la Conagua, que emitiría nuevos títulos en cada compraventa o herencia. Incluso si se vende un rancho con su pozo, el trámite deberá gestionarse ante la autoridad federal, que promete resolverlo de manera “expedita”. Suena bien en papel.
El argumento es claro: evitar la mercantilización y garantizar que el agua se trate como un bien estratégico de la nación, no como un activo de especulación. Pero la medida implica que cualquier movimiento de derechos dependa del escritorio de la Conagua, en la avenida Insurgente Sur de la CDMX. Y eso cambia por completo las reglas del juego.
Comentario crítico
La iniciativa supone que el Estado es siempre más justo, más eficiente y benévolo que el mercado. Puede ser, pero también sabemos que la Conagua es una institución disminuida, saturada, muy centralizada y con insuficiente capacidad de inspectores y personal técnico. Apostar a que los “trámites expeditos” serán ágiles, limpios y eficientes es un acto de fe. Pensar que los controles del Estado son siempre honestos y crean prosperidad me parece bastante ingenuo y es más bien un punto de vista ideológico sin base empírica.
La reforma recentraliza lo que debería caminar hacia el policentrismo y la gobernanza de cuencas. Un efecto de esta reforma es que se agudice la informalidad (“se acta pero no se cumple”). O sea que la ley es perfecta y allá está, pero aquí nosotros nos arreglamos de manera informal, como ya es el caso con una gran cantidad de pozos no registrados. Para hacer más efectiva la gestión del agua se requiere que se descentralice y que se fortalezcan los Consejos de Cuenca, hoy ausentes en la iniciativa. Una gestión moderna requiere información local, decisiones cercanas y corresponsabilidad de los usuarios, no más trámites federales que terminan en filas, dilaciones y carpetas empolvadas.
La especulación con el agua es un problema real y requiere regulación. Pero no olvidemos que la solución también debe ser viable. El riesgo es cambiar mercados imperfectos por burocracias ineficientes. El país necesita orden, sí, pero también agilidad y gobernanza compartida. Mientras tanto, lo único seguro es que vienen semanas —y años— de aguas turbulentas
