Hermosillo, Sonora.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por María Dolores del Río, informó que se mantiene en curso una investigación sobre el presunto desvío de 67 millones de pesos detectado en el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), tras una denuncia interpuesta el pasado 1 de abril.
Del Río explicó que la indagatoria inició luego de una denuncia directa presentada por el excoordinador del organismo, al detectarse transferencias de grandes montos a cuentas no reconocidas.
Estas operaciones se realizaron durante los meses previos y posteriores a abril, periodo en el que se registraron los movimientos más significativos.
Como parte de las medidas cautelares, la dependencia separó de su cargo a cuatro servidores públicos, uno de ellos está en el tribunal de justicia administrativa y tres más se encuentran bajo la investigación por la Secretaría Antocirrupción y Buen Gobierno.
Además, se llevó a cabo el embargo precautorio de un bien inmueble perteneciente a uno de los funcionarios señalados, por un monto equivalente al presunto desvío.
“En ese trimestre empezando abril se detectaron transferencias que se habían hecho de grandes cantidades a cuentas que no se reconocieron…Es una acción, en este caso, de separación de su cargo de cuatro funcionarios públicos o servidores públicos y también una reducción de su salario”, mencionó.
El expediente por responsabilidad administrativa grave fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora a inicios de octubre. Actualmente, continúan bajo investigación tres servidores públicos más, cuyos resultados podrían darse a conocer en diciembre.
La titular de la dependencia subrayó que el caso se ha manejado con discreción y con respaldo total del gobernador del Estado, y que el recurso público involucrado ya fue recuperado mediante acciones coordinadas entre dependencias estatales y las instituciones bancarias.
“Afortunadamente para el estado y para los sonorenses, el recurso fue recuperado”, afirmó.
Del Río destacó que las fallas detectadas en el CECOP evidencian un riesgo frecuente en los organismos descentralizados, los cuales tienen capacidad de manejar recursos propios o provenientes de convenios de manera más independiente que las dependencias del Ejecutivo. Ante ello, la Secretaría revisó los mecanismos de control y los procedimientos de doble validación para evitar futuras irregularidades.
“Hay un embargo precautorio de una propiedad y ese embargo precautorio obedece a poder recuperar el recurso”, comentó.
Asimismo, precisó que la investigación administrativa se desarrolla de manera paralela a la que realiza la Fiscalía del Estado en el ámbito penal, por lo que hasta concluir ambos procesos no podrá determinarse la responsabilidad final de los involucrados.
“En el caso de nosotros revisamos servidores públicos, aunque citamos a todos los involucrados, aún no ha terminado la investigación, por lo tanto para llegar a esa conclusión tendríamos que esperarnos hasta diciembre”, finalizó.
