Por Moisés Gómez Reyna
A unas horas de concluir el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores se percibe un sabor amargo en las conclusiones alcanzadas por el órgano, particularmente por la simulación montada por el grupo parlamentario de Morena y sus aliados en el marco de la discusión en torno al nombramiento de un nuevo comisionado para el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Y es que si bien, en un inicio la mayoría morenista abrió las puertas a la reactivación de las operaciones del órgano autónomo mediante la propuesta de designación de un nuevo comisionado, al concluir el proceso de votación se evidenció que la iniciativa no fue nada más que un ardid, en tanto fue precisamente la falta de votos de parte Morena lo que evitó que se alcanzara una solución a la problemática.
A raíz de este tipo de acciones, el cierre del periodo ordinario deja ver tres tendencias sumamente preocupantes. Primero, la destrucción y el grave desmantelamiento institucional de múltiples dependencias y entidades de la administración pública.
En segundo lugar, el progresivo debilitamiento de la capacidad productiva de las empresas privadas. Y por último, el fortalecimiento del ejército como práctica ya recurrente, principalmente a través de la asignación, vía plumazo, de un mayor número de actividades que originalmente estaban destinadas a ser realizadas por parte de civiles.
Estos rasgos distintivos del tipo de modificaciones constitucionales y legales impulsadas desde la Cámara de Diputados y tratadas de ratificar en el Senado por Morena y sus aliados, dejan en evidencia el interés por construir un régimen cada vez más autoritario.
El proyecto parte por el desmantelamiento institucional de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, focalizadas en sectores productivos y de desarrollo personal y económico.
En este sentido, encontramos las iniciativas de desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), del Sistema para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), del Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA), de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y de una docena más de organismos.
De manera adicional, en este rubro de desmantelamiento institucional se encuentra la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cual se faculta a la Secretaría de la Función Pública para contratar bienes y servicios, algo realmente contradictorio por tratarse precisamente de la dependencia que audita a los órganos de gobierno que hacen las adquisiciones.
Posteriormente, el debilitamiento de la capacidad productiva del sector privado puede verse reflejado en iniciativas de reforma como la referente a la Ley de Indemnizaciones relativas a contratos, con la cual el ejecutivo pretende desconocer los acuerdos internacionales en materia de expropiaciones e indemnizaciones por causa de utilidad pública.
También se le puede identificar en la serie de propuestas de modificaciones a leyes que impactan la actividad minera, en las afectaciones legales al sistema ferroviario, o en la reducción de la jornada laboral a 40 horas.
Finalmente, el creciente fortalecimiento del Ejército y la Armada puede apreciarse en su incorporación en actividades previamente civiles, tales como la administración del Tren Maya y del espacio aéreo. De igual forma, en este rubro es importante subrayar la formación de una nueva línea aérea militar.
Como corolario, podemos señalar un eje transversal a estas tres grandes áreas de destrucción, consistente en la absoluta falta de respeto a la Constitución Política y a los tratados internacionales.
Esto último resulta patente en las diversas conclusiones de buena parte de las iniciativas presentadas, en las cuales se expresa de manera soterrada que la ley se aplicará para los privados o para las personas, pero se deslizan consideraciones de excepción para el gobierno.
Asimismo, se trata de una tendencia observable en la falta de atención a los ordenamientos de los tratados internacionales, como se dio en el tema de la energía eléctrica y como ocurre actualmente en las reformas sobre indemnizaciones de contratos y a la Ley Minera.
Pero sobre todo, es algo que encontramos en la intención de incluir al catálogo de la prisión preventiva oficiosa los delitos de tráfico de especies de vida silvestre en peligro de extinción y de tráfico de armas, al tiempo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado la urgencia de eliminar de la Constitución dicha figura legal.
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