La paz social no es prioridad en esta administración estatal. Las niñas, niños, adolescentes y mujeres forman parte marginal de la agenda pública. Pese a que los objetivos del Desarrollo Sostenible, contemplados en la Agenda 2030, acordada a nivel mundial, se comprometen a no dejar a nadie atrás, lo que incluye a las mujeres, las minorías, los inmigrantes, los indígenas y las personas con discapacidades.
El acceso a la justicia es un uno de los elementos más importantes. En las sociedades pacifica, justas e inclusivas representa una condición indispensable para la igualdad sustantiva, entre hombres y mujeres, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Sin embargo, en México su incumplimiento ha dado lugar a movimientos, especialmente de mujeres que vienen exponiendo la disparidad persistente entre la promesa de justicia y la realidad existente, ya que las mujeres continúan enfrentando la discriminación con respecto a sus derechos.
Este estado de desigualdad de niñas, niños y mujeres en Sonora ha dado lugar a que la Observatoria Ciudadana Todas Mx-Sonora, que forman parte de un movimiento Nacional, las Constituyentes MX, hayan incluido en sus agendas, en favor de la defensa de los derechos humanos, la iniciativa Tres de Tres, que establece requisitos de elegibilidad para evitar que violentadores sexuales, familiares o deudores de pensiones alimenticia compitan para cargos de elección popular o por designación, en los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Se trata de una acción afirmativa que limpiaría la administración pública de violentadores, solapadores y encubridores para que las denuncias de las mujeres, hacia quienes son sus agresores y/o de sus hijas e hijos, sean atendidas y no almacenadas, sin darle curso.
El 24 de noviembre del 2022 el Congreso del Estado de Sonora, mediante el mecanismo de Iniciativa Popular que requirió se cubrieran los requisitos de la Ley de Participación Ciudadana, recabando más de 21 mil firmas, amparadas con datos de la credencial de elector de Sonora, recibió el paquete correspondiente de la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el 29 de noviembre del mismo año. La iniciativa del grupo de la Observatoria, si bien en un inicio planteaba que desde la denuncia se pudieran suspender los derechos políticos de quienes estaban acusados de algunos de los tipos de violencias mencionadas, en el proceso de discusión se encontró más viable la aceptación de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, teniendo como parámetro suspender los derechos civiles, la vinculación a proceso conforme a los que dispone el artículo 38 de la CPEUM y el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Sonora, que prevén que cualquier ciudadano (a) pierde sus derechos civiles si incurre en algún delito que prevea pena corporal. La postura de algunos miembros de la Comisión era que el parámetro a considerar fuera hasta dictada la sentencia firme.
Ambas posturas fueron expuestas en los tres parlamentos realizados -Cajeme, Nogales y Hermosillo-, teniendo como resultado la aceptación de que fuera a partir de la vinculación a proceso. Además de los representantes de la sociedad civil, académicos, abogados y abogadas que hicieron uso de la voz, también asumió esta postura la fiscal del estado Claudia Indira Contreras, la representante del Consejo Estatal Electoral, Alma Alonso, así como la representante de la Comisión de Derechos Humanos, entre otros representantes institucionales. A pesar de los foros, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, ni internamente, ni ante el pleno, expuso las conclusiones de los tres parlamentos, presentando únicamente la postura de la mayoría de los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales que es a la que le correspondió elaborar el dictamen ante el pleno, recomendando la adopción de la sentencia firme para aplicar la suspensión de derechos contraviniendo tanto el artículo 1, el 38 de la CPEUM y el 19 de la Constitución Política de Sonora, así como los tratados internacionales obligatorios para el Estado mexicano en materia de derechos humanos de niñas, niños y mujeres.
Es así que el pleno del Congreso del Estado, con votación mayoritaria, le da la espalda a las demandas de más de 20 colectivas agrupadas en la Observatoria Ciudadana Todas Mx, donde las mujeres legisladoras que llegaron al Congreso, mediante las cuotas electorales para ocupar un curul y gracias a los los movimientos de mujeres, traicionan al movimiento, salvo la diputada de la bancada de Movimiento Ciudadano y una legisladora del PAN. No solo traicionan a los movimientos por la igualdad, sino también exhiben su incongruencia, ya que la mayor parte de ellas firmó a favor de la Tres de Tres a partir de la denuncia, tal y como se contemplaba en los formatos de recolección de firmas. Desprecian, sobre todo, las más de 21 firmas ciudadanas que respaldaron la iniciativa, conforme a la demanda de la Observatoria Ciudadana todas MX-Sonora
Si bien se aprueba la Tres de Tres, ello no evitará la llegada de agresores al poder, porque toda ciudadana y ciudadano sabemos la dilación con la cual se puede llegar a concluir un juicio mediante sentencia firme. Los casos que hemos documentado tardan más de 8 años, tiempo suficiente para que un agresor concluya su período.
Lamentable contar con una legislatura, conformada en su mayoría por mujeres, insensible al dolor de las mujeres y niñas víctimas de la violencia. Así, México seguirá aumentando las brechas de desigualdad y difícilmente llegara al alcanzar el objetivo 5 de la Agenda 2030: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.
Amelia Iruretagoyena Quiroz. Dra. en Criminología y Delincuencia Juvenil. Especialista en Procesos de Dialogo y Mediación de Conflictos.
