Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- El defensor Marco Antonio Arcos Fuentes fue asesinado a balazos mientras comía en una taquería en la colonia Omiltemi, en Chilpancingo, Guerrero.
De acuerdo con los reportes, la ejecución del también comisario ejidal de Jaleaca de Catalán ocurrió a las 18:30 horas.
Arcos Fuentes arribó al lugar a bordo de su camioneta Nissan NP300 color gris. Ingresó al negocio. Ordenó. Cuando comía, sujetos armados ingresaron y le dispararon.
El defensor permaneció con vida unos minutos, sin embargo al arribo de personal de servicios médicos falleció.
Información de medios nacionales señala que en febrero pasado, Arcos Fuentes había denunciado que sujetos armados habían ingresado a la comunidad de Jaleaca de Catalán.
En aquella ocasión, solicitó apoyo a la Guarida Nacional para resguardar a los pobladores de la localidad.
Los defensores ambientales mexicanos padecieron en 2020 uno de sus años más violentos de la última década con 18 asesinatos, 65 ataques y un total de 90 agresiones, denunció este miércoles el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Las agresiones incluyeron ocho ataques vinculados con la oposición al Tren Maya, proyecto prioritario del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sureste mexicano, indicó el “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2020”.
La violencia de 2020 contrasta con las 39 agresiones registradas en 2019, de las que un tercio fueron homicidios, señaló el CEMDA.
El CEMDA reportó el mayor incremento de agresiones en los estados de Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.
Casi la mitad de las agresiones fueron contra defensores del sector forestal e inconformes con proyectos de vías de comunicación.
La agresión más frecuente, por segundo año consecutivo fue el homicidio, seguido por las amenazas, la intimidación, la criminalización, el hostigamiento, las lesiones físicas, la desaparición, el uso indebido de la fuerza pública, el robo, el desalojo forzoso, el secuestro, y el allanamiento.
Pero la organización también denunció la difamación y la estigmatización de parte de autoridades federales.
En el 40 por ciento de los casos el agresor registrado fue presuntamente un agente del Estado y en 4.6 por ciento fue alguna empresa privada, advirtió el documento.
La asociación criticó que el actual Gobierno ha dejado sin recursos al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y eliminó el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
