Ciudad de México, 19 de noviembre de 2025.— La senadora Lorenia Valles afirmó que, en la Cuarta Transformación, el combate a la extorsión se ha convertido en una política de Estado. “Hoy, la lucha contra la extorsión es una verdadera política de Estado. Nuestro compromiso es combatir eficazmente este delito fortaleciendo las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, así como los mecanismos de prevención, investigación y sanción”, señaló durante la discusión de la legislación secundaria en esta materia.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, del 1 de enero al 28 de septiembre de 2025, las denuncias al 089 por extorsión aumentaron 85%, con un promedio reciente de 647 reportes diarios. Además, entre 2019 y 2025, la incidencia del delito creció 20.8%.
Valles destacó que la actualización del marco normativo refleja la prioridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación. Recordó que primero se modificó la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a legislar sobre extorsión y, posteriormente, se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, junto con reformas complementarias. La nueva ley establece penas de 15 a 25 años de prisión y multas de 300 a 500 veces el valor diario de la UMA para quienes cometan esta conducta.
La senadora también subrayó que el Gobierno de México implementó recientemente una Estrategia Nacional contra la Extorsión, que contempla labores de investigación e inteligencia, la creación de Unidades Antiextorsión locales, un protocolo de atención a víctimas y la habilitación del 089 como número exclusivo para denuncias.
“En la Cuarta Transformación estamos comprometidos con una legislación que garantice los derechos de todas las personas y las proteja de aquellas acciones que vulneran su vida, su integridad, su patrimonio y, desde luego, su tranquilidad. La extorsión es un delito que provoca daños psicológicos, físicos y morales en las víctimas; por ello, ahora tendrán el derecho de denunciar sin la necesidad de revelar su identidad”, concluyó Valles Sampedro.
