Un juez federal concedió la suspensión definitiva que frena la aplicación de todas las disposiciones de la reforma eléctrica, mientras se resuelve si concede o no el amparo.
Los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por dos empresas que realizan actividades reguladas en el sector eléctrico, debe tener efectos generales, señaló.
Explicó que otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para las quejosas, no solo estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en la industria eléctrica, afectando la competencia y el desarrollo del sector.
“Es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar, esto es, la violación al artículo 28 Constitucional”, explicó el juez.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que si los jueces dicen que la Ley Eléctrica contraviene a la Constitución, él presentará una iniciativa de reforma constitucional para que el tema pueda avanzar.
El presidente insistió en que su reforma eléctrica es para beneficiar la economía del país y que este tipo de recursos legales son impulsados por empresarios y adversarios políticos que se vieron beneficiados con la privatización de la energía.
La polémica por la reforma
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo.
Fue el 11 de marzo que un juez federal en materia de competencia otorgó una suspensión de todos los efectos de la reforma. Con la suspensión se permitió detener, provisionalmente, los efectos de la Ley hasta que se resolviera de fondo si lo establecido en ella contraviene a la Constitución.
La respuesta de Andrés Manuel López Obrador fue pedirle al Poder Judicial de la Federación que revisara el trabajo del juez Juan Pablo Gómez Fierro.
A su vez, envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para que se determinará e informará si al juez le correspondía otorgar o no el amparo.
Poco después, el ministro le contestó que su queja sería remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal “para que, de existir elementos para ellos, se abra la investigación que en su caso procediera”.
El pasado 16 de marzo, el mismo juez concedió tres nuevas suspensiones provisionales en contra de la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica. Las empresas que solicitaron el recurso legal fueron Eólica de Oaxaca y Eólica de Tamaulipas.
Los legisladores de Morena han defendido la reforma eléctrica propuesta por el presidente argumentando que busca fomentar un mercado de competencia igualitaria, que “reconozca la generación de energía eléctrica a partir de energías limpias para todos los generadores y bajo condiciones equitativas”.
La reforma es una de las prioridades del gobierno para este 2021 y busca “fortalecer” a la Comisión Federal de Energía (CFE), así como “poner orden” en el sistema eléctrico nacional, para evitar abusos a favor de empresas particulares que también están en el mercado eléctrico nacional.
