La muerte de una niña en Hermosillo por la picadura de un alacrán no fue un simple accidente, sino la consecuencia visible —y dolorosa— de un entramado de omisiones institucionales que lleva años gestándose. Ocurrió en el preescolar Ignacia E. de Amante, en pleno centro de la ciudad. El insecto apareció en el baño; la menor fue trasladada en patrulla porque la ambulancia no llegaba, y al ingresar al hospital del IMSS no había suero antialacrán disponible. Murió menos de dos horas después. Detrás de ese cúmulo de fallas hay un país que dejó de sorprenderse ante la tragedia y una ciudadanía que ha normalizado el desastre.
Lo que parece un hecho fortuito revela un abandono estructural: la falta de inversión en mantenimiento básico, tanto en escuelas como en hospitales. Detrás de una picadura de alacrán hay años de omisiones —aulas sin fumigación, techos con goteras, baños clausurados, mobiliario deteriorado— y una dependencia creciente de las cooperaciones de madres y padres de familia para sostener planteles que el Estado ha dejado en el abandono.
Según el INEGI, más de nueve millones de personas no concluyeron la educación básica y uno de cada cinco planteles públicos presenta deterioro. A ello se suman la deserción escolar y la desigualdad territorial, que en conjunto conforman una tragedia silenciosa. El caso de Hermosillo no es aislado: es el síntoma visible de un sistema que falla a diario, aunque pocas veces lo vemos con tanta crudeza.
En el mismo sentido, el desabasto de medicamentos y la precariedad de los servicios médicos alcanzan niveles alarmantes. Hoy, 44 millones de mexicanos no tienen acceso efectivo a servicios de salud, de acuerdo con el INEGI. Estas carencias no son casuales: derivan de un modelo de gasto público inmóvil, constreñido por la rigidez presupuestal, el endeudamiento y una estructura fiscal que privilegia compromisos inmediatos sobre el desarrollo de largo plazo. México destina solo 2.6% del PIB a salud —cuando la OMS recomienda al menos 6%— y 3.3% a educación, lejos del 8% establecido por la Ley General de Educación.
El Presupuesto 2026 deja ver con toda claridad hacia dónde se están yendo los recursos. Mientras proyectos como Mexicana de Aviación reciben 1,727 millones de pesos, el programa “Salud Casa por Casa” otros 4,000 millones, los “Servidores de la Nación” —parte del Ramo 20— 15,510 millones, y obras como el Tren Maya o Pemex concentran 30 mil y 249 mil 800 millones, respectivamente, los sectores de salud y educación siguen quedando atrás.
En los casos de Salud Casa por Casa y los Servidores de la Nación, no se trata de las transferencias económicas que pueden tener efectos positivos en la población, sino de estructuras operativas con un marcado sesgo político y un uso clientelar que refuerza el control electoral. En síntesis, el dinero público sigue fluyendo hacia prioridades políticas y no hacia los servicios que más necesita la gente.
Por otro lado, el endeudamiento público —equivalente a 4.1% del PIB— y el costo financiero de la deuda agravan esta rigidez, dejando poco margen para infraestructura, personal y servicios esenciales. El presupuesto crece, pero no se flexibiliza: sostiene estructuras, no derechos.
El caso de Hermosillo es, en última instancia, un espejo incómodo del país. No murió solo una niña picada por un alacrán; murió una menor dentro de un sistema que no logró prevenir ni atender a tiempo algo que sí podía evitarse.
Su historia debería obligarnos a mirar más allá del dolor puntual y preguntarnos cómo llegamos hasta aquí. Porque mientras la política siga girando en torno a la inmediatez electoral y no al fortalecimiento de los servicios públicos, seguiremos lamentando tragedias que no son accidentes, sino consecuencias.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en Derecho Constitucional
