En los análisis de la explosión e incendio de la tienda Waldo’s, he escuchado explicaciones que hablan de la incompetencia de los diferentes órdenes de gobierno para aplicar de manera efectiva las leyes de protección civil. Solo ahogado el niño, se tapan los pozos.
También, vemos que este tipo de comportamiento se repite en muchos otros sectores de actividad: inspecciones que no se realizan, condiciones que no se exigen, sanciones que no se aplican y salidas para todo.
Uno de los factores detrás de esta situación es la manera cómo se recluta, selecciona y promueve al personal o recursos humanos del gobierno. A este sistema se le ha llamado “patronazgo”.
El patronazgo: el sistema invisible del poder
Detrás de la ineficiencia, de las inspecciones que no se hacen, de las sanciones que no se aplican y de los servicios públicos que no mejoran, se encuentra un viejo y persistente mecanismo: el patronazgo. Este sistema consiste en el reparto de cargos públicos como recompensa por la lealtad política, la amistad o los favores personales, y no por el mérito, la capacidad o la experiencia profesional.
En el régimen de patronazgo, el empleo público no es un puesto de trabajo al servicio del Estado, sino un botín que se distribuye entre aliados y seguidores para favorecer al reclutador. Cada elección o cambio de gobierno es ocasión para sustituir equipos, desplazar técnicos y colocar recomendados. Así, la administración pública se vuelve rehén de intereses personales y partidistas, más preocupada por cumplir compromisos políticos que por servir al ciudadano. Este sistema produce una burocracia inestable, improvisada y leal al político que la nombra, pero no a las leyes ni a los ciudadanos.
El patronazgo es también la base sobre la que se construyen las redes y complicidades de la corrupción. El gobernante tiene la facultad legal de remover a los empleados anteriores y sustituirlos por sus leales e incondicionales. Mientras más poder, más nombramientos y puestos para repartir, más daño al erario y más perjuicio a la calidad de los servicios públicos.
Ciertamente el patronazgo en algunas ocasiones permite crear equipos efectivos, pero ésta parece ser la excepción y no la regla. El patronazgo es también uno de los indicadores más claros de nuestro subdesarrollo político. Urge cambiar y transformar este sistema de personal en nuestras administraciones públicas.
Hacia la profesionalización de la administración pública
Superar el patronazgo exige avanzar hacia un sistema de personal basado en competencias, mérito y profesionalismo, no en compromisos ni lealtades políticas. Un verdadero servicio civil de carrera garantizaría que los puestos públicos fueran ocupados por personas con formación, experiencia y vocación de servicio, que permanezcan y progresen en función de su desempeño y no de su afiliación electoral.
Lo sorprendente es que el patronazgo, también llamado “sistema de botín”, aunque es la base de la corrupción y la ineficiencia, sigue siendo legal en México: las leyes permiten que cada nuevo titular nombre y remueva libremente a su personal de confianza, así sin filtros ni comités de selección ni méritos para el puesto.
Por eso, aunque en México y en Sonora se habla desde hace décadas de profesionalizar la función pública, los avances han sido escasos y fragmentarios.
La construcción de un servicio público profesional es una tarea pendiente y estratégica para el país. Significa sustituir el reparto de puestos por el reclutamiento de talento, la lealtad personal por la ética institucional y la improvisación por la excelencia técnica. Solo así podremos pasar del gobierno de los recomendados al gobierno de los competentes.
Con este sistema de patronazgo, no nos extrañe que las inspecciones no se realicen y siga habiendo más casos como los de las guarderías ABC y tiendas Waldo’s.
