Columna Contra las Cuerdas
A seis meses del 2022, cerca de 75 mil servidores públicos de la federación no han presentado su declaración patrimonial y de intereses del año en curso en la modalidad de modificación, a pesar de que debieron haberlo hecho el mes pasado como fecha límite.
Mediante circulares internas ya se advirtió que quien no lo realice este mes se harán acreedores a amonestaciones o sanciones, según el caso, incluso serán objeto de investigación.
El artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que esta obligación debe cumplirse durante el mes de mayo de cada año con la finalidad de verificar su evolución y congruencia entre los ingresos y egresos. La declaración de modificación de sustitución patrimonial ahora incluye la declaración de posible conflicto de interés.
El tema debe cobrar relevancia en la administración federal por varias razones, la primera porque es la lucha contra la corrupción es la insignia del gobierno de la 4T y después de que quien debía luchar contra la corrupción al frente de la propia Función Pública: Irma Eréndira Sandoval presentó inconsistencias en su patrimonio al salir a la luz propiedades que no fueron declaradas de forma transparente.
La propia dependencia que encabezaba terminó recibiendo denuncias en su contra para someterse a una auditoría de evolución patrimonial. Finalmente, Sandoval se vio forzada a dejar el cargo, pues se estaba convirtiendo en una piedra en el zapato para la lucha contra la corrupción del presidente de la República.
Sin embargo, son reveladores los datos más actuales sobre el número de servidores que sí presentaron en tiempo su declaración patrimonial y de intereses 2022, pues se logró 1 millón 425 mil 436, lo que representa un nivel de cumplimiento de 93.7 por ciento, superando el número alcanzado en 2021 cuando se admitieron 1 millón 294 mil 117.
De las 294 dependencias registradas en DeclaraNet para transparentar los bienes de los empleados públicos, 200 lograron 100 por ciento y 82 lo hicieron con más de 90 por ciento.
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Con esos amigos
El diputado de Morena Octavio Rivero, de Milpa Alta, pidió derecho de réplica en este espacio tras haber asegurado que, junto con Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, de Gustavo Madero, se trasladaron a Durango para hacer operación política en favor de Marina Vitela, candidata a la gubernatura, finalmente derrotada.
La madrugada previa a la elección, Vitela, dijimos, fue captada pidiendo ayuda a la Marina para liberar a ambos presuntos operadores electorales, pillados en presunta compra de votos. A través de su representación de prensa, Rivero envió una carta. “Nunca fui detenido, ni tampoco acusado de ninguna irregularidad, únicamente acudimos al lugar en apoyo a los compañeros que estaban sufriendo un atropello”.
Asegura que un grupo de correligionarios suyos —no especificó cuántos— fueron detenidos de manera ilegal por la policía municipal de Lerdo y de la fiscalía de Durango, “al mismo tiempo que fue esposada una diputada federal solo por preguntar por qué y a dónde se los llevaban. Se levantaron también hechos falsos hacía mi persona”.
Hecho el intento de “aclaración” por parte de Rivero, quedaron más dudas en el aire y planteamos preguntas que no tuvieron respuesta hasta el cierre de esta columna: ¿Qué hacía el diputado en Durango? ¿Qué actividades le tocó desarrollar durante la madrugada previa y el día de elecciones? ¿Cuántos compañeros suyos fueron detenidos? ¿Por qué auspició el enfrentamiento de la Marina con municipales? ¿En qué consistió su operación en favor de Vitela?
El diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, de Gustavo Madero, no envió ninguna aclaración al respecto. Como sea, con esos amigos Vitela fue derrotada en las elecciones del domingo en Durango.
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Uppercut: Alito Moreno se aferra a la presidencia del PRI. Ya sin extremidades arrebatadas por Morena, por decir en sentido figurado la pérdida de 10 estados en 12 meses, aún grita que hay tiro para 2024.
