La jueza Angélica Sánchez, detenida en junio por tráfico de influencias en Veracruz, quedará en libertad “sin condicionamiento alguno”, pues contaba con una suspensión provisional para evitar ser detenida, por lo que la Fiscalía del estado y la Policía Municipal cometieron desacato.
Asimismo, debido a que los delitos por los que se le acusa no ameritan prisión preventiva oficiosa, Sánchez Hernández podrá dejar la prisión domiciliaria, dice la sentencia.
La jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, Daniela María León Linarte, determinó que el juez que giró la orden de aprehensión contra Sánchez Hernández, la Fiscalía de Veracruz y la Policía Ministerial incurrieron en el desacato de la suspensión provisional en el juicio de amparo que promovió la jueza local para evitar ser detenida.
“La quejosa Angélica Sánchez Hernández no podía ser detenida materialmente, así como tampoco ser conducida ante la autoridad judicial que la reclamara por medio de la fuerza pública”, menciona el documento.
El juez de control en el penal de Pancho Viejo y la Policía Ministerial tienen un plazo máximo de 24 horas para que cumplan la suspensión y otorguen la libertad en favor de la jueza Angélica Sánchez, señalada por supuestamente haber ordenado, de forma irregular, la libertad del supuesto narcotraficante Itiel Palacios, alias ‘El Compa Playa’.
El pasado 21 de julio, el juzgado décimo quinto de Distrito concedió una suspensión definitiva a la jueza contra la vinculación a proceso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias por los que está acusada. Sin embargo, dicha suspensión definitiva no la liberaba de las investigaciones en su contra.
Angélica Sánchez fue detenida el 16 de junio en la Ciudad de México, días después, el 21 de junio, el juez de control del Distrito Judicial de Pacho Viejo, Roberto Santos Maldonado, determinó vincularla a proceso.
Por ello, la defensa presentó una impugnación contra la prisión preventiva que le fue impuesta y el 13 de julio el juez cambió la medida cautelar y la envió a resguardo domiciliario con una garantía de un millón de pesos.
Tras la decisión, la Defensoría Pública se pronunció porque esperaba que la jueza siguiera su proceso en libertad toda vez que, por unanimidad, un Tribunal Colegiado en materia penal determinó que la prisión preventiva justificada era una medida desproporcionada.
