Columna Agenda Abierta
El pasado miércoles fue enviado a la Cámara de Diputados un paquete de Iniciativas que pretenden derogar y modificar diversos ordenamientos, entre los que se encuentran la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Una de las sorpresas fue que este paquete de Iniciativas no fue presentado con el carácter de preferente por parte del Ejecutivo Federal, como se esperaba, sino que fue enviada de manera ordinaria para su discusión y eventual aprobación.
El tema, ampliamente discutido en otras entregas, responde a la intención fundamental de cambiar la adscirpción de la Guardia Nacional de la Secretaria de Seguridad Ciudadana a la Secretaria de la Defensa Nacional, bajo el argumento de que esta acción garantizará la consolidación de la estrategia de seguridad pública encabezda por el gobierno de la república.
Esta argumentación ha sido validada públicamente por diversos estudios demóscopicos basados en encuestas aplicadas dentro de diversos espacios geográficos del país. Lo cual, en principio, demuestra que la población en general considera que la participación de las fuerzas armadas en tareas de prevención y combate a la delincuencia efectivamente constituye una buena estrategia de seguridad.
Sin embargo, es importante detenernos en un par de asuntos de carácter relevante. En primer lugar, el hecho de que se trata de una propuesta evidentemente inconstitucional, ya que pese a que sostiene que la Guardia Nacional seguirá siendo una corporación policial adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana con el objetivo de garantizar su “mando civil”, establece también que la Secretaría de la Defensa Nacional será la instancia que tendrá el control operativo y administrativo de la misma.
Es decir, la propuesta es contradictoria en tanto la adscripción en cuestión implica justamente la posesión del control operativo y administrativo. Y si el control operativo lo tiene la Sedena, pues la adscripción es de ella y el mando es militar.
Pero más allá de la lógica y la semántica, el segundo elemento a considerar es que la propuesta realmente es innecesaria. Si lo que el Ejecutivo plantea con esta reforma es la posibilidad de contar con las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, ya lo puede hacer, pues está explícitamente contenido en el “permiso” que el constituyente permanente le dio en el decreto de reforma constitucional publicado el 26 de marzo de 2019.
Dicho ordenamiento establece, en el artículo quinto transitorio, que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. […]”
Diversos analistas consideran que lo que está fallando no es la adscripción de la Guardia Nacional, sino la estrategia de seguridad pública, o mejor dicho, la ausencia de una estrategia de seguridad. En particular, argumentan que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que fue enviada al senado adolece de los elementos fundamentales para considerarla como una verdadera estrategia.
Es un texto plagado de consideraciones políticas, carente de objetivos claros, indicadores, metodologías, presupuestos, calendarizaciones o algún indicador de impacto.
Las consideraciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos y diversos expertos en la materia han establecido, como lo hemos señalado con anterioridad, que el Ejecutivo debe cumplir con los mandatos de la Constitución General de la República. Esto implicaría tanto hacer un uso extraordinario, complementario, regulado, fiscalizado y subordinado de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, como consolidar a la Guardia Nacional como institución policial civil y promover el fortalecimiento de las corporaciones policiales estatales y municipales.
El desmantelamiento del FORTASEG, como un fondo dedicado en el pasado a la modernización, equipamiento y capacitación de las policias estatales y municipales debe retomarse, a efecto de contribuir al desarrollo de una estructura de seguridad pública en los ámbitos locales que complementada con la Guardia Nacional, garantice la reducción de los índices de inseguridad y el respeto a los derchos humanos.
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
