Al lamentable episodio suscitado en días pasados en la Casona de Xicoténcatl, la antigua sede del Senado, donde se aprobaron ‘a mata caballo’ una veintena de reformas constitucionales y legales, se le comienza a denominar como la ‘Noche Negra‘.
Un evento vergonzoso en el cual los senadores de Morena y aliados sostuvieron una sesión de tiempo récord y sin oposición para aprobar con mayoría absoluta todas las iniciativas presentadas. Algo realmente inusual en un país democrático, un ejercicio digno de las dictaduras trasnochadas.
A raíz de la toma de tribuna en la sede del Senado por parte del bloque opositor, en virtud del incumplimiento del compromiso para nombrar al menos a un comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la bancada de la Cuarta Transformación optó por una sede alternativa para sesionar y, previa escala en Palacio Nacional para recibir porras y línea, caminaron a la vieja casona de Donceles para completar en cinco horas la aprobación de múltiples reformas constitucionales.
Entre lo aprobado hubo elementos positivos, como es el caso de la Ley 3 de 3, que limitará el acceso a cargos de elección popular o del servicio público para acusados de violencia doméstica y deudores de pensión alimenticia, o la iniciativa de fortalecimiento de los Centros de Justicia para Mujeres.
Sin embargo, fuera de esas honrosas excepciones, el resto de los asuntos votados dejaron de manifiesto el talante autoritario y destructor que encabeza el movimiento de la ‘transformación’.
Ya lo señalábamos en la entrega anterior, cuando hablábamos del desmantelamiento institucional como un hábito de la actual administración.
Una tendencia observable en acciones tan lamentables como la desaparición del Conacyt y sus becas a partir de la creación de una nueva ley de ciencias que, además, discrimina a estudiantes provenientes de universidades privadas en el acceso a las becas de posgrado, o en la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en el marco de una de las peores crisis para los productores de trigo, maíz y puerco, así como acuacultores y pescadores.
Acciones que además de autoritarias y perjudiciales dejan de lado problemáticas que verdaderamente afectan en los hechos a sectores como los recién mencionados. Pues no olvidemos que en lo particular del sector agropecuario hay pendientes mayúsculos como la indagación en torno a las acusaciones de desfalco por cerca de 15 mil millones de pesos en Segalmex, instrumento creado durante la presente administración y que en teoría se encargaría de atender los requerimientos en materia de seguridad alimentaria y apoyo a los productores.
Por otra parte, la ‘Noche Negra’ también reafirmó el enorme interés del gobierno en dotar de poder a las fuerzas armadas, lo cual puede apreciarse en la determinación de que además de administrar puertos, aeropuertos y aduanas, y hacerse cargo de labores como la construcción de sucursales del Banco del Bienestar, la operación de la Guardia Nacional y la construcción de Tren Maya, los militares operarán sin restricción alguna al Tren Maya y a una nueva línea aérea comercial que vendrá a reemplazar a las quebradas Aviacsa, Mexicana, Aerocalifornia, Aeromar y más recientemente Interjet.
Sin embargo, probablemente la cuestión más preocupante entre lo aprobado, mediante discusiones legislativas con un promedio de duración de diez minutos, fue la concerniente al tema de la salud.
Específicamente, me refiero a una pequeña sorpresa en las modificaciones al artículo 29 como parte de la nueva Ley General de Salud.
Pues mientras que dicho artículo establecía que el sistema de salud pública debería de garantizar la existencia permanente y disponibilidad de medicamentos y otros insumos para la población que lo requiera, ahora, tras la reforma de los senadores de Morena y aliados, se ha optado por eliminar del texto la frase “…y garantizarán su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera”.
Al analizarlo, no resulta descabellado pensar que semejante ajuste obedece a la intención del gobierno federal de eludir su responsabilidad de asegurar el abasto de medicamentos e insumos, como ya ha ocurrido a lo largo de todo el sexenio.
Ante todo, quizás la mejor forma de entender esta modificación a la ley sea como un componenete más de la estrategia del presidente para terminar de igualar la calidad del sistema de salud mexicano al de Dinamarca.
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