Los que saben de políticas públicas afirman que prioridades que no se reflejan en el presupuesto de un Gobierno, entonces en realidad no son una prioridad para el gobernante en turno.
Tal parece que eso sucede con el combate a la corrupción en el Gobierno de López Obrador, pues aunque se afirma que es la piedra angular de esta administración, la realidad es que durante el sexenio los organismos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se han visto disminuidos en su presupuesto, lo que desde luego limita e impacta su desempeño.
Un análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), encontró que el presupuesto proyectado para 2024 de las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción presenta una disminución real de 10% con respecto a 2018.
Para que los países puedan combatir la corrupción eficazmente, recuerda la institución, se necesita asignar recursos presupuestales a las instituciones públicas responsables de esta función.
Puntualiza que el SNA fue creado en 2015 y en su Comité Coordinador figuran: el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Además de la disminución del 10% desde 2018 en el presupuesto de las instituciones anticorrupción, el análisis realizado por el IMCO encontró lo siguiente:
1. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, ha enfrentado una disminución constante en su presupuesto desde 2018, lo que pone en riesgo la implementación de la Plataforma Digital Nacional, un instrumento de inteligencia crucial en la lucha anticorrupción.
2. La corrupción no se investiga hoy de forma efectiva, lo que se evidencia en altos niveles de impunidad de delitos por hechos de corrupción. Esto se relaciona con las limitaciones presupuestales de la FEMCC, que muestra en todo su historial de ejercicio presupuestal un subejercicio cercano al 50% y es la única institución del SNA cuyo presupuesto proyectado es menor en 2024 con respecto a 2023.
3. En 2024, la ASF será la institución con el mayor incremento presupuestal (10.2% anual), seguida del INAI (6.5% anual). Dentro de todo, el aumento presupuestal para el INAI es una buena noticia tras la reciente parálisis operativa del Pleno del Instituto que provocó un rezago en los recursos de revisión, los cuales son fundamentales para que la ciudadanía reclame la entrega oportuna de información pública.
Finalmente, el IMCO concluye que para reducir la corrupción en el país es indispensable que las instituciones encargadas de combatir este flagelo cuenten con los recursos presupuestales suficientes y coherentes.
Pero en honor a la verdad, más allá de los números presupuestales que presenta el IMCO y que son muy claros, sin estudiar el gasto ha sido evidente cómo el combate a la corrupción no es prioridad para el gobierno de la 4T.
Por ejemplo, desde el inicio del sexenio, quedó claro que no se tocaría ni con el pétalo de una rosa al expresidente Enrique Peña Nieto. Por otro lado, la detención de Emilio Lozoya realmente no condujo a nada y hasta parece que el ex director de Pemex ni siquiera deberá pagar por el daño patrimonial que presuntamente causó.
Por otro lado, las investigaciones de la caída de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, parecieran apuntar a que nadie es responsable de su mala construcción y el pésimo mantenimiento que recibió.
Tampoco el desfalco a Segalmex por 15 mil millones de pesos o la muerte de medio centenar de migrantes en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez o el sobrecosto del Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, parecen que vayan a tener consecuencias de cárcel para algún destacado integrante de la 4T.
Mucho menos tuvieron alguna repercusión los casos de los videos de los hermanos del presidente recibiendo sobres de dinero en efectivo para su campaña o el escándalo de la “casa gris” en Houston donde vivió su hijo José Ramón López Beltrán y la cual pertenecía a un directivo de una compañía contratista de Pemex.
Quizás por esto, es por lo que no sorprende la reducción del presupuesto al SNA, ya que parece quedar claro en los hechos y en el presupuesto, que el combate a la corrupción no es prioridad para el Gobierno de la Transformación y muy seguramente tampoco lo será para su nueva líder Claudia Sheinbaum.
Twitter: @gomezreyna
