La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no tendría más presupuesto para 2025, pese a que supuestamente asumirá las responsabilidades en materia de transparencia que tenía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales (INAI), extinto el pasado 29 de noviembre.
En la propuesta de los diputados para reorientar recursos en el Proyecto de Presupuesto para el siguiente año, aprobada este martes en la Comisión de Presupuesto, no hay ningún incremento de recursos para la nueva Secretaría Anticorrupción, antes llamada Secretaría de la Función Pública, y se mantiene con la propuesta de 1 mil 699 millones de presupuesto, lo que incluso significa un recorte de 0.46% con respecto a 2024, cuando tuvo 1 mil 706 millones de pesos, al compararlo en términos reales.
Mientras que el presupuesto del INAI tampoco fue reasignado a esta nueva dependencia, toda vez que el Instituto tenía previsto un presupuesto de 993 millones de pesos para 2025, pero tras su extinción, los diputados están etiquetándole 499 millones de pesos. Y los 494 millones de pesos de ‘recorte’, fueron distribuidos en otros rubros, porque no están asignados en la Secretaría Anticorrupción.
La presidenta Claudia Sheinbaum había prometido que las funciones de transparencia se mantendrían y sólo serían trasladadas a la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro. “Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción, entonces la desaparición del Inai como organismo autónomo, lo que hace es acabar con esto, pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción”, dijo en su conferencia matutina del 21 de noviembre.
INAI y extinción de organismos autónomos
Si esto fuera así, la nueva secretaría debería procesar 326 mil solicitudes de información y 19 mil 723 recursos de revisión que el Instituto realizó solo en 2023; además de otras funciones en materia de protección de datos personales en poder de instituciones o empresas.
Mientras que en el artículo séptimo transitorio del decreto de extinción de los organismos autónomos, incluyendo al INAI, se estableció que “los recursos humanos con que cuentan los entes públicos que se extinguen pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda”.
Sin embargo, sólo para cumplir con esta parte del decreto, la secretaría Anticorrupción debería integrar en su nómina a más de 800 personas servidoras públicas que están adscritas al INAI, según datos del INEGI. Estas contrataciones, evidentemente, significaría contar con mayor presupuesto.
Pero el presupuesto de la Secretaría Anticorrupción para 2025 es muy parecido al que ha tenido la dependencia año con año y que alcanza para su nómina y cumplir con las funciones que tenía.
