El tramo de Ímuris-Aribabi-San Antonio-San Lázaro del proyecto de reubicación de las vías férreas de Nogales está proyectado pasar por el bosque de encino-pino y de pino en las partes altas de Sierra El Pinito y a lo largo del rio Cocóspera (imagen 1). Resulta que esta parte del río tiene más de 20 años siendo protegida por el área de conservación El Aribabi. En esta área, de 13 mil hectáreas de conservación, se llevan a cabo prácticas para la protección de la fauna y de las zonas ribereña (video del Rancho El Aribabi). Esta labor de conservación y rehabilitación ha permitido que el ecosistema conserve las características adecuadas para generar y almacenar agua, agua que corre por el río durante todo el año (video 2), algo poco visto en nuestro estado, y que nutre a la Presa El Comaquito, de allí se abre al valle de Ímuris y continúa.
Esta subcuenca del Rio Cocóspera provee de agua a las comunidades de Ímuris, La Mesa, Terrenate, San Ignacio y, en buena medida, hasta Magdalena, que en total suman una población de más de 49 mil 500 habitantes; además, la zona agrícola de Ímuris se abastece de la Presa El Comaquito. De construirse el tramo, se impactará la zona de generación y recarga de esta fuente de agua, afectando el suministro de agua de estas comunidades, más de 49 mil sonorenses que verán su fuente de agua para consumo humano gravemente afectada. Cabe aclarar que no existiría medida de mitigación real, eficiente, para evitar este daño. Esta afectación está siendo estudiada por un equipo de profesionistas sonorenses de diferentes disciplinas, entre ellos hidrólogos, geólogos, forestales, ciencias ambientales, biólogos, ecólogos, ingeniería ambiental, sustentabilidad, economía ambiental, abogados ambientales, etc. De manera breve y sencilla, y con videos e imágenes, presento algunos de los argumentos técnicos.
El siguiente video (4) muestra la ruta que iría desde El Aribabi hasta Ímuris. La línea roja representa la vía de tren y las líneas amarillas marcan el derecho de vía. Buena parte del tramo pasa por el lecho del río. Mucho de este tramo tendría que ser impactado para su construcción, es decir, en algunos casos sería necesario dinamitar, en otros deforestar y en otros hacer terraplenes de gran altura. En cualquier de ellos, el río, el ecosistema y la biodiversidad se verán fuertemente dañados. El impacto en el ecosistema empieza desde la etapa de construcción, con la destrucción por la demolición y la deforestación, y continuaría con la operación al pasar por ese tramo ¡más de 30 trenes al día! Imaginémonos. El daño sería constante y gradual, con deterioro de calidad de agua y aíre, afectación a la cobertura vegetal y a la fauna, es decir, se afectarán los principales elementos que permiten que el ecosistema se mantenga en equilibrio y funcione para generar, filtrar y recargar las fuentes de agua, de tal manera que los impactos en la reducción de generación y captación de agua serán evidentes y cuantificables en un plazo corto de entre uno a tres años.
Ya lo comentaba en mi nota anterior: este proyecto no cuenta con una manifestación de impacto ambiental (MIA), por lo cual está infringiendo la Ley (LGEEPA). Con una MIA sería muy sencillo demostrar el impacto que este tramo de la obra, de construirse, tendría en el suministro de agua para estas comunidades, más de 49 mil personas afectadas, además del impacto a la producción agrícola por la disminución en el agua generada y almacenada. Asimismo, quedaría claramente evidenciado que no habría medida de mitigación que pudiera disminuir el impacto al ecosistema, el cual estando en equilibrio genera este vital líquido. Igualmente, en caso de accidente, no habría medida de remedición que pudiera realmente restablecer el río y sus efluentes. La naturaleza ha llevado décadas para construir esta zona de generación de agua y este tramo del tren la podría destruir en tal solo 3 años.
Las siguientes imágenes muestran lo actual (7), cómo se ve actualmente la vegetación y el ecosistema a lo largo del Río Cocóspera gracias a las medidas de conservación, y la (8) un ejemplo de un tramo de la construcción. Es decir, muestra el ahora y el después. Aquí aplica el buen dicho: “una imagen dice más que mil palabras”. El grado de destrucción y devastación al ecosistema sería devastador.
Al parecer, el punto determinante para seleccionar este tramo es tiempo y lo económico, es decir, sí hay otras opciones para llevar la vía del tren, pero esta es la más ‘barata’ y la más rápida, y así de rápido también destruiría el ecosistema. En el tema económico, el problema es que no han hecho una evaluación costo-beneficio completa, como se debería de hacer para cualquier obra de esta magnitud, donde se tendría que cuantificar no solo los costos de construcción-operación, sino también los costos sociales y ambientales.
Me permitiré hacer un breve ejercicio. A este proyecto hay que agregarle los costos de las ‘externalidades’ (término técnico); por ejemplo, el valor económico del volumen de agua necesaria para las comunidades que se verían impactadas para una población de por lo menos 49 mil habitantes. Utilizando las técnicas de economía ambiental, podemos estimar el valor económico de este volumen de agua en la zona de Ímuris y sus alrededores, que en un año asciende a más de 13 millones de pesos (con datos del costo de agua de Ímuris publicado en la gaceta oficial) y que durante la vida útil del proyecto seria de cientos de millones de pesos, es decir, este tramo del tren tiene un costo negativo de cientos de millones de pesos. Si a esto le sumamos el impacto social por faltarle el agua a estas comunidades y las pérdidas de producción agrícola que se generarían por la falta del agua, la situación empeoraría. En resumen, el costo-beneficio de este tramo de tren resulta negativo. Las otras alternativas, aunque tal vez con un costo inicial de construcción más elevado, serían más atractivas desde el punto de vista económico y social.
La solicitud es que se realice el cambio de este tramo del tren Ímuris-Aribabi-San Antonio-San Lázaro, que no pase por el Rio Cocóspera, para así evitar el deterioro de su ecosistema con graves afectaciones a la ya existente crisis de agua en la que nos encontramos en Sonora. Ante la grave situación de sequía, donde más del 90% del estado se encuentra en sequía extrema o severa, y cuando se plantea un Plan Hídrico donde en teoría se pone como prioridad el derecho al agua para consumo humano, y además se consideran obras de infraestructura hidráulica de más de 14 mil 900 millones de pesos para retener y transportar agua a las comunidades, es incongruente e irresponsable que por otra parte se destruyan los ecosistemas generadores de agua para el consumo humano. Trabajemos en congruencia por un Sonora próspero y por el bienestar de nosotros todos los sonorenses.
Ing. Bioquímica en Recursos Acuáticos, ITESM, M.Sc. en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Guelph (Canadá) y M.A. en Economía Ambiental en Políticas Públicas. Actualmente realiza el doctorado en Sustentabilidad Ambiental en la Universidad de Ottawa y Directora de IAMM A.C.
