El 2024 será un año decisivo para el futuro de México, pues se someterá a la valoración de los ciudadanos dos proyectos de país muy distintos.
Siempre los puntos de inflexión representan oportunidades que se pueden aprovechar para mejorar las cosas, pero también se asoman altos riesgos que pueden llevar a un abismo político y económico.
Esta semana la empresa Integralia Consultores difundió un documento que denominó “Diez Riesgos Políticos para 2024”, donde enumera una decena de peligros potenciales que pueden afectar este año el entorno de negocios y la gobernabilidad democrática del país.
El primero advierte que en caso de una victoria de Morena y sus aliados, quedaría entonces consumada la captura de la Suprema Corte por parte del Poder Ejecutivo, ya que en noviembre tocará al nuevo presidente o presidenta nombrar a un nuevo ministro en sustitución de Luis María Aguilar.
En un escenario aún peor, la firma alerta que en caso de que Morena llegara obtener mayoría calificada en el Congreso, eso daría pie a reformas constitucionales que podrían afectar el clima de negocios y el sistema de pesos y contrapesos, ya que se podrían enviar iniciativas constitucionales para modificar la estructura del INE y la Suprema Corte y hacer que sus miembros se elijan por voto popular, eliminar al Instituto Nacional de Transparencia o revivir la llamada reforma energética.
Un tercer riesgo que avizora la consultora es que los grupos criminales aprovechen el proceso electoral para reforzar y ampliar su control de gobiernos locales, lo que aumentaría la violencia y dejaría vulnerables a comunidades enteras frente a delitos como el secuestro, la extorsión y el cobro de piso.
Adicionalmente, otro riesgo que visualiza es que se acentúe la militarización del país, sobre todo si el nuevo gobierno simpatiza o se ve forzado a seguir la estrategia de López Obrador de dotar de más presupuesto y nuevas funciones a las Fuerzas Armadas.
En el plano internacional, otro riesgo latente es un virtual triunfo de Donald Trump en la carrera presidencial estadounidense, lo que podría desatar nuevos ataques hacia México que se podrían cristalizar en presiones en materia de seguridad, recrudecimiento de la crisis migratoria en suelo mexicano y amenazas a la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas.
En el Congreso otro escenario poco favorable sería que Morena y sus aliados impulsen nuevas reformas “sorpresivas” a leyes, sobre todo en materia de cambios al marco laboral o al otorgamiento de concesiones, sin que haya un periodo de adaptación para el sector privado, lo que podría enrarecer el clima de negocios y dañar la generación de empleos.
Otro problema potencial que no se puede ignorar es el surgimiento de conflictos poselectorales nacionales o locales, que propicien nerviosismo en los mercados por resultados cerrados y por la ineficacia de los organismos electorales para resolverlos, sin olvidar que esto se está gestando por el intervencionismo presidencial en la contienda, y la violación sistemática de las reglas electorales por parte del oficialismo gobernante.
Un riesgo más latente es que la administración entrante en octubre no lleve a cabo un ajuste a las finanzas públicas para disminuir el déficit fiscal del gobierno federal. Esto pondría en alerta a las calificadoras y los mercados internacionales.
Finalmente, Integralia teme que un resultado electoral cerrado eleve las tensiones entre los partidos políticos y esto se traduzca en que el nuevo Gobierno opere en un entorno complicado y con contrapesos débiles.
Ninguno de estos riesgos es deseable que se cristalice, ya que podrían enturbiar la paz social y la estabilidad política y económica de nuestro país y, salvo su mejor opinión, detrás de todos estos riesgos está el partido gobernante: Morena.
La decisión la tendrán los millones de mexicanos que saldrán a votar en junio próximo: o lo harán por la continuidad con riesgos peligrosos y destructivos para México o lo harán por un cambio con rumbo y responsabilidad para mejorar a nuestro país.
