Ciudad de México.— 55 años de memoria, sin justicia ni un completo esclarecimiento de los hechos.
Eso significa conmemorar la Matanza de Tlatelolco del 2 de octubre para las y los miles de estudiantes que tomaron las calles en la Ciudad de México (CdMx) este lunes.
Partieron de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco con camino al Zócalo alrededor de las 16:30 horas los contingentes de diversas universidades y preparatorias.
Su misión: conmemorar y recordar a los jóvenes que fueron asesinados y desaparecidos en 1968.
“Ni la lluvia ni el viento, parará este movimiento”, gritaban desde las avenidas los manifestantes.
Y efectivamente, ni la lluvia que empezó a media marcha les impidió llegar al Zócalo a miles de protestantes.
Una vez en el Zócalo, voceros del Comité del 68 y convocantes marcaron por qué es importante para ellos marchar hoy: las comisiones de la verdad, tanto para los años de 1960-1990 como la de Ayotzinapa, han sido “inoperantes” para dar respuestas sobre los crímenes perpetrados contra líderes sociales y estudiantiles.
Celia Flores asegura que estuvo al lado de las banderas de la Plaza de las Tres Culturas ese día de 1968.
Ella cursaba la Licenciatura en Economía en la UNAM en ese momento y vio cuando entraron elementos del Ejército mexicano a reprimir a los estudiantes.
Hoy se traslada en una silla de ruedas como parte de la marcha del 2 de octubre, y porta una cartulina que dice: “Como sobreviviente de Tlatelolco, digo lo siguiente: Harfuch genocida, hijo de genocida y nieto de genocida. ¡La cuenta está pendiente!”.
Para ella, como para quienes estudian en la UNAM actualmente, la posibilidad de que Omar García Harfuch sea candidato a la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México por parte de Morena es una burla al movimiento estudiantil del 68.
“El 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa”. Así sonaba el interior de los vagones del Metro de la Línea 3, donde viajaban cientos de estudiantes hacia la marcha conmemorativa desde Ciudad Universitaria.
María Fernanda, estudiante de Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se sumó a los contingentes de su escuela porque consideró que los estudiantes tienen la obligación de tener conciencia histórica sobre el movimiento estudiantil del 68.
“Siento que es esta facultad de fuerza y que tenemos la conciencia de que varios de nuestros compañeros fueron asesinados en ese tiempo, y no consideramos justo que ese tipo de acciones sean pasadas de largo”, dijo.
Para Alejandro, estudiante de la Facultad de Artes y Diseño (FAD), conmemorar el 68 es reconocer que la represión vivida en ese año se ha repetido, en cierta medida, en la actualidad.
“Cosas que pasaron entonces no dejan de pasar hoy en día, y hay que tenerlo presente para exigir absolutamente todo lo que merecemos”, expresó.
“Hay violencia contra estudiantes, represión, censura, y aunque no es igual que en el 68 se sigue repitiendo lo mismo”.
“El gobierno y los gobernantes cambian de nombre, cambian de máscara, pero siempre es lo mismo, la misma represión de todos los gobiernos”.
El 2 de octubre de 1968. Los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en Guerrero en el 2014.
Ambos son recuerdos para los estudiantes que la lucha contra la represión debe continuar.
A mediados de este pasado agosto, miembros del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (MEH) denunciaron que se extrajeron documentos del Archivo General de la Nación (AGN) que apoyaran a esclarecer responsables e incógnitas sobre crímenes perpetrados durante este periodo en la Historia de México, en el cual se enmarca la Matanza de Tlatelolco.
Carlos A. Pérez Ricart, uno de los integrantes del MEH, dijo en ese momento que eran dos tipos de documentos los que se encontraban desaparecidos.
Por un lado, aquellos que formaban parte del fondo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que sí fue al Archivo General de la Nación a principios del siglo XXI, papeles que estuvieron custodiados en el Archivo por personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) durante 16 años y que en 2019, con el cambio de gobierno, se “extraviaron”.
Es el segundo intento masivo del gobierno federal de brindar justicia a las víctimas de este periodo de persecución a opositores políticos y sociales, y sus familiares.
En el 2002, el entonces presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que tenía como objetivo investigar este periodo y judicializar a los responsables.
Cuatro años después, la FEMOSPP fue disuelta y dejó como legado sólo el ejercicio de acciones penales contra Luis Echeverría, quien fue exonerado en el 2009.
GOBIERNO ACTUAL HACE JUSTICIA TRANSICIONAL: CRITICA COMITÉ
El Comité 68 Pro Libertades Democráticas publicó esta tarde un comunicado en sus redes sociales donde rechazaron el empleo de la “justicia transicional” como instrumento político por la actual Administración para “poner punto final” a las exigencias de justicia históricas a través de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso de la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometias de 1965 a 1990.
Señalaron el proceso de esclarecimiento como uno “lleno de irregularidades, simulaciones y mentiras” que oculta la “verdadera intención del gobierno”: proteger al poder militar, “lavarles las manos” y mantenerlos en “impunidad total”.
“Exigimos un proceso real de justicia, un proceso que logre condenar a los responsables, incluidos militares y civiles. Lo mismo sucede con el caso de los 43 estudiantes normalistas”, denunció el Comité.
Aseguró que, ante el incumplimiento de la función de la Fiscalía General de la República de su función constitucional de investigación y persecución de los perpetradores, la masacre del 2 de octubre de 19968 continúa en “total impunidad”.
Dicha estrategia impune, añadió, ha consistido en “dejar que pase el tiempo” para que los perpetradores mueran sin recibir un castigo, tal como el caso del expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien falleció en calidad de imputado en la averguación previa SIEDF/262/07.
“El gobierno sigue protegiendo al Ejército cuando se trata de investigar los crímenes de Estado en que ha participado y lo respalda en su negativa a entregar toda la información que tiene en su poder”, añadió.
El Comité 68 argumentó que el actual gobierno está en un proceso de militarización que “cada día va en aumento y que no tiene fin”, por lo que exige que sean entregados los archivos en poder de los militares a la FGR para que puedan establecerse las responsabilidades penales correspondientes a elementos de las Fuerzas Armadas que fueron partícipe de los hechos.
