El presidente termina el sexenio ignorando y maltratando a las víctimas. Un triste final para quien prometió tanto.
Hace dos semanas salió el tan esperado informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Esta Comisión creada y financiada por el Estado concluye con una frase/título escueta, tajante y terrible: “Fue el Estado 1965-1990”. He tenido el tiempo para leer algunas de sus partes; nunca se había avanzado tanto en la descripción del aparato estatal que acosaba, torturaba y asesinaba o desaparecía opositores durante esos años. En la cúspide estuvieron los presidentes, después el ejército secundado por fiscales, jueces, gobernadores, presidentes municipales y policías estatales y municipales. Una sinfonía de muerte aplaudida por aquella parte de la sociedad conforme con la mano dura.
Faltaron los años posteriores que deberían haber completado otras dependencias creadas por este gobierno. Entre 2018 y 2021 López Obrador estableció otras dos comisiones, una dedicada a Ayotzinapa y otra a la búsqueda de desaparecidos. Con las tres hubiéramos tenido una visión panorámica de 1965 a 2024. Estuve entre los que creyeron que López Obrador sería diferente y que tendríamos verdad y justicia. Él era creíble, pues cuando era opositor lloró en los velorios de algunos de los 662 perredistas asesinados en los años noventa. Nadie lo obligó.
La primera capitulación en el tema de la Guerra Sucia se dio en el Campo Militar Número Uno en junio de 2022. Obligado a elegir entre las versiones del ejército y de las víctimas, el presidente se inclinó por perpetuar el pacto de impunidad. Ayotzinapa y la búsqueda de desaparecidos también se desbarrancaron. Me detengo en el ominoso contexto que rodea la aparición de “Fue el Estado”.
El 15 de agosto se presentó en una reunión privada en la Secretaría de Gobernación. Después vino el habitual mutismo consecuente con la castración del Instituto Nacional de Acceso a la Información y otros organismos autónomos recluidos en oficinas gubernamentales dirigidas por funcionarios que pocas veces simpatizan con la transparencia. ¿Ejemplo? Los aplausos del presidente y su sucesora al gobernador de Sinaloa ¡sin haber investigado y establecido su posible implicación en delitos gravísimos!
Igual de lamentable es la capitulación de quienes defendieron víctimas. El caso más representativo es el de Rosario Piedra Ibarra, presidenta desde el 2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ella tenía 24 años cuando la Dirección Federal de Seguridad desapareció a su hermano Jesús en 1975; desde entonces las dos Rosarios lo buscaron señalando una y otra vez a los presidentes. El silencio de Rosario la pequeña ante “Fue el Estado” muestra la metamorfosis de quienes dejaron de ser interlocutores para convertirse en locutores del señor de Palacio.
Y así, en cámara lenta, vemos el hundimiento del mito de que el presidente y su movimiento son éticamente superiores a sus predecesores. Mientras esto sucede, la sociedad organizada y consciente sigue demostrando ser la vanguardia de las mejores causas que algún día se harán realidad en este país.
Un día después de entregar el informe en Gobernación, tres de los comisionados presentaron a la sociedad el informe “Fue el Estado” en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Poco después vino la primera discusión pública en El Colegio de México (20 de agosto) donde uno de los comisionados acuñó una frase que captura el drama de la promesa incumplida: “una comisión presidencial que careció del apoyo del presidente”.
Los comisionados cumplieron con la encomienda. Gracias a Carlos Pérez Ricart del CIDE; David Fernández, jesuita del Centro Pro; y Abel Barrera de Tlachinollan en la Montaña de Guerrero, así como a un numeroso equipo de colaboradores, tenemos un relato coherente y sólido sobre la magnitud del acoso, la represión y la impunidad entre 1965 y 1990.
La nueva presidenta heredará las demandas de las víctimas y la responsabilidad del Estado. Deseo fervientemente que sea diferente y asuma las consecuencias de que en este sexenio habrán sido asesinadas o desaparecidas más de 235,722 personas. Imperativo que las familias de las víctimas y quienes las respaldamos sigamos exigiendo verdad y justicia.
Ni nos frenarán ni nos callarán. Fue y es el Estado.
Colaboró Sebastián Rodríguez
