Este martes conocimos la Estrategia de Seguridad de Claudia Sheinbaum. Pese a su excesiva brevedad (diez láminas de Power Point), es mejor que las anteriores. Para entender el potencial que alberga establezco algunas comparaciones con la experiencia de Estados Unidos, la cuna del crimen organizado trasnacional, que ha logrado contener algunas de sus expresiones más nocivas.
La negación de la realidad no es patrimonio mexicano. Entre los años veinte y principios de los sesenta existió una poderosa corriente gubernamental en Estados Unidos decidida a minimizar el riesgo criminal que proliferaba en las grandes ciudades y se expandía por el mundo. El principal abanderado fue Edgar Hoover, el legendario director del FBI. Era tan fuerte su apuesta por el disimulo que prohibía a sus agentes utilizar la palabra “mafia” en sus informes.
Eso cambió entre 1960 y 1963 cuando Robert Kennedy fue procurador. En poco tiempo describieron la estructura, métodos y liderazgos de las grandes “familias” criminales. La mejora en el conocimiento llevó a la aprobación de las Leyes Rico en 1970, a la creación de la DEA en 1973 y a la adopción de nuevos métodos para investigar el fenómeno. Todo ello explica los llamados “Juicios de la Comisión” que, iniciados en 1985, permitieron descabezar y desmembrar a las cinco grandes familias que controlaban Nueva York.
Tras la transformación estuvo el trabajo de empresarios, periodistas, académicos y víctimas que documentaron la aparición del crimen organizado y exigieron políticas públicas adecuadas a la magnitud de la amenaza. Es el caso de las “Comisiones del Crimen” ciudadanas creadas en las grandes ciudades, de las universidades que promovieron la investigación y docencia sobre estos temas y de los medios de comunicación donde floreció el periodismo de investigación.
La experiencia mexicana ha transitado un camino similar. Los últimos siete presidentes de México negaron la amenaza –como Hoover– o la combatieron con operaciones improvisadas. Después de la guerra ordenada por Felipe Calderón, de la operación Michoacán peñanietista o del “abrazos, no balazos” lopezobradorista creció la fuerza criminal. En el haber del trío está la construcción de instituciones y acumulación de conocimientos en el Centro Nacional de Inteligencia, el INEGI y las fuerzas armadas que expandieron su poderío.
La presencia de actores sociales fue una constante y en la vanguardia siempre han participado medios de comunicación como Proceso o Zeta en Baja California o como Periodistas de a Pie que han recorrido incansables las trincheras más alejadas y peligrosas.
La Estrategia de Seguridad presentada el día de ayer sí reconoce implícitamente la magnitud del problema y tiene objetivos claros. Sin embargo, uno de sus principales defectos es la ausencia de una descripción clara del tamaño de la bestia. El silencio deliberado deja el espacio a estimaciones independientes de calidad variada.
La sociedad ha producido investigaciones muy precisas. En septiembre de 2023, Rafael Prieto-Curiel, Gian María Campedelli y Alejandro Hope publicaron una investigación pionera en la revista Science. En ella, que le valió al matemático mexicano, radicado en Viena, Prieto-Curiel un importante premio, aparece una estimación sobre el número de empleados de las organizaciones criminales. Son entre 160 y 185 mil personas, lo que convierte al crimen en el quinto empleador del país.
No son los únicos empeñados en documentar e informar sobre las múltiples manifestaciones que tiene la violencia criminal y la resistencia ciudadana. El Observatorio Nacional Ciudadano, México Evalúa y Data Cívica, entre muchas otras instituciones y personas, confirman el vigor y fortaleza de la escuela mexicana de violentología.
Claudia Sheinbaum es la principal heredera de lo hecho y dejado de hacer por el Estado y la sociedad. Una de las principales incógnitas es si en este sexenio será posible tener un diálogo respetuoso en el que quienes gobiernen acepten, respeten y atiendan la crítica bien fundamentada. Sería deseable que así fuera porque las experiencias exitosas de otros países demuestran que el combate a las organizaciones criminales es una responsabilidad compartida.
Colaboró Sebastián Rodríguez
