Se llama Antonio Molina Díaz. Fue exfuncionario de cárceles federales y tendrá que comparecer el próximo 18 de octubre de 2021 en el reclusorio Sur bajo la causa penal 45/2021. Aun así, se ha vuelto inamovible director general de Control y Verificación Migratoria en el Instituto Nacional de Migración (INM) a cargo de Francisco Garduño Yáñez.
La FGR le imputa, como exfuncionario del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), delitos por actos de corrupción por la firma de contratos con los cuales se concretó la construcción de ocho prisiones federales en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. El pago acordado fue de más de 270 mil millones de pesos.
El inculpado ingresó como director del OADPRS en tiempos de García Luna. Bajo uso de información privilegiada se ha podido mantener en la administración pública. Actualmente, es responsable de “operar” la política migratoria en el país con anuencia de los más altos mandos del gobierno.
Sería grave que en la 4T desconozcan el perfil de Molina, quien debería estar atendiendo la crisis severa de la migración, acompañada por otros fenómenos como inseguridad, pobreza, desigualdad social y enfermedades. En vez de estar buscando soluciones, el funcionario está más preocupado por su defensa y por sus manejos secretos en migración.
Hace tres años, en septiembre del 2018, cuando Garduño Yáñez llegó a dirigir el Órgano de Prevención y Readaptación Social sin el personal especializado para la encomienda, Molina Díaz aprovechó para infiltrarse en su equipo de confianza y para junio de 2019, cuando el presidente López Obrador nombró a Garduño comisionado del INM, éste lo hizo director General de Regulación y Archivo Migratorio y poco después lo ascendió a director General de Control y Verificación Migratoria, con un sueldo bruto de 132 mil 312 pesos.
Resulta extraño que a pesar de estar procesado y por su perfil represor, no se le haya separado del cargo, pues el 28 de enero de 2020, evidenció las primeras violaciones a derechos humanos al emitir el oficio INM/DGCVM/0118/2020, para suspender el ingreso de asociaciones civiles y religiosas a las estaciones migratorias que brindan apoyo humanitario a los migrantes.
Más que darle soluciones a los graves problemas que se reflejan todos los días en migración, la presencia de este funcionario ha enrarecido el ambiente dentro del instituto y han aumentado las violaciones por la falta de manejo táctico que requiere la política de atención a los indocumentados.
Sólo hay una explicación para entender por qué a pesar del proceso que tiene encima, continúa al frente al frente de la dirección migratoria: forma parte de un entramado bien armado con un círculo de amigos aquí y allá. En primer lugar, está firmemente respaldado por Garduño Yáñez y más arriba. Decíamos que sería muy grave no saber a quien tienen en casa, pero es mucho más grave saberlo y solaparlo.
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