Columna Agenda Abierta
El pasado mes de septiembre, el Instituto Nacional Electoral contrató los servicios de la acreditada empresa encuestadora BGC para que levantara una encuesta cuyos resultados (publicados en octubre pero mediatizados hasta en días recientes), se han convertido en un verdadero balazo en el pie, de acuerdo con la perspectiva de diversos analistas políticos.
A grandes rasgos, la encuesta revela que temas que hasta ahora solo habían sido colocados en la agenda por parte del presidente López Obrador, cuentan con el respaldo de un porcentaje importante de la población consultada.
En concreto, la investigación arrojó datos tales como que el 93% de los encuestados están a favor de reducir los recursos para los partidos políticos, que el 51% consideran que la reforma en materia electoral es necesaria, que 87% están a favor de reducir el número de Senadores y Diputados y que 78% consideran adecuado el que sea la población misma la que elija a los consejeros y magistrados electorales.
Ante este hecho, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, argumentó que los resultados de la encuesta deben de tomarse como un reflejo de lo que pensaba la sociedad mexicana hace un par de meses, cuando según la misma investigación tan sólo el 27% de la población estaba informada sobre la propuesta de la reforma.
Lo cierto es que el planteamiento de la reforma electoral contiene algunas trampas de interpretación que es importante revisar.
En primer lugar, se ha manifestado públicamente que la reforma pretende eliminar a los candidatos que contiendan por el principio de representación proporcional, es decir a los “Plurinominales”.
Esto es absolutamente falso, pues de hecho la propuesta de reforma electoral propone que los que se desaparezcan sean los candidatos de Mayoría Relativa, preservando únicamente a los “Plurinominales”.
Una segunda propuesta controvertida es la de que la elección de Consejeros y de Magistrados Electorales se realice mediante voto popular el primer domingo del mes de agosto, estableciendo como origen para la postulación de candidatos a los Poderes de la Unión.
Con respecto a este último planteamiento, hay que subrayar que se trata de un enorme despropósito. Pues según lo propone el Ejecutivo Federal se realizaría una lista de 60 candidaturas, de las cuales 20 serán propuestas por él mismo, otras 20 por el Congreso (que también depende del Ejecutivo a través del Partido Morena) y otras 20 por el Poder Judicial, que en tiempos recientes se mostrado muy cercano al afecto presidencial.
Se trata, pues, de una lista de 60 candidatos que como vemos estaría conformada con un gran sesgo político para después ser sometida votación popular, de modo tal que quienes obtengan mayor votación serían quienes integren esas instituciones electorales.
En lo particular del TEPJF, la lista en cuestión estaría compuesta por 30 candidaturas que estarían propuestas de forma equitativa por cada uno de los Poderes de la Unión.
Con base en estas observaciones, es evidente que lo que se busca con estas modificaciones es controlar a las instituciones en cuestión, puesto que con su implementación el gobierno en turno estaría en condiciones de mantener bajo su control a la gran mayoría de las y los Consejeros y Magistrados.
En este sentido, lejos de alcanzar el supuesto propósito de evitar el fenómeno de las cuotas partidistas el fenómeno de la captura de las instituciones terminaría viéndose exacerbado.
Por otra parte, cabe recordar que de los 217 países que tienen órganos electorales similares al INE, en ninguno se designa a sus directivos mediante el voto popular.
Lo que la evidencia ha demostrado es que el mejor mecanismo para el nombramiento de este tipo de funcionarios es aquel en el que se consolida una participación y vigilancia puntual por parte de ciudadanos expertos, es decir, mediante Comités de Selección muy bien integrados.
Esa es la ruta que han tomado los países que tienen las mejores instituciones electorales; lo otro, es más bien un nuevo intento de debilitar a la autoridad electoral, a la oposición y a la democracia mexicana en general.
Lo han señalado expertos como el Dr. Marcos Pérez Esquer, quien advierte que son verdaderamente excepcionales los países en los que las y los jueces electorales (o de cualquier otro tipo) son nombrados por voto popular. En este sentido, refiere a manera de ejemplo el caso de Bolivia, en donde en 2011, con los mismos argumentos del presidente López Obrador, Evo Morales promovió una reforma constitucional que puso en marcha una elección popular para nombrar a las y los Magistrados de los más altos tribunales de país.
A la postre, el efecto en el país sudamericano fue tal que ya por el año 2016, el mandatario los tenía tan sometidos que los órganos jurisdiccionales llegaron al extremo de autorizarle una segunda reelección presidencial, aún y cuando la Constitución solo permitía una reelección. El argumento para justificar semejante decisión era absurdo; simplemente señalaron que si se le impedía volver a reelegirse se violarían sus derechos políticos y sus derechos humanos. Ese era el grado de captura del Poder Judicial.
Como puede verse, son muchos los elementos que deben revisarse por parte de un buen segmento de la población, pues al final no será con una encuesta que se determine si avanza o no la reforma electoral. ¿O si?
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
