Los escarceos recientes entre las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel son sólo un pequeño aviso de lo que nos espera en los próximos 60 días, una vez que han arrancado formalmente las campañas de la elección judicial.
Tan sólo a nivel federal, 3 mil 423 personas candidatas saldrán a competir por los 881 cargos en disputa: 9 asientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de Sala Regional del Tribunal Electoral (tres por cada una de las cinco circunscripciones), 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal; 464 magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito, y 386 jueces de Distrito.
Adicionalmente, en los próximos días y semanas, miles de candidaturas se sumarán al proselitismo en busca de uno de los más de 2 mil 500 cargos que se elegirán a nivel local en 19 estados que también votarán por sus jueces locales.javascript:void(0)
La elección judicial, ideada en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado, quizás no sea el tema que acapare la atención mediática -pues la agenda seguirá enfocada en Donald Trump y su amenaza de los aranceles-, pero sí es lo que más va a terminar afectando nuestra vida cotidiana.
Una trampa
Con prisas y sin certeza en las reglas, el Instituto Nacional Electoral y los 19 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) involucrados en este proceso se dirigen hacia una trampa: organizar una elección extraordinaria que, si sale bien, terminará legitimando la captura del Poder Judicial por parte del oficialismo y, si sale mal, será el pretexto “perfecto” para que Morena cumpla su ya viejo anhelo de reformar el sistema electoral.
Lo más curioso es que, en ese empeño, la llamada “4T” cuenta con la complacencia de la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, funcionaria electoral sonorense cuya familia ha logrado acomodarse en los gobiernos federal y estatal de Sonora en los últimos años y que justo en este mes de abril cumplirá dos años en el cargo.
Guadalupe Taddei y su grupo han logrado hacerse del control del proceso, en parte por el apoyo del gobierno morenista y sus legisladores, pero también por la decisión de hacerse a un lado, tomada por una buena parte de consejeras y consejeros.
Eso explica que en la comisión temporal que da seguimiento al proceso sólo estén dos consejeras y un consejero afines al régimen: el tabasqueño Jorge Montaño, amigo cercano del senador Adán Augusto López, y las consejeras Norme Irene de la Cruz y Rita Bell López Vences.
La elección ha dividido a la llamada “herradura de la democracia”, y tendrá que hacerse con recursos limitados, luego de la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de otorgar los mil 500 millones de pesos solicitados como ampliación presupuestal.
Luego del recorte presupuestal hecho por la Cámara de Diputados al INE, Claudia Sheinbaum decidió otorgar sólo 800 de los mil 500 millones de pesos solicitados por el INE, y estamos entonces ante una elección deficitaria.
No habrá dinero para garantizar la promoción del proceso, los debates entre los candidatos y candidatas, ni mucho menos para asegurar que no se violen las reglas de competencia.
Las campañas que iniciaron el domingo con un bombardeo inclemente en redes sociales serán fiscalizadas por un INE que no tendrá recursos para vigilar quién financia las candidaturas.
Será muy complejo seguir la pista del dinero, para saber qué intereses están detrás de las personas que terminarán al frente de un Juzgado o un Tribunal.
Y al INE sólo le resta apelar a la buena conducta de candidatas y candidatos y confiar en que lean sus boletines en los que han advertido que sólo podrán promoverse a través de propaganda impresa en papel reciclable, “fabricada con materiales biodegradables y distribuida de casa en casa”.
Las candidatas y candidatos no podrán recibir financiamiento ni público ni privado ni contratar espacios en radio y televisión ni recibir el apoyo de partidos políticos o gobiernos ni pagar pautas en redes sociales.
Sin embargo, desde ayer son notorios anuncios en redes sociales, como TikTok, Instagram, Facebook y X (antes Twitter), en los que han comenzado a difundir su nombre y trayectoria.
¿Podrá el INE detener a quien busque, de manera subrepticia, violar las reglas e impulsar el alcance de sus cuentas de redes sociales? Ésa es la gran pregunta.
Otra es: si el INE ya advirtió que ningún funcionario público puede promover el proceso y llamar a votar ni siquiera de manera genérica, ¿podrá contener a la presidenta Sheinbaum, que ayer mismo hizo un llamado a participar, pese a las restricciones del INE?
¿Qué garantizará que las candidatas y candidatos respeten los topes de gasto personales que pueden ejercer en campaña? Topes que van de 220 mil pesos a 1.4 millones de pesos.
La campaña inicia y, por primera vez en muchos años, no hay certeza en las reglas, pero sí una seguridad en el resultado: los candidatos afines al régimen llevan ventaja clara.
