MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS).- El Tribunal Supremo de Brasil ha acordado por mayoría imputar al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus aliados por los delitos de rebelión e intento de golpe de Estado presentados por la Fiscalía tras los ataques a las instituciones en Brasilia el 8 de enero de 2023.
“Existen pruebas razonables que sustentan la denuncia”, afirmó el relator del caso en el Supremo, el Juez Alexandre de Moraes, quien ha señalado que el expresidente brasileño “conocía, manejaba y discutía el borrador” en el que se redactó el plan golpista, en el que también ha implicado al resto de acusados.
Se trata del exministro de Justicia Anderson Torres, de los antiguos responsables de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Nogueira; del exjefe de Gabinete de Seguridad, Augusto Heleno Ribeiro, del exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagen; del excomandante de la Marina Almir Garnier Santos; y de quien fue su mano derecha, el coronel Mauro Cid.
En su argumentación, De Moraes mostró imágenes de los hechos violentos de aquel día y refutó la defensa de Bolsonaro que alegaba que los participantes eran personas religiosas y de edad avanzada.
“No se ve ninguna Biblia”. No fue aquello un “domingo en el parque”, aseveró el relator del caso.
“La organización criminal siguió todos los pasos necesarios para deponer al Gobierno legítimamente elegido. Objetivo que, buscado con todo el empeño, no se hizo realidad por circunstancias que los denunciados no consiguieron superar: la resistencia del ejército y medidas de excepción”, explicó.
Después de la imputación de Bolsonaro y sus siete socios, tendrá lugar la fase de instrucción, en la que las partes han de recabar pruebas y tomar declaración a testigos, antes de que el tribunal finalmente tome una decisión. El expresidente brasileño se enfrenta a una pena de hasta 40 años de cárcel por estos delitos.
Bolsonaro no ha estado presente durante la votación, que ha preferido seguir por videoconferencia desde la oficina que, como parlamentario, tiene su hijo Flávio Bolsonaro en el Senado, junto a otros aliados.
La Fiscalía acusó a Bolsonaro de intentar impedir de forma coordinada que se cumpliera el resultado de las presidenciales de 2022, si bien “el plan” comenzó en 2021 con otra serie de acciones y declaraciones con las que cuestionaba las decisiones de los tribunales y la limpieza del sistema electoral.
Asimismo, la Fiscalía ha presentado pruebas de la existencia de un plan para llevar a cabo no sólo un golpe de Estado, sino también los asesinatos del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el Vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el Juez del Supremo, Alexandre de Moraes, en el denominado plan “Puñal verde y amarillo”.
Todo ello, culminó con una turba de centenares de seguidores del expresidente brasileño, irrumpiendo en la Plaza de los Tres Poderes, atacando y asaltando las sedes del Congreso y el Tribunal Supremo.
